En la imagen, el ex preso político y militar retirado Tomás Maldonado, sale frente a su casa marcada con la palabra “PLOMO”. En los años ochenta, esa palabra correspondía a las iniciales “Patria Libre o Morir”, hoy se asume como una amenaza de muerte. Foto: Stereo Romance

Equipo Stereo Romance | CONNECTAS

El abogado Noel Valdez Rodríguez, de 50 años, acudió a la Policía de Nicaragua a gestionar su licencia de conducir en septiembre pasado. Cuando le entregaron el documento, en la delegación de Matagalpa, él leyó en el mismo que, debajo sus datos personales y la categoría de conducir, las autoridades escribieron una leyenda que lo describió como “…detenido y esperando ser procesado… caso de los tranques”.

La referencia en el documento oficial señaló a Valdez como uno de los opositores que levantaron trincheras contra el gobierno en las protestas que iniciaron en abril del año pasado. A esas barricadas levantadas con adoquines el gobierno las llamó los tranques de la muerte, porque de ese modo responsabilizó a los manifestantes de la violencia en el país. El abogado fue uno de los presos políticos liberados en junio pasado por la justicia de Nicaragua tras la presión internacional ejercida contra el gobierno de Daniel Ortega. Pertenece al partido opositor Ciudadanos por la Libertad y estuvo diez meses preso por participar en las manifestaciones en su natal Matagalpa, ubicada a 130 kilómetros al norte de la capital del país centroamericano, donde miles de opositores protestaron inconformes con una reforma a la seguridad social y luego reaccionaron ante la represión con la que el ejecutivo respondió a los cuestionamientos de la población. Más de un mes después de la entrega de su licencia, el jurista lamenta que el Estado lo expone a agresiones de fanáticos del partido u oficiales identificados con el gobierno.

Varios  opositores a Daniel Ortega dicen ser víctimas de seguimientos y vigilancia policial, lo que les impide manifestarse en las calles y seguir adelante en sus vidas, sobre todo en el caso de los excarcelados. Los testimonios de diez ex presos políticos, consultados para esta investigación periodística, realizada por Stereo Romance en alianza con CONNECTAS, demuestran un patrón de comportamiento por parte de las autoridades contra los denunciantes, expresado en la vigilancia policial selectiva en las afueras de las casas de estos opositores o agresiones verbales de simpatizantes sandinistas en los barrios de donde son originarios. La Comisión Permanente  de Derechos Humanos, un organismo que lleva un registro sobre las denuncias por abusos  del gobierno, confirmó que han recibido al menos 63 casos de ex prisioneros opositores,en un contexto adverso para la crítica, donde las manifestaciones opositoras quedaron prohibidas desde septiembre del año pasado.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, entidad que le ha dado seguimiento a la situación nicaragüense desde abril del año pasado, el país vive en un “contexto persistente de persecución, amenazas y violaciones al debido proceso” que alcanza  a manifestantes, periodistas y medios de comunicación. En un mensaje en Twitter, publicado el 27 de septiembre pasado, la CIDH urgió al gobierno a que evite ese hostigamiento. Hasta ahora la posición del ejecutivo, divulgada en distintos foros internacionales, ha sido que fueron víctimas de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, tanto la CIDH como Naciones Unidas no han encontrado elementos de prueba para estas afirmaciones y, en sentido contrario, han denunciado el uso excesivo de la fuerza contra los opositores, lo que ha provocado al menos 328 asesinatos y más de dos mil heridos desde abril de 2018.

En las denuncias de la CPDH se puede leer que, según los opositores, son objetos del asedio oficialista, el cual documentaron a través de videos, fotografías, mensajes de texto enviados a sus celulares e imágenes de manchas en las paredes de sus casas, en las cuales les escriben la palabra “plomo” para intimidarlos, aunque en otros casos se las han tatuado a mujeres, así como la palabra FSLN a un menor de edad en agosto del año pasado. El equipo de Stereo Romance, en alianza con CONNECTAS,  solicitó una entrevista a la Policía Nacional a través de dos cartas, para abordar estas denuncias. Una de ellas fue enviada en agosto y la otra en octubre de este año. Sin embargo, no hubo respuesta a las mismas.

Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, destacó que, entre los 63 casos mencionados, hay seis denuncias por mala atención y negación de atención médica en los hospitales contra los ex presos políticos. Esto trae a la memoria colectiva el caso del niño Álvaro Conrado, quien murió porque en un hospital público le negaron la atención  médica el año pasado, después que fue herido en el cuello por un francotirador en Managua. Cinco meses después de las últimas excarcelaciones, la CPDH tuvo conocimiento también de diez casos de personas que fueron recapturadas y tres ex presos que aseguraron que han sobrevivido “a intentos de asesinatos”, pero no dio más detalles de los supuestos ataques.

Durante la elaboración de esta investigación, el ex preso político Francisco Hernández, por ejemplo, aseguró  a Stereo Romance que temía ser detenido si decidía ir a la Policía a hacer gestiones. Su esposa reportó a los organismos de derechos humanos su detención.

Pablo Cuevas, otro miembro del área legal del organismo de derechos humanos, sostiene que los opositores están siendo asediados e intimidados. “Son vigilados primero por las estructuras del partido. Hay otro tipo de vigilancia de los motorizados, que son policías de civiles. A veces llegan patrullas descaradamente”, lamenta el abogado.

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*Foto de portada: Stereo Romance