Mely Arellano | Ray Ricárdez

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Prácticamente la mitad (47.2 por ciento) de las muertes violentas de mujeres que se cometieron en Puebla en 2019 fueron clasificadas como feminicidio, de acuerdo con el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México 2020 de la organización de la sociedad civil, Impunidad Cero.

Es decir, de 127 muertes violentas sólo 60 fueron clasificadas como feminicidios y 67 como homicidios dolosos, pese a que los instrumentos internacionales sugieren que “como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un feminicidio, con el fin de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación”, destaca el informe.   

Las cifras analizadas por Impunidad Cero provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y de solicitudes de información; y, al menos en cuanto al número de víctimas de feminicidio, el dato oficial difiere del que han registrado algunas organizaciones, como el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla, que en 2019 contó 79 probables casos.

Al respecto Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), lamenta que aunque en el estado se generó un protocolo para investigar el feminicidio, justamente una herramienta para clasificar el delito, ningún ministerio público lo quiere utilizar “por machismo, por desconocimiento o por hacer las cosas como siempre”.

Sin transparencia 

Otro dato que revela en el informe de Impunidad Cero es que no hay cifras sobre sentencias de feminicidio emitidas en 2019. Es decir que pese a haber hecho una solicitud de información, en este caso al Tribunal Superior de Justicia, esta no se ha procesado. De modo que se ignora el grado de impunidad sobre este delito.

LADO B ya había consignado que tampoco de enero a junio del 2020 hay datos sobre el estado que guardan las 35 carpetas de investigación (CDI) iniciadas por feminicidio hasta entonces, por la Fiscalía General del Estado (FGE), o si se había emitido alguna sentencia. 

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Muchas entidades federativas siguen resistiéndose a proporcionar información, dice Ana Yeli Pérez, abogada y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). “Esta no debería ser recabada con solicitudes —explica— sino que debería ser información pública, ya que sin estos datos podrían incurrir en una irresponsabilidad en cuanto a acceso de información y transparencia”. 

En entrevista para LADO B, la abogada advierte además que esta información debe ser más analizada, pues hay datos que son importantes para diseñar política pública de prevención. 

Sin perspectiva de género 

Foto: Marlene Martínez

En el análisis que hace Ana Yeli Pérez sobre el informe de Impunidad Cero destaca la falta de perspectiva de género que tiene el personal de las Fiscalías, incluyendo la de Puebla. Por ejemplo, explica que la atención a un caso de robo no puede ser equiparable a la que se tiene que dar a un feminicidio, donde debe haber una atención especial.

Tampoco hay peritajes bajo esta perspectiva, continúa la abogada, pues es una disciplina influenciada por machismos y omisiones. Y ocurre lo mismo en el caso de personal médico que participa en las necropsias, policías, entre otras personas involucradas en el caso, lo cual desde luego impacta en la investigación. 

Los pocos casos que llegan a la etapa judicial, detalla Ana Yeli Pérez, también se enfrentan a criterios judiciales sin perspectiva de género, invisibilizando las violencias y ayudando a la ruta de la impunidad: “Todo eso es lo que está detrás de esas cifras (del estudio)”. 

Para Natalí Hernández debe haber una línea clara de investigación basada en la implementación de protocolos con perspectiva de género en favor de las víctimas, con toda la presunción de que la situación de la violencia contra mujeres se puede agravar. 

Tampoco hay interés

Foto: Marlene Martínez

El estado de Puebla se mantiene en un panorama violento contra niñas y mujeres, denuncia Natalí Hernández, directora de Cafis, debido a que una de las dificultades que ha enfrentado el tema de los feminicidios es el contexto político, pues los compromisos han sido temporales, de acuerdo con las administraciones que ha habido.

Prueba de este desinterés es que en el estado solo hay una agencia especializada en delitos contra mujeres y una contra feminicidios. Además de que sólo hay un policía ministerial por cada 100 mil habitantes (siendo el quinto peor en el país), y 2.1 peritos por cada 100 mil habitantes (el segundo peor del país).

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Y aunque el gobernador Miguel Barbosa ha dicho que se trata de “un asunto nacional” derivado de la falta de recursos públicos para mejorar las condiciones y el funcionamiento de las fiscalías, aseguró que “cada año le aumentamos” al presupuesto para incrementar el número de ministerios públicos, policías y jueces.

Sin embargo, para Natalí Hernández ya “se han gastado suficientes recursos en capacitaciones, sensibilización, en elaboración de protocolos y en este punto se debe valorar si esa es la estrategia correcta”, señala y apela a un mecanismo de evaluación de las instancias de impartición de justicia. 

Lo primero que se tendría que hacer, considera, es transformar el discurso del gobierno del estado que ha deslegitimado, entre otras, las denuncias de mujeres desaparecidas, mientras “seguimos acumulando expedientes y casos de familias que no pueden acceder a la justicia”, dice la activista.

Fallas estructurales

Foto: Marlene Martínez

Puebla tiene Alerta de Género declarada, recuerda Ana Yeli Pérez, sin embargo los procedimientos de investigación y atención a víctimas invisibilizan un contexto complejo que se relaciona con las cifras. La posición geográfica del estado y su cercanía con Tlaxcala y el Estado de México (que presentan números graves de violencia de género) son un factor clave, considera.

“(Puebla) no es una burbuja y no está aislada; juega un papel en ese contexto geográfico” advierte y, en efecto, el estado tiene altos índices de desapariciones en niñas y mujeres, siendo un claro reflejo de esta estructura de violencia machista no atendida por el Estado, dice la abogada. 

Otras problemáticas que detecta es el desinterés de las y los servidores públicos en las denuncias, sus capacidades técnico-operativas que dificultan la atención a víctimas (como los largos periodos de tiempo para resolver un caso) y económicas (falta de recurso para contratar, por ejemplo, más personal) para llegar a la prevención de estos delitos o, en su defecto, a la impartición de justicia.

A lo anterior se suma la falta de capital humano para ejercer justicia. Las fiscalías, explica Pérez, tienen la dificultad de dar resultados efectivos a raíz de que hay pocos ministerios públicos. En Puebla, de acuerdo con el informe, existen 5.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, y cada uno de ellos tiene 162.3 carpetas de investigación a su cargo. 

Esta sobrecarga y la falta de capacitación provocan malas prácticas que a su vez impactan en la pérdida de evidencia e información que podría ser útil en la investigación y que, en muchas ocasiones, es imposible recuperar, pues a veces la búsqueda de testigos se inicia después de meses, o no se hace la exploración al cuerpo de una víctima “con debida diligencia”, lamenta la abogada.

Justicia provisional 

Y aunque se desconoce el número de sentencias por feminicidio que hay en el estado, Ana Yeli Pérez recuerda que no siempre “son definitivas, ya que pueden transcurrir hasta ocho años para que un imputado promueva su amparo y por fin, un tribunal colegiado le dé sentencia definitiva por este delito, lo que genera incertidumbre en las víctimas o familiares”.

“Es justicia provisional”, sentencia la abogada y destaca los esfuerzos de las organizaciones feministas para revertir esa situación: “Hablar de sentencias condenatorias definitivas por femicidio es un logro de nosotras”. 

Para Natalí Hernández de nada sirve tener un delito penal tipificado (feminicidio) si no hay sanciones, la tipificación existe para que el Estado sancione y aproveche para enviar un mensaje de cero impunidad. 

Ana Yeli concluye, además, que tener sentencias no significa prevenir el feminicidio. “Eso requiere de otros esfuerzos. El tipo penal del feminicidio sirve para dar verdad y justicia desde la perspectiva de género a las víctimas, pero la prevención va por otro camino”, advierte.

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Aquí puedes consultar el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México 2020, de Impunidad Cero