Yvette Sierra Praeli

El precio del oro alcanzó un pico histórico este año. La onza superó los 2000 dólares en agosto y actualmente no baja de los 1900 dólares. Si bien en los últimos años el alza del precio del metal ha sido una constante, fue durante la pandemia del coronavirus que se registró esta cifra récord.

La creciente demanda por el oro ejerce fuerte presión sobre la Amazonía, territorio donde la minería legal e ilegal cubre aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Esta expansión minera ha alcanzado también a las tierras indígenas amazónicas, llegando a ocupar hasta un 20 % de estas, aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados.

Estas cifras son el resultado de un estudio Socavando los derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía elaborado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que por primera vez ofrece un panorama del impacto de la actividad minera dentro de los territorios indígenas de seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Según la investigación, la minería ilegal ha invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas de la Amazonía, y si se suman las concesiones entregadas por los gobiernos la cifra sube a 1131. Además, el estudio del WRI indica que las operaciones de minería ilegal arrojan constantemente metales pesados, como el mercurio, en al menos 30 ríos amazónicos.

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Patricia Quijano, investigadora de WRI y coautora de este estudio, precisa que la pandemia incrementó el precio del oro y exacerbó el interés por la explotación de este metal. Agregó que el estudio también aborda la situación legal y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios en relación a las concesiones mineras.

“La minería, con esa ferocidad de destrucción de la Amazonia, debe tener como 70 años. Y en los últimos diez años ha sido feroz en la devastación de muchos territorios indígenas”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Las cifras de la devastación

La comunidad de Centro Providencia discute los principales puntos del Régimen Especial de Manejo (REM) del Parque Resguardo Yaigojé Apaporis/ Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Díaz Mirabal manifiesta que pese a la deforestación que ha ocurrido dentro de los bosques de los territorios indígenas a causa de la minería, son justamente los pueblos indígenas los que mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad.

Esta afirmación se sostiene también en el informe. Según la publicación de WRI, en Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en los territorios indígenas con presencia de minería, en comparación con aquellos que están libres de actividades mineras. En Colombia y Venezuela las cifras de pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de los territorios libres de minería.

El estudio se sustenta en información de RAISG sobre la cantidad de concesiones mineras entregadas en los seis países mencionados, así como en datos sobre los lugares de minería ilegal en la Amazonía.

Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC), señala que para este análisis se consideró la información cartográfica de RAISG que ha compilado datos desde el año 2007 sobre las concesiones de minería legal en los países amazónicos, así como en el mapeo regional realizado entre los años 2015 y 2018.

“A pesar de la pandemia, la actividad ilegal de la minería no ha parado, es más, está en una ola creciente toda la región amazónica. La ilegalidad está creciendo en áreas naturales protegidas y territorio indígenas”, dice Tipula.

Según el análisis geoespacial, del total de concesiones mineras legales a gran escala en la Amazonía, el 45 % de se encuentra en exploración y explotación, el resto son concesiones inactivas.

En cuanto a la minería ilegal, el estudio señala que la mayor parte del área de minería ilegal se encuentra en Perú y Bolivia. Además, por lo menos 30 ríos han resultado afectados por esta actividad ilegal o actúan como rutas de entrada de maquinaria e insumos y salida de minerales.

Las áreas o sitios conocidos de operaciones mineras ilegales se superponen con al menos 370 tierras indígenas. De ellas, 260 están en Perú; 37 en Brasil y 29 en Colombia. En cuanto a los ríos afectados por la minería ilegal, estos están dentro o en la frontera de 88 territorios indígenas.

Quijano, de WRI, señala que hasta ahora no se había realizado un análisis a nivel Amazonía que estableciera la relación entre minería y deforestación de manera específica y explicita en tierras indígenas. “La minería, tanto legal como ilegal, es un lastre que arrastramos en la región y que genera mucho impacto y riesgo a las comunidades y al ambiente. Cuando no hay mano dura ni supervisión adecuada por parte del gobierno, la minería ilegal se extiende y conlleva pérdida de ecosistemas críticos que terminan en desmedro de los pueblos indígenas”, precisa la experta.

La defensa de los territorios indígenas

Patricia Quijano, coautora del estudio, menciona que también han documentado las estrategias que han desarrollado los pueblos indígenas para frenar el avance de la minería en sus territorios. “Los pueblos indígenas que han visto la minería como amenaza han logrado, a través de distintas estrategias, algunos buenos resultados; aunque en otros casos la controversia aún continúa”.

Una de las experiencias que se menciona en el estudio es la del pueblo indígena Yaigojé Apaporis y su respuesta ante una empresa minera que, en el año 2007, solicitó concesiones para la explotación de oro dentro de su territorio. En ese momento, el pueblo indígena solicitó al gobierno que  sus tierras sean declaradas parque nacional, con el fin de detener el ingreso de la minería.

En el 2009 se estableció el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, pero no fue suficiente. Dos días después de la creación de esta zona protegida, el gobierno colombiano otorgó una concesión minera dentro del parque. El caso fue llevado a la justicia de Colombia, la misma que ordenó la suspensión de cualquier actividad dentro del área protegida. No obstante, el problema aún se debate en los tribunales internacionales.

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*Foto de portada: La minería ilegal ha afectados a 370 territorios indígenas de la Amazonía/ Foto: WRI