Entre los cambios al decreto anunciados por Protección Civil se encuentran: la ampliación del cierre de toda actividad comercial y de servicio a las 21 horas; la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se reduce de viernes a domingo; y el servicio de alimentos preparados en restaurantes, cafeterías, fondas, torterías y taquerías podrá operar con servicio en salón al 20 por ciento de su capacidad; las áreas de comida rápida en centros comerciales podrán operar al 20 por ciento de su capacidad y con un tiempo de estancia máxima de 40 minutos.
Aunque está lejos el día de muertos, tenemos un interesante caso de ultratumba que documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pues la SEP pagó salario a 87 personas que fallecieron durante el 2019 -o incluso antes- por la cantidad de 2.8 millones de pesos.
Y es que la ASF le puso números a las irregularidades en el pago de la nómina magisterial durante el periodo del gobierno interino del priista Guillermo Pacheco Pulido y los primeros meses de la administración que encabeza el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta: 43.6 millones de pesos se destinaron al pago irregular a personas que ya habían muerto, que habían solicitado licencia, que trabajaban en la administración pública y también a delegados y delegadas sindicales.
La violencia familiar incrementa año con año en Puebla y los datos respecto a los programas emprendidos para prevenirla, así como sus resultados, no son de acceso público. Esta información no está disponible en los apartados de transparencia de las instituciones, y al ser solicitados directamente a las y los funcionarios, estos piden que se agote la vía de solicitud de información para acceder a ellos, pese a que muchos tienen plazos de suspensión debido a la pandemia por COVID-19.
El problema no es sólo que no exista información pública respecto a la prevención de la violencia, sino que en los casos en donde ya hay denuncias de por medio, tampoco hay un seguimiento para garantizar la seguridad de las víctimas.
En México el crimen organizado separados a niños y niñas de sus familia para convertirlos en el “último eslabón” de la cadena de violencia; es decir, individuos que se pueden intercambiar fácilmente
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), pide que estos menores de edad implicados en delitos sean tratados como víctimas.
Todas las personas que hacemos LADO B deseamos que tengas una excelente semana. Saludos.
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