En las organizaciones que forman parte de la Red Aborto Seguro Saltillo y el Frente Feminista de Saltillo se han incrementado las solicitudes de acompañamiento por parte de mujeres que quieren interrumpir su embarazo. De 20 a 25 llamados que recibían cada semana a inicios de año, en los últimos meses han llegado a atender hasta 50 mujeres en el mismo lapso.

“La verdad es que ahora, por la pandemia (de la covid-19), se ha disparado muchísimo. Nosotras como redes somos autogestivas y, cuando una mujer no puede solventar el precio del medicamento, hacemos ‘vaquita’ y se lo compramos”, explica Manu Reyna, de la Red Aborto Seguro Saltillo.

La Secretaría de Salud (SS) de Coahuila solo tiene registros de egresos hospitalarios por aborto a partir de 2018, con mil 421; en el 2019 la cifra se redujo a mil 303, y hasta el mes de agosto de este año se registraron 723; en todos los casos las intervenciones se realizaron por indicación médica. Los archivos de años anteriores no fueron localizados.

De 2016 a julio de 2020, según la institución, hubo 35 casos de interrupción voluntaria del embarazo. “Fueron por causas de salud de la mujer o por alguna situación en el producto, como malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Nuestro registro no especifica si fue un aborto provocado; pudieron llegar con un aborto en evolución, pero difícilmente nos dicen si tomaron algo”, señaló Martha Alicia Romero Reyna, directora de Prevención y Promoción de la Salud de la SS.

Vía transparencia, la SS estatal respondió que hasta julio de 2020 se han realizado 53 abortos bajo la NOM-046. La institución solo registra los casos en los que se cumplió la norma, no en los que se negó; sin embargo, es posible inferir una disminución en su aplicación, ya que de 3 mil 682 abortos registrados en 2015, la cifra disminuyó casi el 80 por ciento en apenas cuatro años, pues en 2019 solo hubo 778 casos reportados. En su informe señala que no hubo defunciones maternas.

Organizaciones feministas y profesionales de la psicología que atienden a mujeres que se han enfrentado a la negativa del personal médico para interrumpir su embarazo coincidieron en que, por desconocimiento y por cuestiones morales, se les impide el derecho a abortar. Esto sucede por igual con adultas que sufrieron una agresión sexual o cuya salud estaba en riesgo, que con menores de 15 años, quienes deben considerarse víctimas de violación equiparada de acuerdo con el artículo 229 del Código Penal del estado.

Lamont Martínez afirmó que es fácil percatarse del incumplimiento de la normativa por el hecho de que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en embarazos adolescentes.

“Son niñas y adolescentes a quienes los médicos debieron informarles que tenían el derecho a decidir, o bien a sus padres, pero en lugar de eso las asustan diciéndoles que si abortan les va a ir muy mal, que no van a poder tener más hijos”, señaló.

La funcionaria de la SS aseguró que dan aviso al Ministerio Público cuando llegan a instituciones de salud casos de menores que han sufrido violencia sexual, hombres o mujeres. Romero Reyna proporcionó un documento en el que se registra que, en 2018, se notificó a las autoridades de 178 casos de adolescentes de 10 a 15 años con signos de violación; al año siguiente, la cifra fue de 268 casos.

Estos datos contrastan con los 6 mil 917 embarazos en adolescentes —entre los 10 y los 19 años— que registró Coahuila en 2018, según lo afirmado por el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, durante una comparecencia ante los legisladores locales.

Las integrantes de las organizaciones feministas advierten que las características culturales del norte del país, y en particular de la ciudad de Saltillo, con una población que calificaron como “exageradamente conservadora, agachona y mocha”, impiden avanzar en la urgente necesidad de despenalizar el aborto.

“La mayoría de la gente piensa que, al despenalizarse el aborto, todas las embarazadas irán a abortar. Lo que pedimos es que, quien lo desee, pueda hacerlo de manera segura, legal e incluso gratuita al ser un problema de salud pública, pero a quien decida continuar con su embarazo también la apoyamos. No estamos en contra de la vida, sino a favor de que la mujer decida. Falta mucha capacitación del personal médico, que desconoce la NOM-046 y no la aplican porque, según dicen (a las mujeres que la solicitan), no es posible y es ilegal”, afirmó Martha Mónica Rosales Torres, de Hermandad Lésbica.

Para Mixely González Mata, integrante de Aborto Seguro Saltillo, con más de nueve años haciendo una labor de acompañamiento, el Estado mexicano se ha adueñado de los cuerpos de las mujeres y esto significa una discriminación cuando en otras entidades —la CDMX y Oaxaca— se ejerce el derecho a decidir, pero su distinción patriarcal “jamás va a estar de nuestro lado”.

Al igual que sus compañeras defensoras, González Mata consideró que la única alternativa es continuar visibilizando los riesgos que enfrentan las mujeres al someterse a prácticas inseguras y peligrosas para abortar, y urgir a que quienes encabezan los distintos niveles de gobierno reconozcan sus derechos.

*Foto de portada: Camelia Muñoz Alvarado | CIMAC Noticias