Datos obtenidos por el Instituto para la Gestión Administración y Vinculación Municipal (Igavim) y presentados en su informe “Carpetas de investigación iniciadas vs concluidas: estado de Puebla primer semestre de 2020”, hacen evidencia de que las cifras de la FGE tienen vacíos y contradicciones en la denuncia de al menos 13 delitos.

Tan solo el 24 de agosto, el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, declaró que el 80 por ciento de los feminicidios registrados habían sido judicializados. Sin embargo, los datos obtenidos vía solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado (FGE) demuestran que de las 35 carpetas de investigación (CDI) iniciadas por el delito de feminicidio en el lapso de enero a junio de 2020, ninguna ha sido concluida y no hay datos de que se haya emitido alguna sentencia.

Juan José Hernández, director del Igavim, señaló en entrevista para LADO B que es preocupante que la FGE no haya explicado por qué no hay datos de sentencias para estos casos de feminicidio, y en general, para ninguno de los 13 delitos analizados por la organización.

Además, enfatizó que, de las 30 mil 116 CDI iniciadas, referentes a todas las modalidades de delitos, se concluyó que en el 84 por ciento –es decir, 25 mil 313–, de acuerdo con el análisis desagregado de CDI iniciadas y concluidas, los datos no concuerdan.

Por otra parte, la organización detectó que siguen existiendo limitaciones en la atención y seguimiento de las denuncias que la ciudadanía presenta ante la Fiscalía.

Datos incompletos y contradictorios

En el informe realizado por el Igavim (con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública) se tomaron en cuenta las CDI iniciadas por 13 delitos: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación, robo a transportista y violencia familiar.

En total de esos delitos se iniciaron 21 mil 635 CDI, que representan el 70.9 por ciento del total de CDI iniciadas para todos los delitos de enero a junio de 2020, es decir 30 mil 116.

La Fiscalía señaló, en respuesta a la solicitud de información que realizó el Igavim, que de ese total se concluyeron 25 mil 313 carpetas, lo que equivale el 84.05 por ciento, sin embargo los datos desagregados en el informe revelan que de los 13 delitos tomados en cuenta, sólo se concluyeron 8 mil 799 carpetas (40.67%).

“No es posible [lo que dice la FGE] por el hecho de que tendría que estar casi concluyendo las 21 mil 635 CDI de esos 13 delitos”, explica José Hernández.

Es decir, aunque se hubieran resuelto las 8 mil 481 CDI restantes de los otros delitos no tomados en cuenta para este análisis del igavim, y se sumara las 8 mil 799 CDI concluidas por los 13 delitos que están desagregados en el informe daría un total de 17 mil 280 carpetas concluidas, lo cual no concuerda con lo que señala la FGE como el número total, que rebasa los 25 mil.

Por otra parte, el especialista señala que les preocupa que no les hayan dado ninguna información sobre las sentencias emitidas de enero a junio, “porque en las respuestas anteriores [para otros informes en otros años], siempre nos daban un número de sentencias, esta es la primera ocasión que ocurre que no hay registros en ese sentido”.

Asimismo, señala que el hecho de que haya datos contradictorios e incompletos es algo que puede confundir mucho a la ciudadanía, “lo que queremos es que ellos transparenten las causas por las cual no se identificaron estos registros [de sentencias] y si ellos ya no van a dar esta información de sentencias y sólo le va a competir al tribunal, bueno que lo hagan [saber] de manera pública también”.

Otro de los problemas de que no haya una aclaración respecto a el número de sentencias es que no se puede hacer una comparativa con respecto al desempeño de la FGE  referente a la CDI concluidas entre el primer semestre de este año respecto al anterior.

“Generalmente hacemos esa comparativa. No la podemos hacer ahorita porque no tenemos ese registro de sentencias. Se podría hacer una valoración en cuanto al número de carpetas que se han determinado o concluido en ambos semestres, pero sí es necesario tener el rubro de sentencias para determinar si hubo un avance” menciona Juan José Hernández.

Debido a esta falta de información, y aunque continúan esperando la justificación de la FGE, la organización solicitará los datos de sentencias directamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Determinación de no ejercicio de la acción penal en la mayoría de CDI concluidas

Otro de los datos que revela el informe es que el mayor número de carpetas de investigación determinadas o concluidas durante el primer semestre del 2020 (33.65%), es decir 7 mil 281 de los delitos analizados, fueron clasificadas como Determinación del no ejercicio de la acción.

Esto significa que antes de la audiencia inicial (del proceso penal), el Ministerio Público podrá decretar, siempre que se cuente con la previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delega la facultad, el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que hay alguna de las causales de sobreseimiento (que determinan no se puede continuar con la investigación) previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las causales de sobreseimiento son: el hecho no se cometió, el hecho cometido no es un delito, la inocencia del imputado es clara, el imputado está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación, se extingue la acción penal (se agotó el tiempo), una reforma elimina el delito, el hecho fue discutido en otro proceso penal, o muerte del imputado. 

En los delitos de robo con violencia (633 de 6 mil 354), robo de vehículo (mil 613 de 5 mil 491) y violencia familiar (2 mil 173 de 4 mil 736), de acuerdo con los datos de este informe, hubo mayor número de CDI en comparación con los otros 10 delitos analizados, determinadas como no ejercicio de la acción penal del total de denuncias iniciadas.

Persiste falta de atención y seguimiento de denuncias por parte de la FGE

Una de las conclusiones que presenta este informe realizado por el Igavim refiere que aún persisten limitaciones en el seguimiento y la atención a las denuncias realizadas. 

“Uno de los indicadores que utilizamos para manejar que existen limitaciones, es [tomar en cuenta] las quejas y las manifestaciones que acontecen [frente a la FGE] por la falta de respuesta, de seguimiento [en sus casos]”, sumado a esto ha detectado que hace falta tacto y prontitud para dar solución en los casos de feminicidio, explica el especialista.

Tan sólo en las últimas cuatro semanas han habido tres protestas frente a la FGE de Puebla, una el 26 de agosto realizada por grupos de feministas por los casos de feminicidios y el aumento de violencia de género durante la pandemia, otra el 28 de agosto por los crímenes de odio y el transfeminicidio de Samantha Rosales, y una más el 8 de septiembre por la falta de avances en los casos de desaparición de África Quiroga, Aurelio Solís y Roberto Hernández.

Por otra parte, de acuerdo con el director del Igavim, algunas personas se han acercado a comentarles que en la FGE “se había cerrado su caso sin darle un seguimiento, porque no había las condiciones suficientes, las pruebas suficientes, porque les determinaron que no correspondía al hecho”.

Otra de las cosas que las personas les han comentado, es que las autoridades les dicen que la investigación va a tardar mucho tiempo, para que dejen de prestar atención al proceso, entonces cuando la persona que denunció pregunta por el avance de la investigación les dicen que ya se archivó, que no hubo pruebas suficientes, o se deja en archivo temporal.

*Foto de portada: Marlene Martínez