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Buscan penas de hasta 40 años para académicos denunciados por Conacyt
El caso de la Fiscalía se sostiene en 39 datos de prueba, siendo el punto de partida y columna vertebral de la indagatoria la denuncia de la actual administración del Conacyt
Por Animal Politico @Pajaropolitico
23 de septiembre, 2021
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Alberto Pradilla y Arturo Ángel

La Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos público. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

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El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.

Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.

Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

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Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.

La premisa de la FGR, construida a partir de la denuncia de la actual administración del Conacyt y complementada con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley de Ciencia y Tecnología no justificaba la constitución de una asociación privada para financiar los proyectos de investigación, sino solo la puesta en marcha de un órgano colegiado que debió funcionar siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, considera que todo lo desarrollado por esta asociación se convierte en una operación criminal y las pruebas que esgrime son sus actas, nombramientos y peticiones de presupuesto.

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*Foto de portada: Google Maps 

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