Arturo Angel

La Fiscalía General de la República (FGR) se negó revelar los nombres de las corporaciones de seguridad a la que pertenecen los policías y funcionarios que figuran como probables responsables en 522 denuncias por posible tortura presentadas a nivel federal en los primeros 18 meses del actual sexenio.

Lo anterior pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) le había ordenado a la FGR hacer una búsqueda exhaustiva de dicha información tras considerar que son datos que debería tener en su poder.

A través de una solicitud de transparencia presentada desde el año pasado, Animal Político había requerido a la FGR conocer la cifra de denuncias por tortura a nivel federal y la identificación de las autoridades que aparecen como probables responsables. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara en uno de sus informes que la tortura en su gobierno se ha erradicado, algo que Amnistía Internacional desmintió.

En noviembre de 2020, la FGR entregó parte de la información. Los datos confirmaron que, en efecto, los casos de tortura continuaban ocurriendo en el país y que entre diciembre de 2018 y julio de 2020 se habían presentado 522 nuevas denuncias por la posible comisión de este delito.

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Sin embargo, la Fiscalía no proporcionó la identidad de las corporaciones a las que pertenecen los elementos denunciados ni hizo mención alguna sobre ello. Por ese motivo se promovió una queja ante el INAI argumentando que no se había proporcionado ese dato ni otros solicitados.

En el transcurso del procedimiento de revisión que quedó radicado en el expediente RRA 12799/20, la FGR a través de su Fiscalía Especializada en la investigación del Delito de Tortura amplió la información solicitada, pero siguió sin identificar a las autoridades denunciadas.

En ese contexto, la resolución del INAI elaborada por el magistrado Oscar Guerra Ford y aprobado de forma unánime por el pleno, determinó que la Fiscalía no había hecho una búsqueda exhaustiva ya que, por ejemplo, no había consultado con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que es el principal receptor de la información estadística, ni a otras áreas administrativas que podrían poseer dicha información

Por ese motivo el Instituto determinó modificar la respuesta proporcionada por la FGR y le instruyó a que realice una búsqueda amplia de los datos solicitados y a que proporcione dicha información.

No encontramos los datos: FGR

A través de un oficio fechado el 23 de marzo, la Fiscalía reportó el cumplimiento de la orden girada por el INAI y sostuvo que realizó una búsqueda exhaustiva sobre las autoridades denunciadas como responsables en los más de 500 casos iniciados en el actual sexenio. La respuesta: que no los encontró.

“Posterior a la búsqueda exhaustiva de lo peticionado las unidades administrativas no cuentan con información coincidente con lo señalado según las atribuciones conferidas a las mismas”, respondió la Fiscalía.

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*Foto de portada: darkside-550 | Pixabay