Lado B
Con el Ejército todo, sin la Marina nada
Por Roberto Alonso @rialonso
23 de marzo, 2021
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Para sorpresa de muchos, incluidos simpatizantes y votantes suyos, un actor que lejos se encontraba siquiera de un papel de reparto en el libreto original ha obnubilado a otros personajes y se ha apoderado de la narrativa de la historia de la Cuarta Transformación. De la periferia que tenía augurada se ha trasladado al mero centro. La pregunta ya no es por qué ha sido así, lo cual apunta a una trama de explicaciones causales, sino para qué, colocando el propósito de esta incursión en el núcleo del argumento.

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De acuerdo con un recuento reciente realizado por El Universal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encargado a las Fuerzas Armadas al menos 27 tareas que anteriormente se encontraban en manos de civiles. La aparición de soldados y marinos en los capítulos de la 4T ha sido creciente en cada una de sus temporadas, pero los episodios más recientes parecerían abrir una nueva trama: la del verde olivo como el equipo heredero del poder que hoy domina el juego desde Palacio Nacional.

Hace menos de un año, en julio de 2020, el mismo diario documentaba que el Ejército y la Marina habían asumido 13 tareas adicionales a la de seguridad pública, de suyo cuestionada, incluyendo ya para entonces labores de construcción de obra pública, apoyo en programas sociales y capacitación policiaca. Al día de hoy, según el acumulado vigente, no queda duda de que el presidente ha acudido a las Fuerzas Armadas para blindar su proyecto político.

Así, la decisión de entregarle al Ejército la propiedad del Tren Maya y a la Marina parte del control del Corredor Interoceánico, dos de las obras insignia de López Obrador, no sólo confirman el rol protagónico de estas instituciones en el guion de la 4T, sino que advierten sobre el actor con el que habrán de librarse las disputas por el territorio.

El uso de las Fuerzas Armadas como garantes de la continuidad del proyecto político de la 4T frente a intereses económicos —el presidente ha dicho que escriturar el Corredor Interoceánico a nombre de la Marina y los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz tiene como finalidad garantizar que este proyecto “siempre esté bajo el dominio de la Nación”— es indicativo de la amenaza que suponen las fuerzas del mercado en este tipo de desarrollos. Pero frente a comunidades y pueblos indígenas que defienden su territorio en ejercicio de su derecho a la libre determinación, resulta desproporcionado y peligroso.

El expediente de las Fuerzas Armadas en materia de represión, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles no es un expediente en blanco; tampoco lo es en aquello que tiene que ver con corrupción y opacidad. Por ello es que resulta alarmante el empoderamiento de soldados y marinos sin controles civiles y, peor aún, sin discusión pública.

Ante este déficit democrático, cobra relevancia el llamado urgente que ha hecho el colectivo Seguridad Sin Guerra a las 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los asuntos relacionados con las leyes secundarias de la Guardia Nacional, impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el acuerdo emitido por el presidente hace ya casi un año, en mayo de 2020, para otorgarle facultades policiales al Ejército y a la Marina hasta marzo de 2024.

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La reforma constitucional que en marzo de 2019 le dio vida a la Guardia Nacional —cuyo consenso se logró en torno a un mando civil que hoy en día no existe— incluyó un mecanismo de desmilitarización de la seguridad pública con fecha límite del 27 de marzo de 2024. Para esa fecha tendrían que estar en funciones una Guardia Nacional plenamente civil, como lo dicta la Constitución, y policías locales fortalecidas en su tarea de resguardo de la seguridad pública. Por tales razones preocupa el silencio que hasta ahora ha guardado la Corte alrededor de estos temas.

Pero además, en un afán deliberativo que aporta contenido democrático, el colectivo Seguridad Sin Guerra llama al máximo tribunal a que, previo a la discusión, “se realicen audiencias públicas para que las ministras y ministros escuchen a las víctimas de la guerra, a especialistas y representantes del estado (sic), a fin de que conozcan de forma pública y de cara a la sociedad, la evidencia empírica sobre los impactos de la militarización de la seguridad pública y del incumplimiento de las obligaciones para lograr la desmilitarización del país”.

Si no se logra esto por lo que hace al papel inédito de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, poca esperanza habrá para desafiar y desactivar el poder expansivo de las instituciones castrenses en la vida pública del país, menos aún si a medida que avanza la historia de la 4T, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el dispendio y el poder económico, sigue siendo desplazada por la militarización y el militarismo.

*Foto de portada: Presidencia de la República Mexicana | Flickr

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Autor Lado B
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
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