Ahora que estamos juntas…

Ya lo sabía, cinco años antes me había pasado exactamente lo mismo.

Opté por el intento en casa: me dijo que me tomara dos pastillas de un medicamento que me apuntó en un papelito, me explicó que no podía darme una receta porque como era para abortar, podía “tener problemas”. Era misoprostol.

Yo, desconfiada, pedí la opinión de una persona que conocía y que daba acompañamiento para abortar, me confirmó lo que sospechaba, la dosis del médico era incorrecta.

Seguí las indicaciones de esta persona y aun así el medicamento no me hizo el efecto esperado. Mi cuerpo se negaba a rechazar algo que de todos modos no iba a ser. Mi única alternativa era un legrado. 

Sabía que en Puebla iba a ser complicado, cuando me pasó por primera vez, la que entonces era mi doctora se apiadó de mí e intervino para que en la pequeña clínica donde atendía, pudiera hacerme el procedimiento por un menor costo, al que de todos modos mi pareja y yo sólo pudimos acceder mediante un préstamo.    

Cinco años después estábamos más o menos en la misma situación, pero sin la buena voluntad de mi médico.

Tal vez, lo pienso ahora, debí acudir a un hospital público y exigir mi derecho a la salud, pero en ese momento no tenía ni ganas, ni ánimo de emprender una batalla que podía perder.

¿Cómo demostrar que lo que quería era terminar con un aborto espontáneo sin el riesgo de ser criminalizada? 

En 2019, de acuerdo con el INEGI, 7 mil 561 mujeres tuvieron un aborto espontáneo. Bajo las condiciones actuales en Puebla, cualquiera -incluso yo misma- pudo haber sido víctima de criminalización como lo fue Fabiola, quien tuvo un aborto espontáneo en la semana siete de embarazo, y fue consignada ante las autoridades judiciales, por la presión del personal del hospital donde fue atendida. Y sólo gracias al acompañamiento de Gire recuperó su libertad.

Finalmente un 10 de mayo me fui a la CDMX, donde pude acceder al procedimiento que necesitaba, pues en mi Estado no encontré garantizado mi derecho a la salud. Y ahora puedo contar esto desde mis privilegios, porque de otro modo, no sé qué habría sido de mí.

Seguramente, y considerando los antecedentes, podría haber sido acusada de homicidio en razón de parentesco, pues aunque el gobernador asegure que sólo hay 2 mujeres en la cárcel por abortar, sabemos que la “justicia patriarcal” usa esa figura legal  para castigarlas.

Jamás volví a intentar embarazarme, porque además nunca hubo una razón médica de lo que me pasó, o al menos nadie me la ofreció. Se asume que es “algo que pasa”, algo “normal” sobre todo en el primer embarazo de una mujer, y por lo tanto no vale la pena indagar: para la ciencia patriarcal lo importante es parir, y por lo tanto se ha dedicado a desarrollar métodos que nos ayuden a hacerlo, por cierto muy caros e invasivos, pero no se ha preocupado por comprender los retos particulares de reproducción que cada mujer, y que cada pareja enfrenta.

Pocas veces cuento esto, porque para esta sociedad que romantiza la maternidad y asume que es TODO lo que las mujeres “necesitamos” para “realizarnos” -lo que sea que eso signifique-, sólo soy una “mula” -como coloquialmente nos llaman a las mujeres que no podemos ser madres- o una mujer “incompleta”, alguien que merece lástima y consideración.

Y aunque pasar por esa experiencia es uno de los dolores más grandes que he experimentado en mi vida, eso de ninguna manera me define. Tengo una carrera y una vida plena. No me hace falta nada, ni hay un vacío en mi vida.
Si hubiera querido ser madre, en este país con tantas niñas violadas y tantas infancias desatendidas, hubiera podido adoptar, pero decidí darme prioridad.

No soy madre porque decidí no serlo. Y es un derecho que todas las mujeres tenemos, aun cuando el Estado se niegue a reconocerlo. No importan las circunstancias, ni las razones, las mujeres debemos poder decidir sobre nuestros cuerpos.

Continuar negando el derecho a procedimientos para el aborto seguro, no solo vulnera a las mujeres que deciden interrumpir embarazos, también deja en el desamparo a las que –como yo– enfrentan abortos espontáneos y tienen que recurrir a procedimientos médicos costosos o fuera de su Estado.

Además, perjudica el desempeño de las y los profesionales de la medicina que temen ser recriminados o penalizados por ofrecer, nada más y nada menos, que opciones que permitan a sus pacientes vivir procesos seguros, y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos establecidos en la Constitución y las normas internacionales.

En las manos del Congreso local están las vidas de mujeres que no tienen tiempo, recursos, ni información para atenderse por abortos espontáneos.

También cuento esto porque lo personal es político, y porque debemos derribar los estigmas sobre la maternidad que sirven de pretexto para negarnos derechos. 

Diputados y diputadas: las mujeres somos mucho más que un útero. Dejen de legislar a nombre propio, son representantes de la sociedad, y la sociedad es plural y diversa, no deben legislar con base en sus creencias, sino con base en el Derecho, y al respecto les recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el mayor tribunal del país, reconoce la constitucionalidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación. 

En sus manos está que Puebla avance como estado democrático en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas gestantes. Queremos aborto legal, seguro y gratuito, porque la maternidad será deseada, o no será.

Pero, como sea, es un espacio que nos sirve para establecer posturas y desarmar los “argumentos” de las personas anti-derechos (que se hacen llamar providas), que desde la primera sesión han negado la existencia de los derechos sexuales, o los confunden con el coito.

En fin, cosas veredes, Sancho.

El texto que les comparto hoy, como ya imaginarán, fue mi participación en el Parlamento. Por aquí les dejo también las notas que hemos hecho en LADO B al respecto, y el calendario para que no se pierdan las próximas mesas.

M.