Esteban Montaño

Con la mano que tiene sana, Sonia empuja la puerta de vidrio de la oficina de atención al migrante. Luego ingresa cojeando y le dice al primer funcionario que se encuentra que necesita llamar a Estados Unidos. Este le señala un teléfono libre y le indica el código que tiene que marcar para que la llamada funcione. Ella cojea hasta el escritorio donde reposa el aparato y agarra la bocina temblando. Se la pone en la mano que tiene resentida, y con la otra empieza a teclear los números que tiene anotados en su celular. Uno, dos intentos… Atienden la llamada y una vez más suena la misma frase: —Noo, yo no me quiero devolver a Guatemala, necesito que mirés cómo me podés ayudar…—

Es viernes de finales de agosto de 2021. Sonia acaba de ser expulsada de Estados Unidos a través del puente internacional que atraviesa el Río Bravo para unir a Hidalgo, Texas, con Reynosa, una caliente y peligrosa ciudad del noreste de México. Frente a la oficina donde Sonia pide auxilio, y apenas a unos 100 metros del paso fronterizo, está la Plaza de la República: un lugar que en los últimos meses se ha convertido en un símbolo potente del fracaso de las políticas restrictivas que no disuaden la migración, y en cambio la convierten en una tragedia humanitaria.

La Plaza de la República es un campamento al aire libre en el que más de 2 mil personas, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, sobreviven en condiciones deplorables tras ser expulsados de Estados Unidos por cuenta del Título 42. Esta norma, establecida durante el gobierno Trump y mantenida por el actual gobierno de Biden, faculta a las autoridades de ese país a usar un supuesto riesgo de sanidad pública como argumento para negarles la protección que requieren. Aquí, personas de todos tipo, sanas y enfermas, con compañía o sin ella, permanecen hacinados indefinidamente en carpas de campaña expuestos a un calor inclemente que, por estas fechas, puede alcanzar los 40 grados centígrados (104 F).

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En este lugar hay apenas 18 sanitarios públicos disponibles, o sea uno por cada 110 personas, aproximadamente. Quien quiera bañarse o lavar la ropa debe pagar 10 pesos mexicanos (medio dólar) para usar las duchas y los fregaderos por máximo 10 minutos. En este campamento la privacidad es apenas un buen recuerdo, la sana distancia -tan urgente en medio de una pandemia- es una quimera y la sombra de los árboles para resguardarse del calor es un privilegio por el que hay que estar dispuesto a madrugar para llegar antes que los demás.
“Y todo estaría mucho peor si no fuera por la sociedad civil que ha provisto agua potable, sanitarios, ropa, alimentos, colchonetas, carpas, medicina y consultas médicas; tratando de aliviar el sufrimiento de estas personas”, explica Anayeli Flores, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que brinda asistencia a la población atrapada en este campamento.

Foto: Esteban Montaño | MSF

Flores recuerda que el campamento comenzó a formarse en marzo, cuando el ritmo de las expulsiones de personas migrantes desde Estados Unidos, a través del Título 42, superó la capacidad de los únicos dos albergues para migrantes que existen en la ciudad para recibirlas. Como para la mayoría de ellas devolverse a su país de origen no es una opción ya que su vida, integridad y libertad corren peligro; optaron por quedarse en este parque a la espera de que se abriera un cupo en alguno de los albergues o, mejor aún, que se suspendieran las expulsiones y se les brindara la oportunidad de presentar su caso en territorio estadounidense, buscando el asilo que tanto anhelan.

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Sin embargo, la situación se agudiza cada vez más. En los últimos días, la Corte Suprema de Estados Unidos le ordena al gobierno que restablezca de inmediato el Protocolo de Protección Migrante, conocido como “Quédate en México”, que exige a los y las solicitantes de asilo que permanezcan en territorio mexicano mientras se definen sus procesos legales en ese país. En su decisión, el máximo órgano judicial estadounidense omitió el impacto catastrófico que esta política tuvo sobre más de 70.000 personas migrantes que fueron expulsados bajo este protocolo a ciudades fronterizas mexicanas, obligados a esperar pésimas condiciones de vida y expuestos a las redes criminales que dominan esas regiones.

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*Foto de portada: Esteban Montaño | MSF