Contra toda sospecha, el Congreso de Puebla nombró al nuevo comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) privilegiando criterios técnicos de conocimiento, trayectoria y experiencia en la materia. En unas semanas más, los primeros días de enero, Francisco Javier García Blanco relevará a Carlos Germán Loeschmann Moreno en el pleno de este órgano garante por un periodo de seis años.

El proceso de designación que condujo la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información quedó lejos de ser un proceso ejemplar, pero sin duda representó un avance en comparación con otras designaciones públicas realizadas por legislaturas anteriores e incluso por la actual. Sin ir muy lejos, bastaría con mencionar la designación que hizo esta LX Legislatura para nombrar al nuevo ombudsperson y al nuevo auditor.

El proceso deja aprendizajes, buenas prácticas y áreas de oportunidad; y esto se debe tanto a la apertura como a la disposición a escuchar a actores ciudadanos interesados en contribuir en este ejercicio que mostró la presidenta de esta comisión legislativa, la diputada Mónica Lara Chávez.

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Poco trascendió, pero el instrumento técnico de evaluación con el que las y los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información evaluaron 20 rubros de las y los aspirantes luego de sus comparecencias, fue propuesto por organizaciones de la sociedad civil de Puebla. En realidad, las organizaciones planteamos dos cédulas de evaluación, una para evaluar los documentos presentados por las y los contendientes, y otra para evaluar sus comparecencias. Lo que hizo la comisión legislativa fue integrar los 20 criterios en una sola cédula.

La incorporación de este instrumento técnico de evaluación, construido a su vez con base en experiencias de designaciones públicas que han tenido lugar a nivel nacional y en otras entidades, junto con la invitación hecha a representantes de universidades para participar como observadores de las comparecencias por conducto de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, son dos buenas prácticas a mantener en este tipo de decisiones legislativas. Ambas confirman la posibilidad y la riqueza de llevar a buen puerto procesos de designación abiertos y acompañados por la ciudadanía.

Aun así, este proceso dejó al descubierto otro tipo de prácticas que deben ser corregidas en futuros ejercicios, si de avanzar en esquemas de mayor participación y deliberación se trata.

El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información; el Nodo de Transparencia; el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos; el Observatorio Designaciones Públicas y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, que siguieron de cerca el proceso, visibilizaron en días pasados cuatro áreas de oportunidad.

En primer lugar, si bien se cumplieron las etapas y los plazos contenidos en la convocatoria, en la etapa final de las comparecencias los tiempos marcados impidieron una participación ciudadana más robusta. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información dio apenas un día hábil a las coordinaciones de los grupos parlamentarios para invitar a especialistas de universidades y organizaciones sociales, así como un día hábil más para que estas personas propusieran preguntas a ser formuladas a las y los aspirantes. Esto derivó en que solamente participaran como observadores de las comparecencias tres especialistas de nueve posibles.

En segundo lugar, es necesario subrayar que el mecanismo de participación ciudadana elegido tuvo un carácter pasivo. La participación consistió únicamente en presenciar las comparecencias y formular máximo cinco preguntas por especialista, las cuales fueron depositadas en la urna de la que se seleccionaron las interrogantes formuladas a las y los aspirantes. Para avanzar con mecanismos más colegiados e inclusivos en futuros ejercicios, lo ideal es que la participación sea activa, lo que en este caso hubiera supuesto que las personas representantes de las universidades convocadas llenaran también la cédula de evaluación y fueran parte de la deliberación posterior para integrar la terna presentada al pleno.

En tercer lugar, el proceso destacó por hacer público el acuerdo relativo a la verificación de la documentación de las y los aspirantes y al instrumento técnico empleado para su evaluación. Sin embargo, no se hicieron públicos los expedientes de las y los contendientes, ni tampoco las evaluaciones de las y los diputados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información; de hecho, no se contó con un micrositio para difundir este tipo de información, quedando a deber en términos de transparencia y máxima publicidad.

En cuarto y último lugar, no hubo tiempo suficiente para una evaluación exhaustiva de las y los aspirantes, además de que, aunque la evaluación se caracterizó por efectuarse con criterios objetivos, no se hizo de manera participativa ni transparente.

Como concluyeron las organizaciones mencionadas en su posicionamiento público sobre esta decisión legislativa, “avanzar en esta ruta abona en la construcción de legitimidad de origen y confianza ciudadana”. A ello apunta la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia que el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla presentó el pasado 31 de julio en la sesión de Parlamento Abierto de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso de Puebla; iniciativa que esta comisión aprobó por unanimidad el pasado 11 de diciembre para presentar al pleno en el siguiente periodo legislativo que iniciará en enero de 2021.

*Foto de portada: Foto: Itaipue