Victoria Rossi / El Paso Matters y Verónica Martínez/ La Verdad
El latido de corazón le causó pesadillas a Ana durante años. Miró fijamente al sonograma de su feto de nueve semanas mientras una mujer, empleada de la clínica Hill Top Women’s Reproductive Clinic que llevaba vestimenta de médico y no se presentó por su nombre, describió la imagen en la pantalla frente a ellas.
Momentos antes, la mujer había explicado que la ley estatal de Texas requería que hiciera esta narración. Si Ana quería el aborto, dijo la mujer, no podía quitar la vista de la pantalla.
Era el año 2015 y Ana acababa de empezar la escuela de odontología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Con 19 años de edad, sabía que no estaba preparada para ser mamá. Sin embargo, a pesar de confiar en que la decisión tomada era la correcta, sus secuelas duraron años.
“Este es el rostro de tu bebé”, recuerda Ana que le dijo la mujer. “Este es el tamaño de tu bebé”.
De repente, sin previo aviso, la mujer subió el volumen y se oyó pulsante por la sala el latido de corazón. “Tengo que ir por algo”, dijo la mujer, y dejó a Ana sola en la oscuridad con aquel sonido.
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El sonido, se imaginaba, habría convencido a algunas a continuar con su embarazo. “A mí no me convenció”, dijo. “Pero te digo que sí me afectó. Se quedó dentro de mí durante mucho tiempo”.
Lo que le ocurrió después fue una “terrible depresión”, explicó. Se quedó encerrada en casa durante dos semanas. Cuando no tenía de pesadillas, tampoco dormía. “Durante mucho tiempo me sentí muy sola. Durante mucho tiempo, me sentí muy aislada. Durante mucho tiempo, sentí que había hecho algo malo”, contó.
El estado de Texas continúa limitando el acceso a servicios de aborto a través de legislación que les impone reglamentos estrictos a los establecimientos de servicios de abortos. Entre estos está la ley del 2011 que requiere que las clínicas hagan audible cualquier actividad cardíaca y que muestren imágenes del sonograma, con una descripción oral de los resultados, antes de realizar un aborto. Contrario a lo declarado por la mujer, la American Civil Liberties Union asevera que las pacientes pueden optar por no mirar las imágenes del sonograma y no escuchar el audio.
Y, a principios de este año, la legislatura de Texas promulgó una ley que prohíbe el aborto tan pronto se detecte actividad cardíaca en un embrión –lo cual puede ocurrir tan pronto como a las seis semanas de concepción. Bajo esta nueva ley, que entra en vigencia el primero de septiembre, Ana no habría podido tener ningún aborto.
En la mayoría de los estados de México, incluyendo Chihuahua, es un delito interrumpir un embarazo, salvo bajo circunstancias extremas como casos de violencia sexual, si está en peligro la vida de la mujer, si la mujer ha sido inseminada a la fuerza, o si el aborto fue por accidente.
Un estudio del Consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) concluyó que la criminalización y la prohibición del aborto refuerza e intensifica los sentimientos de vergüenza y de culpa para las que se someten al procedimiento. La criminalización del aborto en Chihuahua, junto con las restricciones al acceso en Texas, han puesto en primera plana las discusiones sobre la trauma física y mental que pueden sufrir las mujeres después del procedimiento.
Elia Orrantia, directora de Sin Violencia, una organización en Ciudad Juárez que asiste a las que sobreviven la violencia familiar y sexual, dijo que incluso en un contexto legal, tener un aborto puede causar efectos psicológicos. Sin embargo, notó, “no es el procedimiento de por sí, sino que es el estigma social y el estrés por la criminalización de la interrupción de un embarazo”.
Eva Moya, profesora asociada del College of Health Sciences en la Universidad de Texas en El Paso, dijo que hacer cualquier investigación referente al aborto y el acceso a servicios reproductivos es un reto porque el estigma impide que las personas hablen del tema.
Moya dijo que la estigmatización con frecuencia lleva a la discriminación contra las que buscan abortos, en particular entre las personas marginales. Esto se vincula con los obstáculos que impiden el acceso a servicios reproductivos seguros, incluyendo los anticonceptivos, información precisa referente a la educación sexual y medicamentos.
“El estigma siempre impedirá o supondrá un obstáculo para el acceso”, dijo. “Pondrá en tela de juicio las formas en que podemos educar a otras personas referente a temas de salud”.
Sophie estaba convencida que haría cualquier cosa por prevenir que sus padres se enteraran que estaba embarazada. Sabía del misoprostol, un medicamento para úlceras que también se usa para interrumpir medicamente un embarazo. Pero en el 2013, cuando quedó embarazada, dijo que la información sobre cómo tomar el medicamento era escasa.
Leyó en línea que el té de orégano era un remedio casero, pero aprendió más tarde que los tés herbales podrían causar daños a los riñones y al hígado al ingerirse en dosis altas. Quería un aborto, pero no quería morir en el proceso.
Decidió contárselo a su mamá, quien le preguntó qué quería hacer: ¿tener el bebé? ¿Darlo en adopción? ¿Tener un aborto? “Yo no sé”, respondió Sophie, entonces de 17 años. “Pero no quiero ser mamá”.
Esa misma semana, la juarense cruzó la frontera a El Paso para tener el aborto, sobre el cual conocían solo ella y sus padres.
Para pagar el procedimiento en la clínica Hill Top Women’s Reproductive Clinic, la familia recurrió al fondo de ahorro destinado a sus estudios universitarios. Unos meses antes, Sophie había recibido la noticia por email que le había aceptado una universidad en Houston con una beca parcial.
El procedimiento costó 400 dólares (unos 8 mil pesos) , más de la mitad de lo que la familia había comenzado a ahorrar para darle a Sophie para ir a la universidad. Sophie terminó su embarazo para seguir sus sueños, pero aun después del aborto no asistió a su universidad predilecta.
“Ni siquiera era tanto por el dinero”, contó Sophie. “Era por todo lo que ocurrió alrededor de la situación. Me afectó mucho la manera en que fueron ocurriendo las cosas. Todo se me vino abajo”.
Nadia Meza, una de las fundadoras de Juárez Feminista, un grupo activista en Ciudad Juárez que aboga contra la penalización del aborto, dijo que se necesita mostrar que el aborto no es una ocurrencia rara, y que limitar el acceso a la información perjudica la salud de las mujeres.
“Algo que nos enseñan desde chiquitas es que es pecado tener un aborto”, dijo Meza. “Es el mayor estigma que hay que hace que las mujeres sientan miedo de buscar la información que necesitan”.
Para Sophie, el mayor obstáculo contra su recuperación fue mantener su aborto en secreto.
“Me parece que, si hubiera podido hacerlo abiertamente y sin secretos, habría sido muy diferente”, opina.
Más que nada, se sintió avergonzada. Cuando les dijo a sus amigas que estaba embarazada, le aconsejaron no tener un aborto porque esa decisión “haría que terminara en el infierno”.
“Decidí mejor no decir nada”, dijo Sophie. “¿Por qué no cerraste las piernas? ¿Por qué no usaste condón? De pendeja no me iban a bajar.”
Para evitar que la juzgaran, Sophie les dijo a las amigas que había perdido el bebé. Le tomó más de dos años poder hablar de su aborto.
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*Foto de portada: Ana en un parque en El Paso, mientras su hijo de tres años juega cerca. Ella ha tenido dos abortos, ahora apoya a otras mujeres como acompañante / Foto: Corrie Boudreaux | El Paso Matters