Lado B
Entendiendo a la SCJN
"La resolución que avaló la consulta popular debe considerarse una negociación entre el Judicial y el Ejecutivo, donde los ministros de la Corte aprobaron un disparate desde el punto de vista jurídico, ya que les conviene desde la perspectiva política"
Por Juan Manuel Mecinas @jmmecinas
05 de octubre, 2020
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La resolución que aprobó la consulta popular para enjuiciar a expresidentes es criticable por distintos aspectos: le permite a López Obrador usar electoralmente la carta de enjuiciar a los expresidentes y estar -de manera explícita- en la boleta de la elección de 2021. Además, es una decisión que muestra a la Corte condescendiente con la voluntad del Ejecutivo, y exhibe la sumisión de los ministros nombrados durante este gobierno. González Alcántara, Ríos Farjat y Esquivel han perdido la oportunidad de no aprobar un disparate presidencial y distanciarse de la voluntad de AMLO.

Asimismo, llama la atención la aprobación de la consulta por parte de Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán, dos ministros abiertamente antiAMLO, que de manera sorpresiva avalaron la consulta popular propuesta por el presidente. Hay cuatro escenarios que pueden explicar el voto de estos ministros: cedieron a las presiones del Ejecutivo; se convencieron del beneficio jurídico y político de enjuiciar a expresidentes (incluido Felipe Calderón, quien propuso a ambos para la Suprema Corte); aprobaron la consulta porque así conviene a la Corte y al Poder Judicial; o consideran que aprobarla perjudica más al presidente que a la Corte.

Si fueron presionados y cedieron, sería porque el expediente de ambos ministros es grueso y lleno de irregularidades. En otras palabras, el Ejecutivo tendría en sus manos el futuro (y el presente) de los ministros, como sucedió (según los entendidos) con el exministro Medina Mora, a quien lo orillaron a renunciar a la Suprema Corte. Este sería el peor escenario para la ciudadanía y para la democracia: las élites encubriéndose y perdonándose los pecados a partir del beneficio de sus intereses y el capricho de sus voluntades.

Por el contrario, es dudoso que Gutiérrez  y Pérez se hayan convencido de las bondades de la 4T y hayan cambiado su postura de 2018 a la fecha. Demasiado corto el periodo de tiempo, y demasiados intereses en juego, como para pasar de fervientes defensores de los intereses de Calderón a apostar por las acciones de la 4T.

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 Si los Ministros dieron su brazo a torcer fue a cambio del fortalecimiento del Poder Judicial (vía una reforma amplia que apruebe el Legislativo y en la que Zaldívar no sea la única voz cantante) y la aprobación sea a su vez un debilitamiento de la presidencia de la Corte en manos de Zaldívar Lelo de Larrea. Una jugada maestra: beneficiando a López Obrador se debilita al presidente de la corte, con la reforma del poder judicial como telón de fondo.

La decisión en la Corte no puede verse en términos del alarmismo constitucional que algunos han expresado: como si la división de poderes hubiese desaparecido o como si la sumisión del Judicial al Ejecutivo sea digna de un régimen totalitario; más bien, la resolución que avaló la consulta popular debe considerarse una negociación entre el Judicial y el Ejecutivo, donde los ministros de la Corte aprobaron un disparate desde el punto de vista jurídico, ya que les conviene desde la perspectiva política, (sería ingenuo pensar que el “triunfo” de López Obrador al aprobarse la consulta no tuvo costo alguno para el presidente).

AMLO y la Corte les han proporcionado a sus opositores leña al fuego que avivan la narrativa que muestra al presidente como un Hugo Chávez cualquiera, que quiere someter a las instituciones del país, cuando en realidad la decisión de la Corte se enmarca dentro de un juego perverso en el que el Ejecutivo y el Judicial negocian cuestiones que políticamente le ayudan o perjudican al gobierno en turno.

Así, la resolución de la semana anterior no puede considerarse un parteaguas y un punto final al papel de la corte como dique a la voluntad de AMLO. La reflexión que llevó al Judicial a regalarle a López Obrador la posibilidad de continuar con la consulta popular es un traspié jurídico, pero que en el largo plazo significa una ventaja para la Corte, esto es, la aprobación en el Legislativo de una reforma al Poder Judicial, que no se someta a los designios del Ejecutivo ni a los intereses de Zaldívar.

Si las cosas no fueron de esa manera, no se entendería el voto de Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán. Porque, salvo un cambio espectacular en su forma de entender la política, son personas que lejos están de convencerse de las “bondades” del lopezobradorismo, y todavía más lejos de beneficiar con su voto a Zaldívar y a López Obrador.

*Foto de portada: Suprema Corte de Justicia de la Nación | YouTube

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Autor Lado B
Juan Manuel Mecinas
Profesor e investigador en derecho constitucional. Ha sido docente en diversas universidades del país e investigador en centros nacionales y extranjeros en temas relacionados con democracia, internet y políticas públicas.
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