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Es ley: Hidalgo se coloca como el tercer estado en despenalizar el aborto en el país
Después de 11 años, el Congreso de Hidalgo ha aprobado la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación
Por Lado B @ladobemx
30 de junio, 2021
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Áxel Chávez 

Pasaron once años, cuatro legislaturas, un rechazo previo en el pleno y la exigencia constante de colectivas feministas, para que el Congreso de Hidalgo aprobara la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, una iniciativa que, afirman las activistas, protegerá los derechos de víctimas de abuso sexual y dará a las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad gestante la posibilidad de decidir libremente sobre sus cuerpos. 

Las reformas a los artículos 27, 154, 155, 156 y 158 del Código Penal del estado, así como la adición de la fracción III bis al apartado A del artículo 3 de la Ley de Salud hidalguense, establecen que el gobierno local tendrá la responsabilidad de prestar y supervisar la interrupción del embarazo en el plazo permitido, sin ningún tipo de penalización. 

Asimismo, precisa que el personal médico tendrá el derecho a argumentar una objeción de conciencia y a excusarse de realizar la intervención, aunque deberá referir a la mujer con un compañero o compañera no objetor para que realice el procedimiento. 

El dictamen rechazado por esta misma legislatura en diciembre de 2019, fue aprobado ayer 29 de junio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y turnado hoy a pleno. Durante una sesión en la que las y los diputados confrontaron sus posturas, la propuesta fue validada con 16 votos a favor; además, hubo una abstención y no participaron 11 legisladores más que se encontraban en el recinto.  

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Con esto, Hidalgo se convirtió en el tercer estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas sin importar las causas, ya que solo la Ciudad de México y Oaxaca permitían legalmente esta práctica.    

Anteriormente, según lo que establecía el artículo 158 del Código Penal de Hidalgo, solo era considerado legal al ser producto de una violación, y si se comprobaba la comisión del delito y era autorizado por el ministerio público o un juez. Activistas manifestaron que, en estos casos, las víctimas no siempre fueron respaldadas por las autoridades, aunque tuvieran el derecho de interrumpir su embarazo. 

El aborto tampoco era punible cuando la mujer corría un grave peligro en su salud y por malformaciones genéticas del producto. El artículo 155 especificaba que una interrupción que no cumpliera con las causales establecidas sería sancionada con uno a tres años de prisión.  

Previo a la votación en 2019, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) envió al Congreso una Opinión Técnico-Jurídica en la que afirmó que el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial, y mucho menos de sufrir y gozar. 

“A las 12 semanas el desarrollo, el cerebro está en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región, que son indispensables para que puedan existir las sensaciones”, dice el oficio PGJEH-01/DG/267/2019, que incluye posturas asumidas por grupos a favor de la despenalización.  

Incluyó también el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al aborto en la sentencia al amparo en revisión 1388/2015, emitido el 15 de mayo de 2019 a favor de Margarita, a quien el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la Ciudad de México le negó el acceso a la interrupción de su embarazo, a pesar de que este podía causarle complicaciones diabéticas e hipertensivas que podían conducir a su muerte. 

Aunado a ello, la Corte, en sesión del 6 de agosto de 2019, avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación, sin necesidad de que la víctima presente denuncia ante el Ministerio Público. 

Mientras el aborto fue punible

Durante el tiempo que la iniciativa estuvo “congelada” en Hidalgo, la asociación civil Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) acompañó y denunció casos graves en los que a adolescentes y menores no se les permitió abortar. 

Uno de ellos es el de Carmen, una niña de 13 años que cursaba el sexto año de primaria y vivía en Pachuca, que fue violada por su padrastro en noviembre de 2013 y a quien se le negó su derecho de interrumpir su embarazo en tres ocasiones. 

El agresor la mantuvo amenazada con que le haría daño a su madre si decía algo. Después de un tiempo, Carmen comenzó a sentirse mal y su madre notó que no había tenido su periodo menstrual. Al acudir a un médico, le informaron que estaba embarazada. Carmen finalmente le contó a su mamá de la violación y en marzo de 2014 acudieron juntas al Ministerio Público a presentar una denuncia por violación sexual. 

En ese momento, Carmen no recibió información sobre su derecho a interrumpir su embarazo por ser producto de una violación. A pesar de esto, regresó unas semanas después a solicitar un aborto asistido ante el MP, quien le notificó que su solicitud no procedía debido al límite de 90 días para llevar a cabo la interrupción, establecido en el Código Penal de Hidalgo. 

Otra víctima es Gloria, quien estudiaba la secundaria en Pachuca y el 13 de enero de 2015 sufrió una violación. El 20 de febrero acudió con su mamá al Ministerio Público a presentar una denuncia y solicitó una autorización para la interrupción de su embarazo. A pesar de encontrarse dentro del plazo para solicitar la interrupción, le negaron la solicitud.  

Gloria tuvo que abortar en la Ciudad de México. 

De acuerdo con el registro histórico de la Secretaría de Salud de la capital del país, desde 2007 cuando se despenalizó ahí el aborto, hasta el 31 de marzo de 2021, mil 297 mujeres hidalguenses acudieron a interrumpir su embarazo. 

Las originarias de Hidalgo se encuentran entre las que más han solicitado este servicio, después de las de la Ciudad de México (162 mil 189), Estado de México (63 mil 86) y Puebla (mil 470). 

En este periodo también fueron encarceladas mujeres por abortar en procesos en los que las autoridades incurrieron en presuntas anomalías. 

Entre los casos penados se encuentra el de María de la Luz, denunciada el 27 de febrero de 2012 por tentativa de homicidio, tras llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sangrado vaginal. Ella fue remitida a la cárcel distrital de Tizayuca y, todavía embarazada, procesada por ese ilícito. 

“Yo quería a mi bebé y la muestra de ello es que aquí lo tengo junto a mí, y en ese momento tenía las pruebas de que había llevado todo el control prenatal, los cuidados, pero me tacharon de asesina”, narró María de la Luz al equipo que llevó su defensa legal, a cargo de GIRE. 

El 17 de abril de 2014, la mujer, quien siempre sostuvo que su sangrado fue involuntario, fue absuelta de los cargos en su contra. 

“Una deuda histórica”

Bertha Miranda, activista impulsora de la despenalización del aborto desde hace más de una década y presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), consideró que la iniciativa aprobada hoy viene a saldar muchas deudas con las niñas y adolescentes hidalguenses.  

“Significa que ya las mujeres no tendrán que someterse a prácticas clandestinas para interrumpir un embarazo. Significa que las niñas que son víctimas de una violación ya podrán tener acceso sin la limitante que tiene el código penal de denunciar el delito antes de saberse embarazadas, porque se elimina justo con esta reforma que se hace al artículo 158 también”, aseguró. 

Añadió que, además, elimina la barrera de la temporalidad, “que justamente implicaba que si las mujeres que eran violadas y decidían interrumpir su embarazo estaban fuera de los 90 días, ya no podían garantizar ese derecho y tenían que ir a buscarlo a la Ciudad de México”. 

Este día, remarcó, “salda una deuda con el tema de la justicia social, donde ya no va a depender de los recursos económicos el abortar en condiciones seguras. Destacó que el aborto también llegará a mujeres en condición de cárcel. 

Con estas modificaciones, agregó, se cierra un proceso en el que el Estado sancionaba a las mujeres, y elimina la criminalización o la denuncia antes de las 12 semanas.    

“Hoy es un logro para las mujeres, porque el Estado ya no podrá omitir su función y dejar que las mujeres vayan a la Ciudad de México; ahora tendrá que garantizar un derecho”. 

 

*Foto de portada: Hazel Zamora Mendieta  | CIMAC Noticias

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