Alberto Pradilla

Jennifer Paola Pineda Lacan, guatemalteca de 28 años, no sabe dónde llorar a su padre, Efraín, y a sus hermanos, Nancy y Richard. En el cementerio de Sipacate, municipio turístico en la costa del Pacífico, hay tumbas con sus nombres. Pero ni ella ni el resto de la familia van nunca. No se fían. No saben si están allí, ni qué hay dentro. Desde que las autoridades mexicanas les entregaron unos ataúdes hace casi diez años siguen con la misma incertidumbre: no tienen certeza de que lo que les devolvieron fueran los cuerpos de sus familiares.

“Nos dijeron que si abríamos las cajas nos metían presos, porque era contra la ley. Nos mandaron a una persona de negro que vino a cuidar las cajas hasta que las enterraron”, dice Pineda Lacan, en conversación telefónica. Traumatizados como estaban, recibieron una caja sellada y la orden de no abrirla. Ni siquiera les entregaron un documento en el que explicaran cómo se había realizado el proceso de identificación. Era la palabra del gobierno mexicano y tenían que creerla.

Efraín Pineda Morales, de 48 años. Nancy Pineda Lacan, de 23 años. Richard Pineda Lacan, de 22 años son el padre y los hermanos de Jennifer Paola. Fueron asesinados entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

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Junto a ellos, también estaba Mayra Isabel Pineda Sifuentes Pineda, su prima, de 23 años, o Robin Estuardo Zúñiga Mijangos, vecino de toda la vida. En total, fueron 72 los ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil.

Este 23 de agosto se cumplió una década de una atrocidad que mostró la extrema crueldad de los grupos criminales desplegados en la frontera con Estados Unidos y la vulnerabilidad de quienes exponen su vida para cruzar al otro lado de Río Bravo.

México es un tránsito peligroso para los migrantes. Desde 2014, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tiene registradas mil 560 muertes tratando de alcanzar Estados Unidos. Ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni la CEAV, ni la subsecretaría de Derechos Humanos tienen un censo sobre extranjeros que se dejaron la vida en tránsito hacia el norte.

Además, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registrados mil 730 desaparecidos de origen extranjero, sin especificar si se trataba de migrantes. Por su parte, las organizaciones centroamericanas llevan su propio registro: el comité de familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador (Cofamide) tiene un censo de 350 casos, el de Honduras, de 650, mientras que en Guatemala están documentados 90.

“Son cifras muy por debajo de las reales”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a 11 de las 72 familias.

La masacre de San Fernando fue la mayor perpetrada contra migrantes. A pesar del tiempo transcurrido quedan muchas cuestiones pendientes: no hay un solo condenado y la mayor parte de las familias no han recibido compensaciones por lo ocurrido.

Se supone que fueron Los Zetas los responsables de aquella matanza. Sin embargo, no hay verdad judicial. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) procesó a 15 personas nunca inició ningún juicio, así que tampoco hay condenas. De hecho, uno de los procesados falleció sin sentarse ante un tribunal. Animal Político consultó con la FGR por el estado de las carpetas de investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sobre las indemnizaciones, en 2018 la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) hizo público que se resarció a las familias de las cinco víctimas ecuatorianas y a uno de los sobrevivientes (fueron dos los que lograron escapar). Desde entonces no hay noticias sobre más avances. Animal Político consultó a la CEAV sobre los procesos de reparación, pero no ha recibido respuesta.

“Lo fundamental es que haya justicia y un proceso de identificación de restos”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a 11 de las 72 familias. Explica que están esperando que la CEAV nombre a un perito independiente para que se reúna con los allegados de las víctimas y puedan atenderse cada una de sus necesidades.

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*Foto de portada: Familiares de Ángela Pineda, víctimas de la masacre de San Fernando / Foto: Animal Político