Itxaro Arteta

Cuando Aïssata Si González terminó la carrera de Medicina, una amiga suya tuvo un embarazo no deseado y decidió interrumpirlo. La ayudó a investigar qué tenía que hacer y a tener una receta para comprar el medicamento necesario, misoprostol. Pero ahí se dio cuenta de que quienes ofrecen acompañar abortos suelen ser feministas y no médicas, así que se sintió con la obligación moral de hacer algo.

Aunque los grupos feministas están reconocidos para hacer esa labor por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), aclara, al toparse con los mitos y desinformación que promueven grupos antiaborto decidió aprovechar su mayor conocimiento de las medicinas y sus efectos para orientar a mujeres, difundir información confiable y desmentir fake news sobre el tema en redes sociales, lo que después se convirtió en la página Medicina por el Derecho a Decidir.

Seis años después y ya dedicada de tiempo completo a auxiliar a entre 25 y 30 mujeres al día, se enfrenta a que un estudiante de Derecho de Puebla anunció el pasado viernes que las denunció legalmente a ella y a una de las 13 chicas de su red de acompañamiento por “promover” la interrupción del embarazo.

Aïssata dice en entrevista que no le importaría si de verdad pudieran juzgarla por lo que hace; lo que importa es que se discuta que los abortos no deberían ser considerados ilegales. Una discusión que justamente se está llevando en el Congreso del Estado en parlamento abierto (es decir, con participación ciudadana).

La médica explica que la mayoría de los procedimientos se realizan en casa, justo así, con un medicamento y el seguimiento adecuado, y que es absurdo cómo pretenden acusarla, ya que si bien practicar un aborto está criminalizado, dar acompañamiento no.

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“La Ley federal dice que se penaliza a quien cause aborto, porque esa ley es de mil novecientos treinta y tantos, cuando los abortos se hacían instrumentados, y esto me lo han dicho muchísimos abogados, pero ¿cómo van a comprobar que una mujer compró las pastillas de misoprostol, se las introdujo y abortó, si no hay evidencia de nada, todo sería circunstancial? Y la siguiente cuestión es, ¿y qué sería ‘causar’ el aborto? Porque si tú agarras las pastillas y tú se las metes en la boca, pues tú lo estás causando; pero si tú solo estás del otro lado de la línea dando una consulta de telemedicina, diciéndoles cuáles son las características de un aborto seguro y cuáles son los datos de alarma, pues ¿qué te pueden hacer?”, señala.

El Código Penal de Puebla castiga actualmente con uno a tres años de prisión a la mujer que tenga un aborto voluntario y “al que hiciere abortar a una mujer”, excepto si el embarazo fue por violación, pone en peligro la vida de la embarazada o el producto tiene graves malformaciones.

Este año ya hay una carpeta de investigación abierta en el Estado por este delito en enero pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2020 se reportaron 6, una cifra menor al 1% de las 633 registrada en todo el país.

Una investigación publicada recientemente por CIMAC reveló que de 2009 a 2019 fueron sentenciadas 11 mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con información entregada vía transparencia por el Tribunal de Justicia del Estado, aunque hubo otras seis mujeres encarceladas por “homicidio en razón de parentesco”, que se castiga con más de 20 años de prisión.

Aïssata asegura que el hecho de que el aborto esté considerado ilegal no ha detenido a ninguna mujer que no quiera tener un hijo a tomar acciones para evitarlo y lo que está pasando en Puebla —donde ya ni siquiera vive— es que están viajando a la Ciudad de México a acceder a abortos legales. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital, Puebla es la segunda entidad, después del Estado de México, de donde más usuarias acuden a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): mil 458 mujeres de 2007 a diciembre de 2020.

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*Foto de portada: Olga Valeria Hernández