Zedryk Raziel

La administración de Andrés Manuel López Obrador, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), asignó un contrato millonario por adjudicación directa a una compañía que el mismo gobierno federal acusó de pertenecer a la red de empresas fantasma que presuntamente colaboraron con el proveedor del software espía Pegasus.

En diciembre de 2019, el INM adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el arrendamiento y soporte técnico de equipo de cómputo. Además, dicho contrato fue reservado durante 5 años para que su contenido no se dé a conocer al público por supuestas razones de seguridad nacional.

Santiago Nieto, titular de la UIF, y Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC, denunciaron públicamente la “red Pegasus” en las conferencias mañaneras del 21 y el 28 de julio. Allí, los funcionarios ventilaron que ese grupo de razones sociales simuló contratos millonarios con instituciones públicas en sexenios pasados. La información sobre las empresas fachada y los presuntos contratos fraudulentos fue entregada a la FGR.

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Tanto la UIF como la SSPC enfatizaron que la “red Pegasus” fue beneficiada con contratos públicos exclusivamente en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y aseguraron que ninguna institución de la actual administración tiene relación con las razones sociales denunciadas.

INM reserva contrato 5 años

El 13 de diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Migración adjudicó el contrato CS/INM/136/2019 a Comercializadora Antsua S.A. de C.V. por 112 millones 999 mil 999 pesos para el arrendamiento y soporte de equipo de cómputo.

En la conferencia mañanera del 28 de julio, la SSPC denunció que esa misma razón social había simulado un contrato millonario de venta de medicamentos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) —que administra las cárceles federales— en 2018, aún durante el sexenio peñista.

El INM no solo adjudicó este contrato a la compañía de la “red Pegasus”, sino que también lo reservó durante 5 años para que no se conociera su contenido.

En una sesión del 7 de mayo de 2020, el Comité de Transparencia del INM señaló que dar a conocer el nombre y firma del representante legal del proveedor representaba un riesgo de seguridad nacional, pues ello lo volvería identificable, y, por lo tanto, mediante él se podría intentar obtener información delicada contenida en las computadoras de la institución.

Aunque el Comité de Transparencia solo avaló censurar los datos del representante legal de Comercializadora Antsua, todo el contrato fue borrado de la red y no se localiza en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, según constató este medio.

A través de su dirección de comunicación social, se le preguntó al INM sobre la contratación de un proveedor señalado por el propio gobierno federal como posible empresa fantasma y que presuntamente está involucrado en actividades de lavado de dinero, pero, tras varios días de espera, la institución declinó responder a la consulta.

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*Foto de portada: @lopezobrador_ | Twitter