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Goma de opio, una alternativa para los y las campesinas en pandemia
Durante el año de pandemia por COVID-19 el negocio para las y los campesinos productores de goma de opio representó una alternativa, revela la investigación multidisciplinaria del Proyecto Amapola
Por Pie de Página @
11 de marzo, 2021
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Vania Pigeonutt

La amapola sigue siendo una economía rentable para personas campesinas de las zonas sembradoras aún con la pandemia. No hay un precio absoluto en la oferta y la demanda, pero el negocio continuó con subidas y bajadas a pesar de que la seguridad económica por el COVID–19 disminuyó.

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Es una de las revelaciones del Proyecto Amapola, que busca desentrañar qué hay detrás del cultivo de amapola, trazando una línea del tiempo que abarca seis generaciones en Sinaloa y las cuatro de Guerrero. También, estudia casos puntuales de los estados de Durango, Nayarit y Chihuahua.

México es uno de los mayores productores de amapola ilegal en el mundo. Uno de los principales argumentos contra de la guerra contra las drogas que incluye la erradicación del cultivo, sin tener una estrategia para brindar condiciones de seguridad económica a habitantes de estos territorios.

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No hay estudios que permitan entender lo que representa el cultivo en el panorama social, económico, político y agrícola del país. Éste fue el punto de partida de la investigación del equipo multidisciplinario coordinado por Noria Research y conformado por México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego (USMEX), Revista Espejo y Pie de Página.

59 municipios amapoleros en el país 

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Foto: Cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

El estudio de los territorios donde se siembra amapola y quiénes son sus cultivadores abre una ventana que permite comprender realidades complejas de abandono institucional. A partir de la magnitud de destrucciones, el Proyecto Amapola identificó a un grupo de 59 municipios amapoleros.

Paul Frissard, analista de MUCD y autor del primer capítulo del dossier de seis -La flor más roja del campo. ¿Cómo encaja la adormidera en el panorama agrícola mexicano?- revela este dato y apunta que entre 2003 y 2019, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) registró destrucciones de amapola en 835 de los 2 mil 465 municipios del país.

El gobierno estadounidense afirma que en 2016 el país tenía 32 mil hectáreas de producción de opio, y 44 mil 100 en 2017. El Inegi identificó 2 mil 465 municipios en el marco geoestadístico integrado de septiembre de 2019, de acuerdo a este informe.

Las superficies que la Sedena destruyó son heterogéneas, de acuerdo con investigador. En algunos municipios superan las 20 mil hectáreas erradicadas en 17 años, como en Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Tamazula, Jalisco; General Heliodoro Castillo, Guerrero; Badiraguato, Sinaloa, y Ayutla de los Libres, Guerrero.

El caso de Aytula de los Libres fue particular, porque “concentra niveles atípicamente altos de erradicación de amapola registrados entre 2003 y 2006. De hecho, algunos estudios argumentan que las áreas que la Sedena declara haber destruido en el municipio durante ese período no se corresponden con la realidad, y se utilizaron como justificación para realizar operaciones de contrainsurgencia”, hallaron los investigadores Pierre Irene Álvarez y Frissard.

En cuanto al uso del suelo, la mayoría de estos territorios están cubiertos por bosques y selvas (74% de la superficie), mientras que la agricultura ocupa solo el 15% de la superficie total (frente al 19% a nivel nacional).

La investigación también revela que la droga es un recurso ilegal que perturba los equilibrios sociales y económicos. El boom de la economía amapolera a partir de los años 1980-1990 representa un giro brutal que trastornó las perspectivas de trabajo, las relaciones entre espacios rurales y urbanos, y la forma en que se relaciona el Estado mexicano con sus márgenes”.

Ese boom de la amapola está asociado también con las reformas del Estado mexicano en esas décadas. El punto culminante fue la firma del Tratado de libre comercio (TLCAN-1994) que transformó ciertas regiones en potencias agrícolas regionales e internacionales, mientras que otras, como Guerrero, se convirtieron cada vez más en proveedoras de mano de obra.

 

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*Foto de portada: Cortesía Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

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