Ricardo Balderas y Queletzu Aspra | PODER
Han subido las muertes derivadas de la última fase del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) durante la pandemia por COVID-19 según se puede observar en los registros de los últimos cinco años de INEGI. Si el VIH está bien tratado no es una comorbilidad de la que se pueda aprovechar la COVID-19, al conseguir un estatus de seropositividad de indetectabilidad no se transmite el virus y se tiene un estado de salud pleno. Existen múltiples limitaciones que complican la llegada o mantenimiento de dicho estatus y la gran mayoría están relacionadas con la falta de acceso al Tratamiento Antirretroviral (TARV).
Los dos municipios donde incrementaron más los fallecimiento son Boca del Río en Veracruz y Tlajomulco de Zuñiga de Jalisco, lugares en los cuales, debido a la emergencia sanitaria mundial se cerraron o movieron las clínicas especializadas de atención al VIH generando retrasos en la entrega de estudios clínicos indispensables para conocer el estado de salud de las y los pacientes y la respuesta de su cuerpo al tratamiento, según ha reportado PODER en una investigación que forma parte del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo 2021 de la UNESCO*.
“Hemos reportado muertes de personas con diagnostico que se quedaron esperando su medicamento”, denuncia Victor Dante Galicia, director de CHECCOS, una asociación civil que dedica su trabajo a la atención y diagnostico oportuno del virus.
Las nuevas generaciones de medicamento TARV para la población Seropositiva han logrado superar limitaciones y daños colaterales, como la intoxicación. Con un tratamiento y seguimiento adecuado se puede mejorar su calidad de vida en cuestión de meses tal y como sucede con miles de personas en el país.
El flujo de medicamento es fundamental y los tratamientos se entregan en frascos de 30 tabletas para un abasto mensual. El problema es que si alguna pastilla se pierde, no existe ningún sistema de respaldo para que las personas que viven con VIH puedan acudir y no perder su adherencia al medicamento, lo cual es indispensable para sostener la calidad de indetectabilidad del virus.
En el interior de Jalisco, explica Dante Galicia, faltan clínicas de atención temprana por lo que los hospitales de alta especialidad son quienes dan seguimiento a los nuevos casos. Como se encuentran saturados y sin capacidad la responsabilidad del primer diagnostico y canalización recae directamente en organizaciones de la sociedad civil con pocos recursos. El proceso de canalización y recepción de TARV no es rápido, en la entidad hay más de 300 personas con diagnostico de VIH y sin medicamento.
El proceso no es fácil, incluso en Ciudad de México existen personas que dado lo complicado de los trámites de tardan de dos meses a seis meses en recibir su medicamento por lo que la carga viral aumenta en sus cuerpos y corren el riesgo de llegar a etapa de SIDA y, en algunos casos, morir a causa de enfermedades oportunistas.
Entre 1983 a 2021 se han detectado 322,987 personas que viven con VIH en México según el Registro Nacional de Epidemiología. 36,024 casos corresponden al periodo de 2019-20211, años en los que organizaciones de la sociedad civil denunciaron desabasto de TARV mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguraba lo contrario2.
Los gastos generales reportados en CompraNet no coinciden con las palabras del presidente. De 2019 a 2021 se han erogado 7,113,132,370.07 pesos en compras de medicamentos que el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos Médicos de México considera antirretrovirales. Los cuales 4,790,731,964.64 pesos corresponden a 2019 y 2,319,283,903.59 pesos a 2020, es decir, el gasto federal en TARV considerando todas las Unidades Compradoras del país, se redujo en casi 50% de un año a otro.
En total son 158 contratos erogados desde Birmex, Secretaría de Marina (Semar), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas (INER), Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCARD), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria (HRAEV), la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNGSR), y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA).
No es posible saber si la reducción del monto de las compras de TARV ha afectado a la cantidad de medicamento comprado o es debido a que se compra con menos sobrecosto. De 2008 hasta 2018 las compras de medicamentos se reportaban con detalle en el portal ComprasIMSS y de forma masiva en CompraNet. ComprasIMSS ha sido descontinuado por el actual gobierno, y en CompraNET para acceder al detalle se tienen que acceder a pdfs escaneados de centenares de páginas en los que se mezclan medicamentos de todo tipo.
Según la solicitud de información 331017121000021 entregada por la Unidad de transparencia de la Secretaría de Salud federal, el monto asignado para la atención del VIH durante el periodo 2020-2012 asciende a los 5,165,552,894.77 pesos. Es decir, unos 2 mil millones por año. Esta cifra coincide parcialmente con lo reportado en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Secretaría de Hacienda, sin embargo, dadas las deficiencias de los reportes federales, reflejados en las facturas, es imposible calcular el gasto especifico en TARV debido a que, aunque las cifras coinciden, los contratos reportados no son exclusivos de este tipo de medicamento.
PODER solicitó vía dirección de Comunicación Social una entrevista para que las autoridades pudieran explicar la razón del desabasto, sin embargo, luego de más de cuatro meses simplemente dejaron de responder los teléfonos.
“En realidad, en México tenemos un sistema de salud fragmentado. El fragmento más grande lo tiene el INSABI, después el IMSS y finalmente el ISSSTE, después Pemex y así sucesivamente hasta llegar a todos los subsistemas estatales. Uno de los mayores problemas es este. Posteriormente a esto tenemos el problema de que no existen protocolos de atención sino procesos burocráticos distintos y el mejor sistema que nosotros hemos visto es el INSABI que por medio de CENSIDA es el único que tiene un sistema actualizado día a día de los usuarios que tiene, el mejor registro de carga viral y las compras” explica Alaín Pinzón, activista por los derechos de la población que vive con VIH radicado en Ciudad de México.
“Sin embargo, a pesar de que el INSABI es de nueva creación, también tras la llegada de la nueva administración se ha recrudecido el desabasto, la atención médica, la sensibilidad del sector médico la disponibilidad de laboratorios de carga viral. Esto nos hace reflexionar en que las autoridades en este país no han estado haciendo el esfuerzo para que las personas que vivimos con VIH estemos tranquilas”, agrega.
El origen de la problemática, para el activista y director de la organización VIHive Libre, son dos problemas: la ineficiencia en las compras y distribución del estado y el tráfico de medicamento para lucro privado.
Desde su organización impulsan a la población a organizarse para construir redes de apoyo que permitan a las personas que viven con el virus sostener su adherencia al medicamento. Para incoRporarse a la red se debe presentar una carta de exposición de motivos junto a la receta del medicamento y las personas se coordinan para solventar la deficiencia de medicamento.
EL PEPO