Falta de preparación y coordinación de las autoridades, son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia digital para acceder a la justicia en Puebla, según el análisis de la titular de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJ), Samantha Páez Guzmán.

Esto sucede pese a que tanto el delito de violación a la intimidad sexual (divulgar, publicar o solicitar imágenes o videos de contenido íntimo, sin consentimiento de la víctima) como el delito de ciberacoso (ambas formas de violencia digital), ya fueron tipificados en Puebla –desde diciembre de 2018 y abril de 2019, respectivamente–. 

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, del primero de enero de 2019 al 20 de julio de 2020 se registraron 197 carpetas de investigación (CDI) por el delito de violación a la intimidad sexual. La mayoría de estos casos se concentraron en Puebla capital (146), seguida de Atlixco (4), San Pedro Cholula (4), Huehuetla (3) y Tepeaca (3).

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Sin embargo, el CCSJ explica que estas cifras aún no reflejan la dimensión real del problema, pues uno de los primeros obstáculos con los que se encuentran las víctimas de violencia digital, es que en la fiscalía especializada en delitos sexuales no quieran tomarles  la denuncia.

Esto, asegura Páez Guzmán, porque en las agencias aún no tienen la suficiente preparación para saber que los delitos de violación a la intimidad sexual y ciberacoso ya están tipificados y deben investigarse. Esta capacitación de acuerdo con la ley es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. 

La falta de conocimiento y sensibilidad de los funcionarios en la Fiscalía 

Foto: Olga Valeria Hernández

Desde 2019, tanto en el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem) como en el CCSJ, se empezaron a asesorar a víctimas de violencia digital. Así, a la fecha, suman 18 acompañamientos los que han proporcionado, todos a mujeres. En la mayoría de los casos los agresores eran parejas, exparejas o alguien cercano; sólo en un caso la víctima refirió que no sabía de dónde podía provenir el ataque.

Asimismo, otra de las vías de atención que proporcionan es a través de la línea telefónica. En 2019 se atendieron ocho llamadas, y en lo que va de 2020 se han atendido cinco. Es importante destacar que no en todos los casos de acompañamiento o asesoría telefónica las víctimas han decidido formalizar su denuncia ante las autoridades.

“Cuando denuncian a través del mecanismo [de atención] del Consejo ciudadano, sí se les abre la carpeta de investigación [a las víctimas], y después [las] mandan a hacer un peritaje psicológico, porque esto, de alguna forma, probaría lo que dicen las propias causales del delito, que es justo la afectación a la persona”, menciona Páez. 

No obstante, después de ese paso, las CDI suelen estancarse, como les han contado las mujeres a las que han orientado. 

Ese es otro de los problemas pues, para recabar las pruebas de origen de las agresiones digitales, el fiscal general tiene que hacer una petición de intervención de comunicaciones (por ejemplo de teléfonos o computadoras) a un juez federal, como establece la ley, y si no es considerado como un caso de importancia, la investigación no puede continuar. 

“Si el fiscal tiene miles de asuntos pendientes, algunos de ellos que podrían considerarse más graves que una violencia digital, entonces se quedan relegados por ahí los casos [de violencia digital]. Y mientras un juez no determine [la intervención de comunicaciones] sería totalmente ilegal proceder [a hacerla]”, explica la directora del Ovigem.

Si el proceso fuese ágil, que el juez federal apruebe la intervención de comunicaciones ayudaría a ubicar a la persona responsable del delito para detenerla. 

La falta de coordinación con la policía cibernética

Existe otra manera en la que las autoridades pueden combatir y prevenir la violencia digital: colaborar con la policía cibernética. En Puebla, particularmente, hay dos. La primera está adscrita a la Fiscalía del estado, y tiene facultades de investigación para ayudar a la resolución de las CDI. La segunda, depende de la Secretaría de Seguridad Estatal; tiene un enfoque centrado en la orientación (a víctimas de algún delito cibernético o conducta inapropiada) y da charlas de prevención a la ciudadanía. 

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Con base en lo observado desde el CCSJ sobre violencia digital en Puebla y el acceso a la justicia, han llegado a la conclusión de que mejorar la  cooperación entre ambas policías y el ministerio público (MP) podría ayudar a la resolución de las CDI de los casos de violación a la intimidad sexual y ciberacoso, al fortalecer las capacidades de investigación y mejorar las técnicas y herramientas para recabar las pruebas. 

Para hacer efectiva esta colaboración, según la ley, el MP tiene que solicitar la ayuda de la policía cibernética estatal a través de un oficio dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, para que se faculte a este organismo para apoyar en las labores de investigación.

La importancia de visibilizar y denunciar la violencia digital

Foto: Olga Valeria Hernández

Páez Guzmán explica que desde el Ovigem consideran que se deben realizar dos acciones para mejorar la atención de la violencia digital en la entidad:

“Por un lado, informar a la población acerca de los delitos (de ciberacoso y violación a la intimidad sexual), en qué consisten y cómo se pueden denunciar. Y, por otro lado, reforzar las capacidades de quienes están a cargo de las carpetas de investigación, porque muchas personas incluso no saben de todas las redes sociales que existen, y no conocen las interacciones [que se hacen en esas plataformas para investigarlas]”.

Por ejemplo, si una chica está sufriendo de violencia digital a través de Instagram, y la persona encargada de su carpeta no conoce esa red social, ni cómo funciona o de qué se trata, será difícil que comprenda por dónde buscar; lo mismo pasará con cualquier red social mediante la que se ejerza la violencia, explica Páez. 

Ante este panorama, desde el Ovigem también consideran que conforme vaya creciendo el número de denuncias de estos delitos y la demanda de justicia, así como la presión social, se obligará a las autoridades a capacitar, reforzar y coordinar ambas policías cibernéticas que existen en el estado. 

Además de animar a la denuncia, Samantha Páez considera que el simple hecho de que se visibilice el problema de la violencia digital, y que se sepa que es un acto que se puede llevar ante la ley, es ya un logro muy importante. 

“[Porque] al saber que es un acto que sí puede denunciar, [las víctimas] nos van diciendo de otras [personas que han pasado por lo mismo], le dicen a sus amigas, se va volviendo una cadena”.

Finalmente, la especialista hizo énfasis en que no debe minimizarse la violencia digital pues se corre el riesgo de ignorar la amenaza de un riesgo mayor para las víctimas.  

“Muchas veces la persona que te acosa en la vida real también te acosa en línea, o empieza el acoso en línea y pasa a [una situación] física”. En ambos casos, siempre hay afectaciones en la vida de la víctima.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández