¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de la transparencia?, preguntó el presidente el pasado 4 de enero, en su primera mañanera del año. ¿O no puede pasar esa función a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?, agregó unos días después al tiempo de reprochar el carácter autónomo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La respuesta es clara y definitiva: no. No puede hacerlo esa secretaría ni tampoco la auditoría o la fiscalía a las que se refirió. Y no lo pueden hacer porque el INAI —lo dice la Constitución— tiene competencia para conocer de casos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier entidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y en general de cualquier persona, física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, con excepción —la única— de la Corte. El INAI, de hecho, puede conocer y resolver asuntos de los estados por iniciativa propia, de ahí que el sentido común del mandatario topa con pared y esconde más de lo que anuncia.

¿O es que basta estar del lado correcto de la historia para regresar a aquellos tiempos en los que las autoridades bajo escrutinio eran juez y parte a la hora de tutelar derechos? 

La acometida contra el INAI no parecía parte del libreto inicial del 2021. En su primera conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador listó los temas de su encuentro con los medios y entre ellos no figuraba lo que cuatro días después se trataba ya de una reforma administrativa en el léxico del presidente. Fue, de hecho, en respuesta a una pregunta sobre los legisladores plurinominales, que el Ejecutivo federal se acogió a la reducción del gasto en el gobierno y lanzó su nueva ofensiva hacia los organismos autónomos, incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a los órganos reguladores del sector energético y, erróneamente, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Y así, dándole un giro al guion, López Obrador terminó decretando que es más importante la austeridad que la defensa de derechos, pero se equivoca. Podrá tener razón en la importancia que tiene eliminar los gastos superfluos en el gobierno, donde carece de ella es en justificar la desaparición de una institución que ha sido producto de conquistas ciudadanas con el argumento sobado y a conveniencia de la austeridad republicana.

Su otro razonamiento tiene que ver con la simulación en el combate a la corrupción a través de la arquitectura institucional con la que cuenta el país. Más allá de la estridencia, esta crítica vale tanto para el INAI como para cualquier otra institución autónoma que —la mayoría de las veces capturadas por el propio gobierno o por poderes fácticos— han quedado a deber en más de una ocasión. Con todo, esto tampoco justifica su eliminación y sí, en cambio, la urgencia de fortalecerlas y ciudadanizarlas.

Más aún, preocupa que la expectativa de López Obrador en torno a esta “reforma administrativa” —en realidad tendría que ser una reforma constitucional— solicitada a distintas secretarías de su gobierno, sea que “haya debate, como fue con los fideicomisos”. Una discusión que si por algo se caracterizó fue por los oídos sordos de las y los legisladores a los reclamos ciudadanos.

¿Qué explica entonces la última embestida del presidente hacia organismos como el INAI? Responder señalando que se trata de una medida más para generar ahorros y proveer de mayor bienestar al pueblo por la vía de la disminución del aparato burocrático es quedarse corto y autoengañarse. La narrativa en contra del dispendio de recursos enmascara la intención de concentrar todavía más el poder; es la fórmula, no el resultado. Si el presupuesto es insuficiente, toca repensar la política fiscal, no cercenar derechos. Por otra parte, si el propósito es realmente el bienestar, la salida no puede ser otra que la de fortalecer aquellas instituciones que garantizan derechos y acotan el margen de la arbitrariedad y la discrecionalidad del poder. 

El INAI es, ante todo, un organismo garante de dos derechos fundamentales: el derecho a saber y el derecho a la privacidad, pero también es un contrapeso del poder y lo es precisamente por su autonomía constitucional, condición indispensable para desempeñar su labor con independencia y capacidad técnica. Ese es su diseño institucional, perfectible en la práctica, susceptible de mejoras, definitivamente necesario en su naturaleza.

*Foto: INAImexico | Twitter