La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la criminalización del aborto en Coahuila.

La decisión se dio por unanimidad del Pleno, que criticó las medidas impuestas en el Código Penal de Coahuila en 2017, los cuales imponían prisión a las mujeres y personas gestantes por decidir abortar de manera voluntaria y decidir por su cuerpo.

La Suprema Corte analizó y discutió la inconstitucionalidad de normas contenidas en el Decreto 990 por el que se expidió el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Las normas impugnadas establecen que “comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” (artículo 195, Aborto para efectos penales); y que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella” (Artículo 196, Aborto autoprocurado o consentido).

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La Corte decidió que las imposiciones son inconstitucionales, pues priva a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpos y acceder a los servicios públicos de salud.

Cada una de las ministras y ministros señalaron que “el derecho a decidir funge como instrumento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, de manera que le permite a la mujer, en relación con la posibilidad de ser madre, elegir quien quiere ser, pues no puede perderse de vista que, desde esta apreciación, se reconoce que en la maternidad subyace la noción de voluntad, de deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta“.

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*Foto de portada: SCJN