José Jaime Sánchez Ramírez, agricultor de San Salvador El Seco, dice que hasta este día nadie le ha dicho que existe una ley en Puebla que controla y castiga el uso de tecnologías que alteren las lluvias. 

En El Seco, municipio de vocación agrícola, campesinos y ejidatarios han documentado el uso de cañones antigranizo en ranchos grandes, cuyos dueños tienen mayores extensiones de tierra y más recursos económicos. Y aunque este año la entidad fue el primer estado del país en incluir la prohibición de tecnologías que alteren al medio ambiente en su Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, es un cambio que no ha sido socializado ni aplicado. Esta adición a la ley fue aprobada desde el 13 de marzo y publicada el 19 de mayo, día en que entró oficialmente en vigor. 

Campesinos de la región de El Seco relataron a LADO B que los terratenientes y empresas con grandes extensiones tienen sus propios pozos de agua y/o sistemas de riego para cultivar sus campos, por eso les afectan las intensas lluvias y las granizadas y utilizan tecnologías como cañones antigranizo o drones que bombardean las nubes para detener las precipitaciones.

José Jaime Sánchez. / Foto: Carina Hernández Mata

Esta problemática golpea más a quienes tienen menos recursos para pagar pozos o comprar agua para los cultivos. El señor José Jaime explicó a LADO B, durante un recorrido en El Seco, que Conagua les dice que los permisos para tener pozos para riego están vedados.

Opiniones encontradas

En teoría, los cañones antigranizo alteran el flujo de agua de lluvia que riega los campos. Sin embargo, la comunidad científica y otras personas expertas en temas sobre el clima está dividida sobre si este tipo de tecnología realmente funciona o no, y aunque no hay pruebas para llegar a una conclusión, estos dispositivos se siguen usando en distintos países y las quejas por parte de las y los ciudadanos que viven cerca coinciden en sus experiencias sobre los cambios en el clima y las afectaciones en su vida diaria. 

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En el episodio de Radio Ambulante sobre el caso de San Lorenzo, se afirma que, al menos es claro que las continuas detonaciones de esta tecnología contaminan, y el cambio climático sí influye en la alteración del ciclo de las lluvias; por lo tanto, es un problema para los agricultores que no pueden acceder a tecnologías de riego controlado.

Foto: Olga Valeria Hernández

La propia ley estatal no confirma que haya consecuencias al usar estas tecnologías. Sin embargo, en el texto de la legislación se establece que se usará el principio de precaución, lo que significa que aunque no haya certeza científica, esto “no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

Más allá de las distintas posturas sobre estas tecnologías, el señor Jaime se ha percatado, al igual que otros agricultores de El Seco, que desde que explotaron los cohetes —como le llaman a las tecnologías que usan para detener las lluvias y el granizo— ha bajado el nivel estático del agua. Ahí son muy pocas personas las que tienen pozos: los agricultores dependen de las precipitaciones, cuyo ciclo se ha modificado los últimos años a causa del cambio climático.

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Felipe Romero Pérez, campesino de El Seco, dijo que para quienes no tienen riego el agua de lluvia les hace falta. Él pensaba que no pasaba nada hasta que habló con varios de sus amigos que tienen tierras en otra parte del pueblo. “Me dicen que cuando empieza a llover, echan y echan cohetes por todos lados”.

Felipe Romero. / Foto: Carina Hernández Mata

Siguen las movilizaciones

En la zona de Libres y Cuyoaco, los integrantes del Movimiento en defensa del agua de la cuenca Libres-Oriental y comisariados ejidales se volvieron a movilizar desde junio, denunciando la falta de aplicación de la ley y que se siguen usando los cañones antigranizo y tecnologías similares.

El 12 de julio durante una reunión en la comunidad de Virreyes, a la que asistieron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), se acordó que sería la dependencia encargada del tema ambiental quien presentaría la denuncia formal ante el Ministerio Público por el uso de estas tecnologías, porque dijeron que la Policía Estatal tenía ya evidencia grabada de cómo se estaban activando los cañones.

Foto: Olga Valeria Hernández

Pese a que Segob estuvo presente en las reuniones públicas que hizo el Movimiento el 5 y 12 de julio, y se comprometieron a que una vez reunidas evidencias estas serían entregadas a la Secretaría. Los campesinos les entregaron fotos y videos y acompañaron a las autoridades a un recorrido para ubicar los ranchos, pero hasta ahora no tienen ninguna noticia al respecto.

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Además, el 5 de agosto el Movimiento entregó un comunicado a la Semarnat, dirigido a su titular María Luisa Albores, pidiendo primero la intervención ante Conagua para que otorgue permiso de tener pozos a los campesinos con pocas tierras. 

En segunda, pide a la dependencia que investigue a las empresas de la región por posibles daños ambientales, y finalmente que se haga una auditoría a la delegación regional de la Conagua en Puebla, investigando quiénes tienen permisos y concesiones desde 1960 a la fecha, además de pedir una audiencia con la titular de la Semarnat para exponerle el problema y dialogar.

Los campesinos denunciaron en un comunicado que el 9 de junio documentaron el uso de cañones en el Rancho San Juan, y el 25 de junio en otros cuatro ranchos. También escucharon cómo el 14 de julio se echaron bombas en el Rancho Tlapaleca y el 19 y 20 del mismo mes en un rancho cercano; el último del que se percataron fue el 25 de julio en la localidad de San Miguel Barrientos.

Este lunes 16 de agosto los agricultores tuvieron una asamblea en Payuca, Libres, en la cual definieron la ruta a seguir. Se decidió que el miércoles 18 de agosto se hará una movilización sobre la carretera federal a Teziutlán, y convocarán a un plantón para exigir que el gobierno estatal aplique la ley a los terratenientes que durante los dos últimos meses siguieron afectando las precipitaciones.

La organización que agrupa a más de 300 campesinos de varios municipios de la zona señalan directamente al gobierno del estado por no hacer cumplir la legislación a los dueños de terrenos más grandes y empresas como Driscoll, Granjas Carroll, Iberdrola y Heineken, a quienes señalan tanto de usar estas tecnologías como de saquear el agua.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández