La toma del INPI y el derecho a la libre determinación
El derecho a la libre determinación ha puesto en jaque al gobierno de la 4T y su relación con los pueblos originarios
Por Roberto Alonso @rialonso
24 de noviembre, 2020
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Hace más de un mes que la comunidad otomí de la Ciudad de México mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El asunto no ha jalado los reflectores como lo hizo la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero aunque de esta toma se hable poco, es igualmente reveladora de un problema mayor que bien lo sintetizó recientemente David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso, en un conversatorio sobre libre determinación: la 4T ha devenido en 4D, con “d” de decepción.

Las y los indígenas del pueblo otomí que conmemoraron el pasado Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre) ocupando el edificio que alberga al INPI en la Ciudad de México, demandan a las autoridades vivienda, trabajo y servicios básicos. Ellas y ellos son originarios de la comunidad de Santiago Mexquititlán del municipio queretano de Amealco, y residen en la capital del país desde hace más de 20 años, mismo tiempo en el que han luchado por poder acceder a un techo digno sin resultados, viviendo en inmuebles abandonados y deteriorados o en campamentos irregulares.

Este, no obstante, es apenas el síntoma de un conjunto de problemas que sumariamente los expresó hace unos días Isabel Valencia, mujer otomí, en la celebración de los 37 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde la toma: “ya basta de tantas imposiciones”.

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Es la violencia en las comunidades indígenas, la división por la vía del uso condicionado de los programas sociales, el racismo, el despojo de su territorio, la persecución y el asesinato de líderes comunitarios, la simulación y el engaño en procesos de consulta, así como el avance de los megaproyectos, el mar de fondo de la protesta. No por menos el Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena se ha solidarizado con esta acción, asumiendo como propia la lucha de la comunidad otomí.

Y es el derecho a la libre determinación –ese que se ejerce sin pedir permiso, como lo recordó la vocera del gobierno comunitario de Chilón, Chiapas, Elvira Gómez, en el mismo conversatorio mencionado– el que ha puesto en jaque al gobierno de la 4T y su relación con los pueblos originarios.

El INPI es la instancia gubernamental que tiene como misión “impulsar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, basada en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales como sujetos de derecho público.” Sin embargo, a dos años del inicio del gobierno de la autodenominada 4T, no se le puede ubicar sino como un nuevo rostro del neoindigenismo cuya pauta es la del control de los pueblos, no la del reconocimiento y el respeto. Un rostro, por cierto, en crisis.

Como recuerda Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, Andrés Manuel López Obrador prometió el 1 de diciembre de 2018, al arrancar su gobierno, que no permitiría proyecto alguno que dañara el medio ambiente o supusiera la contaminación de ríos, suelos y aires; por su parte, el titular del INPI, Adelfo Regino, se comprometió al inicio de su gestión a aumentar el presupuesto de esta institución y retomar los Acuerdos de San Andrés. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario.

Basta retomar la petición que hace tres años hicieran los gobiernos comunitarios de los municipios chiapanecos de Chilón y Sitalá al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) con la finalidad de ejercer su derecho a la libre determinación, autogobernándose bajo su propio sistema normativo, para ilustrar la importancia que los gobiernos de la 4T confieren a estas luchas, o bien, la razón por la que la 4T ha pasado a ser 4D en más de un ámbito. En territorio tseltal, por ejemplo, a pesar de que una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas obligó al IEPC a realizar la consulta respectiva, la 4T mueve poco para frenar la postergación de derechos.

No es, entonces, la solución a las necesidades de vivienda, trabajo, salud y educación lo que podría desahogar los reclamos que llevaron a la toma del INPI, sino la contradicción del gobierno en su atención a la trama de exigencias de las comunidades indígenas. Mientras López Obrador demanda a la corona española pedir disculpas a los pueblos indígenas, su gobierno impulsa la reactivación del Proyecto Integral Morelos en complicidad con capital de dicho país. Una simulación como la del proceso de consulta del Tren Maya, que mucho indigna y decepciona.

 

*Foto de portada: Gobierno de México

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Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.