Waldo López Blanco 

La pandemia causada por el nuevo coronavirus ha trastocado todos los ámbitos de la vida humana, incluido el político-electoral, obligado también a adoptar medidas de prevención o seguridad sanitaria que han traído un conjunto de desafíos –o amenazas– de naturaleza económica y jurídica.

Así, pretendo llamar la atención sobre algunos de esos desafíos, para evitar que, con el pretexto de la seguridad personal o de la salud colectiva, se transgredan principios democráticos tan importantes como los de certeza, legalidad y autenticidad del sufragio.

Como la vida no puede detenerse (no más de lo que ya lo hizo durante un inédito confinamiento domiciliario mundial), las sociedades han tenido que acostumbrarse a convivir con la COVID-19 (la covidianidad, le dicen) llevando a cabo sus distintas actividades en nuevas modalidades; o bien, introduciendo adaptaciones a sus dinámicas tradicionales.

De ese modo, algunas naciones ya han experimentado en el plano comicial las implicaciones pandémicas. Desde los primeros casos de infectados reportados en China a finales de 2019 hasta hoy en día, se han celebrado elecciones en Perú (parlamentarias), Estados Unidos (primarias), Polonia (presidenciales), Rusia (referéndum constitucional), República Dominicana (generales), entre otras.

Las estampas de esas votaciones poseen algunos rasgos en común: funcionarios de casilla usando guantes, cubrebocas o barbijos, gafas y gel desinfectante; instalación de separadores físicos hechos de plástico o acrílico; delimitación de las áreas de sufragio para mantener la sana distancia y aplicación de una logística que busca acortar los tiempos de estancia en los inmuebles electivos.

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En el caso de México, las primeras jornadas electorales bajo esas condiciones tendrán lugar el próximo 18 de octubre, cuando se realicen los comicios locales de Coahuila e Hidalgo, originalmente programados para junio de este año. Seguramente en esas entidades se repetirán varias de las escenas vistas en otras partes del mundo.

En virtud de lo anterior, aquí están los tres principales desafíos o complicaciones de tipo jurídico que, para el ejercicio del voto en nuestro país, conlleva esta época marcada por el SARS-CoV-2 (el maldito bicho de Wuhan).

Sufragio con rostro cubierto 

Ahora se votará con la cara cubierta, ya sea de manera total o parcial, dependiendo de si se usa una careta o un cubrebocas, respectivamente. E incluso, todavía más allá, utilizando un traje de bioseguridad (el de astronauta). 

Cabe recordar que, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en ningún caso se les permitirá el acceso a las casillas a las personas embozadas (cubiertas del rostro o disfrazadas). 

Lo anterior es problemático porque, sin duda, es muy difícil identificar a cualquier persona, o relacionarla con una foto suya, cuando lleva su cara cubierta.

Más de uno alegará que eso se solucionaría pidiéndole al individuo que se despoje de la mascarilla solo para identificarse plenamente, pero varios no podrán o no querrán hacerlo. No podrán por prescripción médica; no querrán por temor a contagiarse o a no colocarse correctamente otra vez el accesorio protector.

En consecuencia, cuando existan dudas de la identidad del votante, y este se niegue a revelar por completo su fisonomía, se le podría obligar a firmar en la casilla una declaración bajo protesta de decir verdad sobre su persona y que, durante la semana siguiente a los comicios, personal del INE le realice una visita domiciliaria para terminar de confirmar que efectivamente sufragó.  

En caso de que se descubra que el individuo elector no es quien dijo ser, entonces, además de las sanciones individuales, se anularía dicho voto. 

Criterios no uniformes por parte de las y los funcionarios de casilla 

Foto: ProtoplasmaKid | Wikimedia Commons

Las potenciales opiniones encontradas de los integrantes de mesas directivas de casilla al momento de decidir si dejan o no votar a algún enmascarado, pueden desembocar en resoluciones contradictorias entre sí, que varíen de un estado a otro, o de una ciudad a otra, produciendo discusiones entre los funcionarios electorales y los representantes de candidaturas. También podrían esperarse retrasos en la emisión de los sufragios y un aumento considerable de las impugnaciones judiciales que busquen anular la votación recibida.

Si durante la capacitación a los funcionarios designados, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), no se aborda exhaustivamente la cuestión del uso de la mascarilla, ni se establece una regla única al respecto, ocurrirán discusiones en casillas y controversias en tribunales, sin importar en qué sentido mayoritario las resuelvan las y los encargados de los centros de votación.

Es decir, sin homogeneidad de criterios, será conflictiva tanto la autorización como la prohibición del uso permanente de cubrebocas dentro de las casillas.

Porque si no se entregan las boletas a la ciudadanía, alegando que esta no descubrió su rostro (ni siquiera unos segundos), y eso termina siendo catalogado como injustificado o irracional, se configuraría una conducta ilícita consagrada en el artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE): obstruir sin causa legítima el ejercicio del sufragio.

Pero si se determina que, sin excepciones, nadie puede ingresar y permanecer en una casilla ocultando su cara, y aun así los funcionarios proporcionan las boletas, se cometería otro delito electoral: permitir a alguien votar sin que cumpla con todos los requisitos legales. 

Algo parecido sucedería con las y los representantes de candidaturas que no accedan a mostrar su rostro, aunque sea solo unos instantes. Si esa negativa a descubrirse la cara es declarada válida, y a pesar de eso fueran obligados a abandonar las casillas, tendría lugar otro ilícito electoral: expulsión indebida de dichos representantes.

Por desgracia, hasta el momento, el INE no ha emitido lineamientos o criterios que cubran todos los escenarios conflictivos relacionados con el uso del cubrebocas, salvo la simple solicitud del retiro momentáneo del mismo, únicamente en casos de duda, por parte de la o el presidente de casilla. 

Entonces, es recomendable (prácticamente obligatorio) que el INE incorpore en sus cursos, videos y manuales de capacitación de funcionarios de casilla todas las dudas vinculadas con el tapabocas, con la utilización permanente de este al acudir a las urnas, adoptando una sola directriz que rija en el país entero.

Fomento del borrado u ocultamiento de la marca del líquido indeleble

El borrar u ocultar la marca del líquido indeleble sería una práctica más común. Esto ya que habría condiciones que la alentarían, puesto que los alquimistas electorales aprovecharían el uso de guantes o de jabones, así como de geles desinfectantes, para esconder o eliminar de sus dedos pulgares la característica marca indicativa del ejercicio del voto, lo cual incrementaría los casos de sufragios múltiples hechos por una misma persona.

Para evitar esto, se puede aplicar el líquido indeleble en cualquier otra parte visible del cuerpo del votante (que no represente una falta de respeto para este); marcar correctamente la credencial de elector; o bien, implementar un eficaz y sencillo sistema (de preferencia electrónico) que permita conocer en cuestión de segundos quién ya ha votado y en qué sitio, el cual podría operarse mediante los teléfonos o tabletas que, en recientes comicios, el INE ha entregado a supervisores y capacitadores electorales para reportar incidentes y resultados.

Por ende, es inaceptable que la inhibición de los contagios de coronavirus, en el marco de votaciones, legitime el descuido de la salud de nuestro sistema comicial; longevo, por lo que respecta a su creación, pero joven y frágil en su carácter democrático, siendo esto motivo suficiente para siempre atender y combatir hasta el más mínimo síntoma de fraude que le aqueje.

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*Foto de portada: INEMexico | Twitter