A principios de 2017 en LADO B construimos una base de datos con 35 empresas que tenían en común correos electrónicos, números de teléfono y representantes legales. Y la construimos rascando información que había en los padrones de proveedores gubernamentales, del estado y de algunos municipios, incluso de la BUAP.
En ese momento era el indicio de una red de empresas, presumiblemente fantasmas, que recibían, lo supimos después, cientos de contratos de secretarías de gobierno y del ayuntamiento capitalino en tiempos del morenovallato, es decir, en los 8 años en los que Rafael Moreno Valle encabezó al grupo político que controló el estado.
Eran contratos pequeños en montos, el más grande no habrá rebasado los 2 millones de pesos, considerando la capacidad de gasto del gobierno estatal o municipal.
Y todos los contratos que logramos documentar en bases de datos como Compranet (usando como red de pescar la herramienta Contratobook) y búsquedas avanzadas de Google para expurgar páginas gubernamentales, tenían otra característica común, habían sido asignados en procedimientos cerrados: invitación a tres empresas, concurso por invitación o de plano asignación directa. Todos.
En 2018, cuando LADO B y Animal Político publicaron el reportaje, habíamos llegado a la cifra de 69.9 millones; hace unos días al revisar la información de la Plataforma Nacional de Transparencia la cifra se elevó a 115.9 millones de pesos, seguramente la cifra es todavía más alta, pues la SEP poblana aún no ha hecho públicos sus contratos con la red.
La semana pasada preguntaba si el nombre de Anibal Isaac Labastida Bernabé les sonaba de algo. El nombre de este señor fue detectado en el trabajo que hizo la reportera Alejandra Crail sobre la red de empresas y se publicó en un portal que hoy ya no existe, República 32. Alejandra habló con varios de los socios de la compañía y le dieron ese nombre como la persona que pudo usar sus datos en la constitución de las empresas.
Luego su nombre apareció en varios movimiento notariales, todos registrados en las oficinas del corredor público Orlando Flores Rodríguez —a quien por cierto busqué hace unos días para una entrevista pero no aceptó hablar—, de la red de empresas.
Y apareció también como uno de los eslabones que une a las empresas Goodman y Cohle, las empresas que la ASF detectó y confirmó como compañías de papel.
El 9 de febrero de 2017, Labastida Bernabé registró, esta vez a su nombre, otra empresa más, GD Innovations SRL de CV, y lo hizo, oh sorpresa, con el corredor público Orlando Flores Rodríguez. Con esa empresa consiguió contratos con entes públicos, por ejemplo este en 2018 con el gobierno del Estado de México.
Y las empresas fantasma llegaron al círculo más cercano del presidente. Este lunes y martes, el periodista Raúl Olmos, parte del equipo de investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló el uso de empresas de papel en la contratación de servicios, lo mismo para la logística de mítines en campaña que para imprimir periódicos militantes.
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