Lado B
El “peligro de contagio” criminaliza a quienes viven con VIH
Aguascalientes, San Luis Potosí y Veracruz son los únicos estados en México que no cuentan con una legislación que castiga el “peligro de contagio” de infecciones de transmisión sexual, o de enfermedades graves o crónicas; el resto de los estados, y el Código Penal federal, establecen penas que llegan hasta los 10 años de cárcel
Por Fernando Merino Noriega @FerMerinoN
22 de junio, 2021
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Desde los primeros diagnósticos del VIH en los años 80 a la actualidad, la ciencia ha avanzado: la terapia antirretroviral (TAR) permite que el virus sea indetectable, y por ende no se pueda transmitir a otras personas, incluso ya hay una vacuna contra el mismo que se encuentra en fase III; sin embargo, activistas señalan que aún falta atender el estigma que existe en torno al VIH, cuya muestra más grande es la criminalización que persiste hacia quienes viven con este virus.  

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Son 30 las entidades de la República que, junto con el Código Penal Federal, criminalizan las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), particularmente el VIH. En el caso de Puebla, es el artículo 213 del Código Penal el que tipifica “el peligro de contagio” de “un mal venéreo” y lo sanciona con hasta dos años de cárcel. 

Aunque en Puebla no se han registrado detenciones por esta causa, de acuerdo con organizaciones civiles, existe una iniciativa, en espera de ser discutida, mediante la cual Nora Escamilla y Gabriel Biestro, ambos diputados de Morena, buscan incrementar la pena por este delito a un rango de cinco a diez años de cárcel; esto bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19, aunque dicha enfermedad no se menciona en su propuesta.

A esto además se agrega que los términos “contagio” y “mal venéreo” que ocupan estas legislaciones son incorrectos. En el primer caso, Onusida recomienda el uso de “transmisión”, ya que el VIH requiere de una vía para pasar de una persona a otra; y el mal venéreo no refleja que es un virus asintomático.

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Onán Vázquez, presidente del consejo directivo de No Dejarse Es Incluirse AC, explicó a LADO B que incluso Onusida ha abogado por una política de no criminalización, no solo porque esta ha probado ser poco efectiva para evitar la transmisión de ITS, sino porque permite al Estado ejercer la acción punitiva de manera selectiva contra grupos vulnerables como las y los trabajadores sexuales, personas migrantes, población LGBT+ y actúa de forma contraproducente, pues alienta a no realizarse pruebas de detección o a mantener el secreto de la condición de salud por miedo a las represalias.

La criminalización que obliga a revelar el diagnóstico 

El 3 de junio, en Ciudad de México, un hombre fue detenido por no informar a su pareja que vive con VIH. Mientras que en Cancún, Quintana Roo, el 11 de junio un hombre fue asesinado y su cuerpo fue quemado por el arrendatario de la casa en donde vivía al revelarle su diagnóstico. Ambos casos detonaron polémica y diversos cuestionamientos, el principal: ¿es deber de una persona que vive con VIH informarle a su círculo social?  

Daniel Aquino, quien vive con VIH desde hace 17 años y que hizo público su diagnóstico hace siete, dice a LADO B que lo que no se contempla al momento de exigir que las personas revelen que viven con VIH es que hacerlo también incrementa las posibilidades de recibir agresiones, denuncias penales o incluso de asesinato debido a la serofobia instalada en la sociedad y la ignorancia respecto al virus. 

“Lo que sucede [cuando] algunas personas con VIH decidimos no compartir nuestro diagnóstico tiene que ver con ese temor a las reacciones violentas (…) Muchas personas no comparten su diagnóstico porque tienen temor de [ser] sacadas de sus casas, despedidas de sus empleos, expulsadas de sus escuelas”, señala Daniel Aquino.

Por otro lado, Onán Vázquez refiere que en el caso de una relación sexo-afectiva, la persona que vive con VIH tendría que considerar si su pareja está dispuesta a tocar el tema para, si así lo decide, hablar sobre su diagnóstico con conocimiento y sin prejuicios; pero tampoco es una obligación pues se trata de un dato personal que está protegido por la ley.

“Lo que se tiene que [generar son] ambientes favorables en donde verdaderamente se pueda hablar del tema abiertamente sin prejuicios, con información verídica y científica”, comenta el director del consejo directivo de No Dejarse es Incluirse. 

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Por otro lado, el estigma en torno a quienes viven con VIH se debe a que ha sido un tema ligado únicamente a ciertos sectores, considera Daniel  Aquino, por lo que son las personas que viven con VIH y que han decidido hacer visible su diagnóstico quienes han impulsado la desestigmatización del virus. Sin embargo, esta es una tarea que también compete a instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Salud o incluso al Congreso para que derogue el artículo que criminaliza el riesgo de contagio y que en su lugar apueste por la educación; sin embargo, el poder legislativo está tomando un camino contrario. 

La pandemia, un factor que podría propiciar la criminalización 

El “peligro de contagio” criminaliza a quienes viven con VIH

Ilustración: Gogo

El 19 de abril de 2020, Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla enviaron una propuesta  al Congreso para incrementar la pena por peligro de contagio, justificando su iniciativa en el contexto de la pandemia por COVID-19; sin embargo, en el texto se mantiene el concepto de “mal venéreo” por lo que la interpretación de la ley apunta únicamente a las ITS. 

“Consideramos necesario aumentar la pena a quien mediante sus acciones dolosamente trate de contagiar o ponga en riesgo de contraer el virus o enfermedad a otras personas”, se lee en el texto de la iniciativa. De esta manera la pena pasaría de 30 días a dos años de cárcel a cinco a diez años, es decir, la pena máxima de prisión se incrementaría un 80 por ciento

La iniciativa se encuentra en la congeladora legislativa, pues el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que son 180 días naturales los que tienen las y los diputados para su dictaminación en comisiones, tiempo que ya concluyó; sin embargo eso no significa que la reforma sea desechada, pues aunque la actual legislatura concluye en septiembre, las y los nuevos diputados tendrán que analizar esta propuesta, pues no pueden dispensar ningún dictamen. 

Para Onán Vázquez sería muy grave que se aprobara dicha iniciativa ─que aún está en espera de ser discutida en comisiones, de acuerdo con Merino Escamilla─, ya que realmente solo incrementa la criminalización de las personas que viven con VIH o con cualquier otra infección de transmisión sexual, como la sífilis o hepatitis. 

Puebla no es el único estado que está siguiendo ese camino. En Hidalgo, Areli Miranda Ayala  y Miguel Ángel Peña Flores, legisladores del Congreso de ese estado, presentaron el 21 de junio de este año una iniciativa para aumentar las penas a quien transmita una “enfermedad incurable”, término que cae en la ambigüedad y que también apunta a la criminalización en aquella entidad, algo que, para Onán Chávez, evidencía que “en México todavía tenemos, desgraciadamente, legisladores con grandes prejuicios [y] con un enorme desconocimiento sobre el tema [del  VIH]”. 

Por otro lado, Axel Bautista, coordinador de la Agenda VIH de Inspira Cambio AC, dice a LADO B que la tendencia a aumentar las penas por “peligro de contagio” demuestra  que la discriminación está institucionalizada, pese a ir en contra de derechos humanos y de la propia Constitución Mexicana. Además ya no responden al contexto actual pues la mayoría de estos códigos fueron elaborados en los años 20 o 30 del siglo pasado por brotes de sífilis, es decir, que los códigos penales están basados en concepciones del siglo pasado.

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Además, Onán Chávez agrega que aprobar esta iniciativa también iría en contra de lo que el Estado mexicano firmó el 8 de junio de 2021 en la reunión de alto nivel de Onusida, en la cual México ratificó su compromiso de luchar contra todas la desigualdades que experimentan las personas que viven con VIH, entre ellas la criminalización.

La acción de inconstitucionalidad, la vía para eliminar la criminalización del VIH 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 30 de abril de 2018, el artículo 158 del Código Penal de Veracruz, el cual criminalizaba el peligro de contagio, por ser impreciso y por establecer el contagio doloso, es decir, intencional, algo que las y los magistrados concluyeron no se puede comprobar; esta es la primera vez en la que interviene el máximo tribunal del país para derogar legislaciones que apuntan a la criminalización. 

En este caso derivó de una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que este podría ser un camino a seguir para Puebla, y otros estados, para eliminar los artículos del Código Penal que criminalizan el VIH, agrega Onán Vázquez. 

En caso de que se aprobara la iniciativa de Merino Escamilla y Biestro Medinilla el Congreso podría recibir una acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN, advierte Onán, tal y como ocurrió en Veracruz. Mientras, la sociedad civil buscará que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla emprenda una acción de inconstitucionalidad para que el Congreso derogue el artículo 213 del Código Penal: “Esa es la próxima lucha: hacerles entender a las a los legisladores cuáles son las consecuencias negativas de criminalizar el VIH”, sentencia Onán Chávez Vázquez.

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Para Daniel Aquino, los hechos registrados en Ciudad de México y Quintana Roo deben ser un llamado para que la criminalización del VIH no continúe, pues aunque en el estado no se han registrado en los últimos años sucesos de esas características pueden ser el inicio de una persecución contra las personas que viven con VIH.

 

*Ilustración de portada: Gogo

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Autor Lado B
Fernando Merino Noriega
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