El pasado 10 de junio, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, presentó el proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) respecto a la Ley General de Salud, recurso que reconocería el derecho de las personas usuarias de cannabis a consumir la planta sin ser criminalizadas.

Esta iniciativa será votada durante las próximas semanas, y necesita la aprobación de ocho (de once) integrantes de la SCJN. Si el resultado es favorable, esto terminaría con la prohibición del consumo, pues reconocería el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el uso adulto de la planta.

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En entrevista para LADO B, Mariana Sevilla, activista e integrante del colectivo #RegulaciónPorLaPaz, recordó que el proceso de la despenalización del cannabis empezó desde 2015 con una serie de amparos. Estos recursos legales hicieron que la SCJN declarara que prohibir el uso del cannabis atentaba contra el libre desarrollo de la personalidad, y se hiciera una jurisprudencia a partir de 2018, lo que implicó que los juzgados del país tienen que otorgar amparos a quienes lo soliciten para poder consumir legalmente.

Hasta ahora, precisamente, sólo se puede acceder a este derecho (al consumo legal del cannabis) mediante un juicio de amparo, y si bien son cada vez más personas las que acceden a este recurso, este derecho sigue sin ser accesible para todas.

Foto: Marlene Martínez

“Lo que haría la declaratoria general de inconstitucionalidad sería evitar que las personas tuvieran que llegar al recurso del amparo, entonces sería acercar un poco más este derecho a la población en general, y esa es la función de la declaratoria general de inconstitucionalidad: que esos derechos que se fueron avanzando mediante amparos puedan estar al alcance de toda la población”, dijo Sevilla.

A partir de la jurisprudencia, la SCJN indicó al Poder Legislativo federal que tenía que legislar, pero el Congreso no lo hizo, sin atender las tres prórrogas que se le dieron. Aunque se pensaba que el Senado aprobaría la despenalización del uso recreativo antes de las elecciones, la discusión se detuvo y quedó en el limbo. 

Sevilla explicó que si bien la DGI sería un paso sumamente importante, el proceso no terminaría ahí, pues el Poder Legislativo todavía tendría que trabajar en una regulación para el uso de la planta.

El escenario ideal hubiera sido que el Congreso legislara sin tener que llegar hasta esta acción, comenta Sevilla. Pero si la DGI se aprueba, entonces la presión sobre el Congreso es mayor, y se tendría que retomar la discusión para hacer una regulación. “Estamos pidiendo a la SCJN que siga adelante con este proceso, dado que no hemos visto la voluntad política del Poder Legislativo para garantizar los derechos de las personas usuarias, y esto sería un avance”, dijo.

Así, la coalición #RegulaciónPorLaPaz publicó un comunicado el martes 22 de junio, aplaudiendo la iniciativa de la ministra Piña, pero enfatizando que esto no exime a las y los legisladores de cumplir con su responsabilidad de hacer una regulación integral del cannabis.

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La aprobación de la DGI culminaría con el proceso que inició con los amparos, hace seis años, gracias a una suma de actores de la sociedad civil y también legisladoras que han impulsado el proyecto para que se despenalice el consumo de la marihuana.

Sin embargo, en caso de que se votara en contra, sería una muy mala noticia porque de alguna manera quitaría la presión sobre el Congreso, y el caso sería desechado al término del periodo legislativo: así, el derecho de las personas usuarias continuaría sujeto a un amparo, siendo inaccesible para la mayor parte de la población.

La coalición de #RegulaciónPorLaPaz reiteró en su comunicado un llamado al Congreso para retomar la discusión que regule el consumo lúdico del cannabis: “Es hora de una regulación responsable, horizontal y justa en México”.

*Foto de portada: Marlene Martínez