En medio de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, a finales de julio sus habitantes se estremecieron con la noticia de que una adolescente de 13 años murió desangrada tras dar a luz. El deceso ocurrió en la unidad de salud de Laguna de Perlas -municipio ubicado a casi 400 kilómetros de la capital y perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur-. La adolescente vivía en La Quinta, un recóndito caserío rural de la comunidad Pueblo Nuevo; para llegar hasta ahí desde la capital se hacen unas seis horas en vehículo, luego otras dos en lancha y finalmente un último trecho de una hora a caballo.

La madre de la menor -que ahora cuida a su nieta recién nacida- y representantes de algunas organizaciones consideran que esta muerte se pudo evitar, como se ha hecho en otras ocasiones, ya que lamentablemente el embarazo adolescente es común en la zona. Es que alguna Organización No Gubernamental (ONG) o incluso el Ministerio de Salud (Minsa) podría haberse encargado de brindar una atención especializada durante todo el embarazo y el parto. Especialmente, trasladarla con anticipación a una Casa Materna como lo hacen las autoridades con embarazadas que viven lejos de los centros de atención. Las casas maternas son albergues y antes de la crisis de 2018 funcionaban en conjunto con las ONG, gobiernos locales y sistema de salud.

También puedes leer: En Nicaragua detienen a otro candidato a la presidencia; presidente busca reelección

Para Perla Wilson, dirigente feminista de Bluefields “lo que paso con la niña en Laguna de Perlas” demuestra el retroceso que está enfrentado el proceso de formación en los adolescentes producto del cierre de muchas ONG que trabajaban con ellos. Considera que si se quería “controlar más a las ONG” se debieron establecer alianzas para mantener los programas bajo supervisión estatal.

Médicos y activistas van más allá y consideran que incluso el embarazo debió prevenirse, ya que la víctima era casi una niña y su cuerpo no estaba listo para enfrentar un parto. Eso sin mencionar que, de acuerdo a la ley el embarazo, fue producto de una violación. Muchas de las ONG que han sido obligadas a cerrar por el Gobierno sandinista durante la escalada represiva de los últimos tres años se enfocaban en la capacitación y prevención sanitaria. Por tanto, si antes era poco el trabajo que se hacía para prevenir el embarazo adolescente -del que Nicaragua tiene las tasas más altas de la región-, ahora es casi nada

Oficinas del Cenidh. / Foto: connectas.org

Entre diciembre del 2018 y el 16 de agosto de este año, 40 ONG han sido despojadas de su personería jurídica por el régimen Ortega-Murillo, y antes que concluya el mes otras 15 se sumarán a esta lista, ya que el proyecto de anulación de sus personerías ya está en la Asamblea Nacional. Tras la suspensión de su estatus legal, los bienes y activos de estas organizaciones son confiscados.

De las 40 que hasta el 16 de agosto habían sido despojadas de su personería, 34 son nicaragüenses y las otras seis extranjeras. Nueve la perdieron en diciembre de 2018; una en junio de 2020; 24 en julio de 2021; y seis más el 16 de agosto de este año. Estas últimas son extrajeras y otorgaban apoyo financiero y técnico a las organizaciones locales. Del total, al menos 16 desarrollaban su trabajo en el campo de la salud; y de las seis extranjeras, la mitad tenía su foco de interés en zonas vulnerables de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.

También puedes leer: La otra persecución a los opositores en Nicaragua

Lamentablemente, en Nicaragua no es pública la cantidad de ONG que trabajan temas de salud; tampoco se conoce cuántas existen en total. Todos los gobiernos han mantenido oculto ese dato, que según estudios realizados por las mismas organizaciones podría superar las cuatro mil, con la salvedad de que en ellas se incluye a las iglesias evangélicas, asociaciones benéficas y otras organizaciones sin fines de lucro. El estudio Mapeo y Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Nicaragua detalla que desde su surgimiento en los años ochenta hasta el 2005, se habían otorgado más de tres mil personerías jurídicas.

Lo único que se sabe es que a inicios de los años noventa fue el boom de ellas; después de que Ortega perdió las elecciones, muchos cuadros de su partido encontraron en las ONG un terreno fértil para continuar su labor solidaria; otros simplemente desarrollaron en ellas un nuevo modo de vida.

Oficinas del leepp. / Foto: connectas.org

El argumento oficial usado en 2018 para hacer desaparecer a las primeras nueve, fue que “desarrollaban actividades distintas a sus fines y objetivos” y que “recibieron, canalizaron y facilitaron fondos para actos terroristas y adiestraron a grupos para realizar acciones para desestabilizar el país”. Públicamente, Ortega y Murillo las acusaron de promover el supuesto golpe de Estado de abril de ese año, algo que organismos internacionales de derechos humanos adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguran que no ocurrió, sino una escalada represiva contra manifestantes pacíficos en la que incluso se cometieron crímenes de lesa humanidad.

A las que se les anuló la personaría en 2018 son: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia (HD), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Fundación del Río (FdR), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) y Fundación Popol Na y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).

“El Gobierno ignoró y minimizó la covid-19”

El epidemiólogo Leonel Argüello trabajó en el Minsa durante los años ‘80 y posteriormente fundó el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS); también es un reconocido disidente sandinista. Ante la ausencia de una política oficial para enfrentar la pandemia de la covid-19, junto a otros médicos lideró el manejo ante la población nicaragüense; y además eran fuente de información de los medios independientes que enfrentan la censura estatal.

En 2020, en plena pandemia el gobierno de Ortega le quitó la personería jurídica a la Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodhermu), que apoyaba proyectos sociales en Camoapa, Chontales. Al momento de desaparecer, esa organización desarrollaba una campaña municipal para frenar la propagación de la covid-19.

También puedes leer:  La negligencia de Daniel Ortega propaga COVID-19 en Nicaragua

Su objetivo principal es garantizar la capacitación y actualización académica de sus agremiados, así como la participación de médicos locales en foros, congresos y otras actividades que se realizan a nivel internacional y a la que muchos no tienen acceso de forma individual. Por tanto, su cierre afecta a toda la población, sobre todo a los enfermos que necesitan que los médicos se actualicen permanentemente en técnicas y nuevos tratamientos para combatir las enfermedades.

Cooperación oficial externa versus presupuesto de salud. / Fuente: connectas.org

Para Argüello, es un gran error impedir la colaboración de las organizaciones en el área de la salud, ya que por muy buenos que sean los sistemas públicos siempre necesitan del aporte de éstas porque su capacidad es limitada. En algunas zonas el trabajo de estas organizaciones complementa el del sistema público de salud, pero en otras lo suplanta porque no existe servicio público.

Incluso en muchas ocasiones hacen un trabajo de mejor calidad que el sistema de salud estatal porque permanecen en el lugar, tienen contacto directo con la población, conocen a fondo su problemática, inciden para modificar prácticas dañinas y pueden monitorear constantemente. Otro aspecto importante es que el abordaje que realizan las ONG es integral y constante mientras duran los proyectos; en cambio, una brigada médica los visita ocasionalmente.

También puedes leer: Medios, organizaciones y periodistas en México y AL exigen detener las violaciones a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua

Argüello atribuye la guerra del régimen Ortega-Murillo contra las ONG al prestigio y apoyo que han conseguido, gracias a los resultados del trabajo que realizan porque buscan soluciones integrales a los problemas. Por ejemplo, en las comunidades rurales el mejoramiento de los caminos de acceso, el uso de semillas de calidad o el almacenamiento adecuado de las cosechas, aunque no son temas relacionados con la salud, le garantizan a la gente una alimentación adecuada que propicia que se mantengan saludables.

“El gobierno ignoró y minimizó la covid-19 a pesar de que tiene capacidad para atender la situación –señala Argüello-. Lo que hizo fue ver la pandemia como un asunto político y no les gusta que haya otra voz diciendo lo que está pasando.

Continuar leyendo en Connectas

*Foto de portada: connectas.org