El esquema favorito de Javier Duarte, uno de los exgobernadores de Veracruz de más negra memoria, para desviar recursos del erario se multiplicó como gremlin bajo el chorro de agua.
Luego se conoció la Estafa Maestra, una investigación que se inició en la Auditoría Superior de la Federación y fue retomada, profundizada y publicada por Nayeli Roldán y Manu Ureste también en Animal Político y Miriam Carillo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Este esquema, empleado por funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizó a universidades, instituciones educativas, y empresas fantasmas para desviar recursos públicos. Miles de millones de pesos.
A partir de entonces las empresas fantasmas reaparecen periódicamente en investigaciones periodísticas que revelan el desvío de recursos de gobiernos en los tres órdenes: federal, municipal y estatal.
Ayer dos trabajos expusieron el foco.
En el primero, Zorayda Gallegos, la galardonada periodista de investigación, publicó en las páginas de El País un trabajo que revela que el Ejército, en tiempos de Peña Nieto, desvió 240,5 millones de pesos a una empresa fantasma.
La investigación muestra que entre 2013 y 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares.
Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.
Administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.
Los recursos fueron desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.
Además del caso de la Sedena, El País publicó también en días pasados una nota sobre una investigación que tiene en proceso la Fiscalía General de Justicia sobre 102 millones de pesos que desaparecieron de la dependencia, cuando fue encabezada por Jesús Murillo Karam, el procurador del “Ya me cansé”, el de la “verdad histórica” sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
A dos años de la violenta jornada electoral en la que obtuvo el triunfo a la gubernatura la panista Martha Erika Alonso (quien falleció diez días después de tomar posesión), te recordamos «Puebla, democracia en duda», una serie de 5 capítulos, bajo la producción e investigación de Lado B, en la que se muestran y confirman todas las irregularidades que se vivieron en Puebla en el proceso electoral del 2018.
