Damaris Suárez y Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Aunque cerca de un 97% de los adultos mayores residen en sus casas o en proyectos de vivienda para adultos, a más de dos meses de la emergencia por el COVID-19 el Gobierno no ha realizado pruebas masivas para detectar el virus en esta población. La respuesta gubernamental para atenderlos se ha reducido a realizar, al 5 de junio, 6,685 de las 50,000 pruebas de COVID-19 prometidas para los 28,000 adultos mayores que se estiman que viven en los asilos, que solo albergan a un 3% de ese grupo demográfico.

Problemas como ir al supermercado, que representa un lugar de contagio, el acceso a las medicinas, ir a citas médicas, el mantener las medidas de higiene y limpieza del hogar, entre otros, se agravan en los casos en que los adultos mayores no cuentan con familiares ni cuidadores formales (amas de llaves) que estén disponibles durante la pandemia o con alguna red de apoyo que pueda asistirlos. Para varios profesionales que atienden esta población, la reapertura de una gran cantidad de sectores comerciales y el aumento de riesgo de contagio son una navaja de doble filo para este grupo.

Don Nicodemus Cuevas vive solo en el barrio Anones de Naranjito. Sus hijos están fuera de Puerto Rico, por lo que a sus 82 años hace sus diligencias, va a buscar sus medicamentos, se cocina sus alimentos y hace sus compras, rutina que ha continuado pese al riesgo por el COVID-19.

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“Aquí no ha venido ni un ánima a ayudarme. Yo vivo solo, mis hijos están en Estados Unidos. Tengo vecinos cerca pero son tan viejos como yo. ¿Qué si me cuido? ¡Claro, que me cuido!”, dijo entre risas cuando el CPI le preguntó si durante esta emergencia ha recibido ayuda para hacer sus compras o alguna ayuda del Gobierno.

Personas de una iglesia de Toa Alta le llevaron una compra durante la Semana Santa luego de que llamara a una abogada temiendo quedarse sin comida después  de escuchar por la radio que los establecimientos estarían cerrados por varios días por orden de la gobernadora, Wanda Vázquez. Esa fue la única ayuda que ha recibido este veterano, que no ha visto las ayudas del Gobierno para los adultos mayores.

“Tanta ayuda para los ancianos y los veteranos. A mí no me han dado nada. La única llamada que me dieron de Veteranos fue para cancelarme la cita… más ná”, aseguró.

A más de dos meses del cierre y en medio de una reapertura comercial, la estrategia del Gobierno está limitada a establecer un protocolo para hacer pruebas rápidas en los centros de cuido prolongado donde apenas residen el 3% de los adultos mayores, y deja al descubierto a los cerca de 844 mil ciudadanos mayores de 60 años que están expuestos porque tienen que hacer sus compras y diligencias exponiéndose a un posible contagio de coronavirus al visitar comercios, hospitales y farmacias.

“A mí los que me preocupan son los adultos mayores que viven en la comunidad, que salen a hacer sus compras por obligación y que se exponen al virus. A esos no se les está haciendo a la prueba”, afirmó José Acarón, director ejecutivo de AARP, Puerto Rico.

Según los datos de la Encuesta de la Comunidad del año 2017, realizada por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, la población de edad avanzada en la Isla son 843,829 personas, que representan el 24% de la población. De estos, se estima que solo 28,000 residen en los centros de cuido prolongado (los llamados asilos o centros de envejecientes) en los que desde el pasado 19 de abril se activó un plan para hacer las pruebas de COVID-19 a los residentes y empleados de dichos centros. La iniciativa fue gestada desde la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico y el Elder Justice Task Force (EJTF) del Gobierno de los Estados Unidos.

Mueren sin que se les hagan las pruebas

De acuerdo a la información de la Base de Datos de Mortalidad en Puerto Rico, entregada el 21 de mayo, la cual tiene un retraso de varias semanas en la entrada de datos, de las 92 muertes que se adjudican al COVID-19 como la causa principal del deceso, 74 corresponden a personas de 60 años o más. Además de estas 92 muertes, hay otras 19 que identifican al COVID-19 como una causa secundaria o complementaria y 14 de este grupo son adultos mayores. Del total de 111 muertes que ponen la COVID como causa principal o complementaria, solo uno de estos decesos ocurrió en un asilo, casa de salud o institución de cuidado prolongado. Un total de 103 muertes ocurrieron en una instalación hospitalaria, ya sea por hospitalización o porque visitaban la sala de emergencia.

Uno de estos casos es el de Doña Rosa, cuyo nombre ficticio busca proteger los detalles de su caso. Su nieta aún no puede entender el episodio que vivió su familia desde el mes de marzo cuando su abuela, entrada en los 80, comenzó a presentar tos y problemas respiratorios y fue tratada por micoplasma. A  la mujer no se le hizo ninguna prueba para descartar la influenza, el micoplasma y mucho menos la de COVID-19. Varias semanas después – entre el 24 y 25 de marzo – el cuadro médico de Rosa comenzó a empeorar. Dejó de comer y hablar. Por sus condiciones de salud, su doctora decidió no llevarla al hospital hasta tanto no recibiera los resultados de las pruebas de influenza y micoplasma que arrojaron negativo. El mismo día en que la iban a trasladar a un hospital en el área de Bayamón para hacerle pruebas del coronavirus, Rosa amaneció con graves problemas respiratorios, por lo que sus familiares decidieron llamar a una ambulancia para llevarla de emergencia al hospital. Su cuadro había empeorado al punto en que mantenía abierta su boca para buscar aire entre respiraciones cortas, explicó su nieta. Rosa murió poco después de llegar a la institución hospitalaria, donde fue atendida de emergencia como paciente con fallo respiratorio.

“No estuvo más de dos horas, pues ella fallece en el hospital ese mismo día, el 26 de marzo, mientras intentaban estabilizarla e intubarla”, relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) su nieta, quien narró el calvario vivido por su familia bajo la condición de mantener confidencial su identidad mientras se dilucidan varias querellas. Dijo que fueron los familiares los que solicitaron al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) que le hicieran la prueba de COVID-19. El cuerpo de Rosa había sido trasladado al NCF ya que al haber fallecido al cabo de dos horas de llegar al hospital, no había sido formalmente hospitalizada.

Mientras los familiares esperaban por el resultado forense para el velatorio de Rosa, su esposo, Don Antonio, quien llevaba semanas con síntomas de tos persistente, dolor de garganta, en el cuerpo y problemas respiratorios, se agravó y fue llevado al mismo hospital en Bayamón. Como no tenía fiebre, el hospital no le hizo la prueba de COVID-19.

“Mi mamá me dice que en el hospital aparentemente entienden que él estaba en depresión por la pérdida de su esposa y que por ende le causa ese sentimiento de sentirse más enfermo de lo que está. Mi madre les dice que por favor le hagan la prueba, y le dicen que como no tiene fiebre, no le pueden hacer la prueba”, dijo.

De acuerdo con la nieta, el 1ro de abril los familiares realizaron el velatorio de Rosa tras recibir la autorización del NCF. Ese mismo día, el Departamento de Salud informó de una mujer de la misma edad de su abuela, que había llegado en condición severa a la sala de emergencias desde una institución médica en la región de Bayamón, donde falleció, y a quien se le realizó  la prueba luego de morir arrojando positivo. Sin embargo, la familia de Rosa no fue notificada de que su familiar había dado positivo al COVID-19 hasta varios días después de que se llevara a cabo la ceremonia de duelo familiar.

“Nosotros entendimos que si nos habían autorizado efectuar la ceremonia, entonces mi abuela había dado negativo. No fue hasta el 3 de abril que mi madre informó que le notificaron que abuela había dado positivo al COVID. No recuerdo si fue la funeraria o el [Negociado de] Ciencias Forenses. No se siguió el protocolo de cremar el cuerpo, como decía el Gobierno que se debía hacer si la persona daba positivo al COVID-19. Tuvimos que llamar a la familia para tratar de hacernos todos [los familiares] las pruebas. Una de mis tías salió positivo y mi nene de 10 años”, indicó.

Mientras todo esto ocurría, Don Antonio empeoraba. Ya le habían hecho una prueba de COVID-19 pero había salido inconclusa y estaba en espera de que le hicieran la molecular. Pero, el sábado, 4 de abril regresó en ambulancia al hospital y por segunda ocasión le hicieron las pruebas de influenza y micoplasma. Lo enviaron de vuelta ese mismo día a su residencia ya que no se le podía hacer la prueba del COVID-19 por ser fin de semana. En el hospital les dijeron que la muestra podría perderse y además, no estaba hospitalizado. No fue hasta lunes que le hicieron la prueba molecular en su residencia donde se mantuvo hasta el viernes después de que  – por tercera vez – los familiares lo llevaron nuevamente al hospital porque su cuadro médico empeoraba y no sabían si era positivo al COVID-19. De acuerdo con su nieta, fue en la institución hospitalaria que el personal médico le comunicó los resultados de los análisis: Don Antonio de 87 años no solo tenía pulmonía, ya le estaba fallando el corazón y además, había salido positivo al COVID-19.

“La familia pasó por todo esto… nos enteramos del positivo con mi abuela fallecida por las noticias, pero supuestamente no y luego que sí, y la angustia durante semanas por la condición de mi abuelo hasta que por fin lo hospitalizan por el COVID-19. Nunca nos enteramos quién dio la autorización para el velatorio cuando mi abuela había dado positivo exponiendo a otros miembros de la familia”, lamentó la nieta de ambos adultos mayores.

Dijo que la familia no tiene certeza de cómo se contagió su abuela. Piensan que pudo ser en sus visitas al hospital para atender otras condiciones, pero por otra parte, el esposo de la cuidadora de Rosa murió a causa del coronavirus y tuvo contacto con ella en al menos tres instancias mientras estuvo enfermo sin que se supiera que estaba contagiado. La cuidadora nunca presentó síntomas y posteriormente salió negativo al COVID-19.

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*Foto de portada: RitaE | Pixabay