La Ley Federal para la Regulación del Cannabis fue aprobada el 10 de marzo en la Cámara de Diputados y, con ello, también se reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para dar fin a más de 100 años de prohibicionismo en México; el Senado aún debe aprobar el dictamen para que entre en vigor, sin embargo, esta institución analiza pedir una cuarta prórroga para aplazar hasta septiembre la discusión, ya que la fecha límite para desahogar el tema es el 30 de abril.

Esta posibilidad no ha sido bien recibida por las organizaciones civiles. Mariana Sevilla, de México Regula, dice a LADO B que “una cuarta prórroga ya no tiene ningún sentido, porque ya se discutió dos años en el Senado, y [por] un periodo [ordinario] en la Cámara de diputados”. Y aclara que, pese a que el dictamen continúa criminalizando la posesión simple y el gramaje permite a las autoridades continuar violando derechos humanos, entre otros puntos que han sido criticados por la sociedad civil, “es preferible una regulación perfectible que la prohibición perpetua”. 

Esta es una consigna adoptada por toda la coalición #RegulaciónporlaPaz pero también por el Plantón 420 a nivel nacional y local, quienes además piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantice el cumplimiento de la sentencia dictada en respuesta a los amparos que interpusieron organizaciones como la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) o el Instituto RIA para poder utilizar de manera lúdica el cannabis, mismos que crearon jurisprudencia y que derivaron en la obligación del Congreso de regular el tema el  consumo. 

Por otro lado, la activista añade que si la discusión del dictamen se aplaza hasta septiembre, le tocará a una Cámara de Diputados reconfigurada dar continuidad al tema, pues para ese entonces las y los legisladores que resulten electos el 6 de junio llegarán a los curules, lo que cambiará las condiciones de manera desfavorable, y “la oportunidad de poder aportar a la mejora de [la situación de México], a consecuencia de la guerra contra las drogas, se [podría] perder”.

En eso coincide la diputada Martha Tagle Martínez, quien ha impulsado el tema en la Cámara de Diputados, y añade, en entrevista con LADO B que, al menos en esta legislatura, “no se ven los ánimos de legislar”.

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Así también, Tagle Martínez explica que la parte reglamentaria de la Cámara de diputados indica que las y los senadores ya no pueden modificar más cosas al dictamen, y el Senado solo puede discutir, por ahora, los cambios que hicieron las y los diputados, es decir, aceptarlos o rechazarlos, y una vez tomada esa decisión el dictamen tendría que regresar a la Cámara de Diputados para ratificar. 

La legisladora añade que el Senado no puede “componer” el dictamen ―ya que senadores y senadoras han señalado que tiene inconstitucionalidades― porque para eso tendrán que iniciar un proceso nuevo, con una nueva iniciativa y retrasar todavía más la regulación del cannabis. 

Y aunque el Senado culpa a la Cámara de Diputados, Tagle Martínez refiere que “el problema [con el dictamen] es de origen: venía mal, con mucha burocracia y sobrerregulado (…) y ahora ponen de pretexto que viene inconstitucional, lo que [cambió] la Cámara de Diputados, cuando en realidad lo que demuestra es que no quieren [discutirlo]”.

Entre los cambios que hizo la Cámara de Diputados al dictamen, que el Senado aprobó el 19 de noviembre, están la eliminación de la propuesta de crear un instituto regulador y, en cambio, facultar a la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic) para realizar esa tarea;  exigir un registro obligatorio para que una persona adulta pueda obtener una licencia de consumo, y se aumentó el beneficio a la industria con licencias integrales, quitando algunos de los beneficios en favor de las comunidades campesinas, por ejemplo. 

De prórroga en prórroga se afectan los derechos de personas usuarias de cannabis

Foto: Marlene Martínez

Fue el senador Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), quien reveló hace dos semanas la posibilidad de pedir la cuarta prórroga, pues el Senado tiene hasta el 30 abril como fecha límite, por mandato SCJN, para discutir el dictamen.

La primera prórroga la pidió el Senado en octubre de 2019, ya que la SCJN les notificó en febrero de ese año que tenían que regular el consumo de cannabis antes de octubre. Después, el Senado pidió otra prórroga y la SCJN se la concedió hasta el 30 de abril de 2020; vino la pandemia y, aunque ya habían aprobado un anteproyecto, pidieron otra prórroga que venció 15 de diciembre de ese año. Fue la Cámara de Diputados quien pidió una tercera prórroga, antes de que venciera la anterior, y esta es la que concluye el 30 de abril. 

La falta de voluntad política de discutir el dictamen se traduce en que las personas usuarias de cannabis “continúen siendo detenidas, criminalizadas (…) Mientras [las y] los legisladores [no dan cumplimiento al plazo de la SCJN], [las y] los usuarios están batallando”, dice Martha Tagle.

En este caso, son las mujeres las que más se ven afectadas por la falta de regulación, ya que durante 2018 la cantidad de mujeres imputadas por el delito de narcomenudeo (posesión simple en el caso del 82.7 por ciento de los casos)  se incrementó 216% respecto a 2016, esto debido a que “las mujeres empiezan a utilizar el espacio público como personas usuarias de cannabis y por ese mismo motivo sufren más violencia del estado”, dice la Mariana Sevilla, algo que se ve atravesado por cuestiones de clase social y de dónde se vive.

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Asimismo, el no legislar y seguir aplazando la entrada en vigor del dictamen perpetúa “la cultura del “torzón”, en la que policías extorsionan a personas consumidoras, acusa Sevilla, e indica que la regulación tiene que ocurrir “no solo porque es un derecho sino porque también tenemos que aprender como sociedad a no estigmatizar a las personas usuarias”, y eso solo se va a lograr cuando entre en vigor la ley de regulación. 

El gobierno va en contra de su propia propuesta de política de drogas

Foto: Marlene Martínez

Desde México Regula lamentan que la mayoría de la Cámara de Diputados y el Senado que se dijo a favor del cambio y de la transformación no tenga el compromiso por cambiar la política de drogas en el país, como además lo prometieron en campañas. Cabe recordar que este tema se incluye en el Plan Nacional de Trabajo 2019-2024 de AMLO, en donde se especifica que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición”. 

No obstante, durante los tres años que se ha llevado la discusión de este tema, Marina Sevilla destaca que, en vez abrir los derechos a más personas y hacerlos más amplios, se han ido restringiendo con cada modificación y en detrimento de las personas usuarias de cannabis, y acusa que con cada proceso en ambas cámaras la industria pasó de tener un formato en principio muy limitado a uno mucho más abierto, por lo que más que asegurar derechos busca crear un mercado.

Además, el panorama también evidencia que el Senado no quiere cumplir con la sentencia de la Corte ni concluir con este proceso legislativo, que para Mariana Sevilla no tiene un grado de complejidad tan alto pues mientras el Congreso de la Unión aprueba reformas más complejas como la creación de un padrón con datos biométricos para que usuarios puedan acceder a una línea telefónica o una nueva ley para la Fiscalía General de la República, “en tres años no han podido regular [respecto a] una planta”. 

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Este desacato por parte del Senado puede tener sanciones, explica la diputada Martha Tagle, pero la SCJN debe determinar cómo sancionar al Congreso por no cumplir, “por eso es que están valorando de última hora sacar lo que fuera o pedir la prórroga”, y eso solo se podrá saber hasta que llegue el 30 de abril. Es importante destacar que la Ley de Amparo, en su artículo 192, establece que la SCJN puede otorgar otra prórroga debido a la complejidad o dificultad de un tema, argumento que Ricardo Monreal citó cuando dejó ver la posibilidad de pedir otro plazo para regular el uso lúdico del cannabis. 

“Nosotros [y nosotras] (…) tenemos la esperanza [de que no se pida la prórroga] hasta el último día, [esperamos] que pueda aprobarse así como está y entrar en vigor próximamente. Hasta que no se fije esa prórroga, el reclamo va a ser: no más prórroga, que ya no se pida más tiempo”, concluye Mariana Sevilla. 

*Foto de portada: Marlene Martínez