Indira Suero Acosta

En la noche del lunes 21 de junio de 2021, un enorme operativo llegó en patrullas y motocicletas a la casa de Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más reconocidos de Nicaragua. En su cuenta de Twitter resumió sus sentimientos: a pesar de todo, “nunca podrán confiscar el periodismo. No pueden matar las ideas, ni las voces del periodismo independiente”.

Esa misma noche, tres vehículos permanecieron vigilantes fuera del hogar de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, hasta las 6 de la mañana del otro día. Lo mismo pasó en los hogares de otras y otros familiares y empleados. Carlos Fernando Chamorro salió del país “para resguardar su libertad”.

Un allanamiento como este no es nada nuevo para él, pero nunca había sido algo tan personal. Al fin y al cabo, en 2018 Daniel Ortega ordenó allanar su medio digital  Confidencial. Algo que se repitió en 2021, cuando la Policía ocupó de nuevo esa redacción y la del programa en televisión digital Esta Semana.

Desde hace un par de semanas, las autoridades judiciales de Nicaragua, que no son independientes del gobierno de Daniel Ortega, comenzaron una ofensiva de entrevistas, restricciones migratorias, señalamientos y vinculaciones de periodistas y medios a investigaciones por supuestamente lavar dinero o conspirar con gobiernos extranjeros. Pero no han aportado pruebas ni detalles concretos, ni han hecho una acusación formal. De ahí que el hecho se enmarque dentro de un patrón de intolerancia que, al estilo imperante en Cuba desde hace décadas, se abre paso en América Latina. Como si las y los periodistas fueran una piedra en el zapato de gobernantes e instituciones estatales a quienes les incomoda la democracia.

Y no hay nada que moleste más que una piedra en el zapato.

De formas más o menos sutiles, en países como Nicaragua, El Salvador, México y Venezuela instituciones estatales mantienen presión sobre los medios, en especial desde el Poder Ejecutivo. En todos se repite el mismo discurso: la prensa independiente es enemiga del pueblo.

También puedes leer: Los nuevos de la clase: los prejuicios también afectan a menores migrantes

Por ejemplo en Nicaragua, según reseñó el New York Times, las autoridades vincularon a 13 medios en una investigación criminal enfocada en las y los líderes de la oposición por presunto “lavado de dinero, traición y conspiración sediciosa”.  El gobierno nicaragüense ya había impedido al corresponsal del diario norteamericano la entrada al país.

Según el orteguismo, la investigación se mantiene debido a que “se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y figuras de la oposición financiados por Estados Unidos”.

El pretexto de la injerencia de otros gobiernos se replica en México, donde Andrés Manuel López Obrador ocupa la presidencia desde 2018. En esa nación, la prensa también sufre presiones de los gobiernos estatales y municipales. Muchos medios viven en más del 50 por ciento de la publicidad oficial, circunstancia que se convierte en una herramienta de censura: si eres crítica o crítico con el gobierno, éste te elimina la pauta.

Ese mandatario envió una nota diplomática a Estados Unidos para protestar por el financiamiento, por unos 250 mil dólares, a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. También acusó a la asociación Artículo 19 de obtener dinero por la misma vía. Ambas trabajan por la libertad de prensa.

Esa financiación tiene un sentido. En efecto, en la crisis de sostenibilidad del periodismo de calidad, diversos programas de cooperación internacional han servido de refugio sobre todo para la especialidad fiscalizadora y de investigación. Se trata de recursos de la Unión Europea, de la cooperación de Alemania, Suecia, Paises Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Pero al igual que en el tradicional modelo de negocio de los medios comerciales, esos recursos no implican compromisos para los medios en cuanto a sus contenidos, más allá de permitirles operar sin cortapisas. La calidad de los mismos es el mejor sello de la independencia.

Continuar leyendo en Connectas

*Foto de portada: brotiN biswaS en Pexels