Sí, sabemos que ya nadie quiere hablar del enemigo invisible, que incluso -las estadísticas lo confirman- hay quienes han dejado de leer noticias, porque básicamente hay demasiadas malas noticias.
Pero sería irresponsable de nuestra parte no decirles que la situación es cada día más grave, que mientras cada vez más negocios y personas se van sumando a la nueva normalidad fuera de casa, los contagios aumentan de manera vertiginosa, y que los servicios hospitalarios están a punto de colapsar.
Son tiempos de incertidumbre, pero también de solidaridad. La familia de Kiki, como muchas otras, tuvo que recurrir a un hospital privado para que atendieran a su cuñado por COVID-19.
Nada más para que lo ingresaran tuvieron que pagar 30 mil pesos, pero en algunos hospitales ese costo puede ser hasta de 150 mil.
“El problema -nos cuenta Kiki- es que probablemente necesite más de 3 días de hospital, y lo peor sería que necesite cuidados de terapia intensiva porque en ese caso, el día en el hospital podría llegar a los 80 mil pesos”.
Ella y su familiaestán pidiendo ayuda, pues no están en condiciones de pagar el tratamiento de su cuñado de 31 años internado desde el viernes 19. Si puedes aportar algo o pasar la voz, muchas gracias.
Donar y ayudar enmedio de la pandemia es quizás el gesto más grande que distingue a una persona, el problema es cuando te obligan a hacerlo para, como dicen “hacer caravana con sombrero ajeno”.
Tal es el caso, de acuerdo con testimonios recabados por LADO B, del Gobierno del estado y el Ayuntamiento de Puebla, que han obligado o presionado a quienes trabajan ahí a donar desde 500 pesos hasta el 20% de su salario o la compra de despensas equivalentes a $350.
Se trata de prácticas ilegales, contrarias a la Constitución, que en su artículo 123, apartado B, fracción VI, garantiza el derecho de los trabajadores a un salario íntegro, es decir, a que no se les haga de forma arbitraria ningún tipo de retención, descuento, deducción o embargo del mismo.
¿Tú sabes de más casos así o te ha pasado?
Cuéntanos a redaccion@ladobem.com.mx
Otra mala práctica que aún está vigente en nuestro país es la discriminación. Para no ir más lejos, durante una audiencia por la desaparición del activista Sergio Rivera, en la sierra negra de Puebla, hubo muchas irregularidades pues el juez desdeñó a las testigos que manifestaron entender el español, pero no hablarlo bien y se tuvo que recurrir a un traductor.
“Para efectos de la audiencia, cambiamos tres veces de traductor, porque no se entendían los testigos con los traductores, ni los traductores con los testigos. Se pasó por alto que el náhuatl tiene 32 variantes, no es que exista un sólo náhuatl. Y nosotros requeríamos a alguien que hablara la variante de la sierra Negra. Al último, medio se entendieron con un traductor que venía de Puebla, pero no del todo ”, explica Amador Montalvo, integrante del Comité de Resistencia en Contra de la Hidroeléctrica, quien fungió como testigo de contexto en este juicio.
Este, no es un caso aislado, la discriminación lingüística es un tipo de violencia de la que poco se habla.
Y hablando de violencias, el último corte del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que durante los primeros cinco meses de 2020, los delitos de feminicidio y violencia familiar han aumentado 7.2% en comparación con 2019.
Las cifras ponen a Puebla en la quinta posición a nivel nacional con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes de feminicidio, de enero a mayo de este año, detrás de Colima, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí.
Nos despedimos con un anuncio: pronto lanzaremos la convocatoria para nuestro nuevo taller y para el círculo de lectura LADO B, lo cual nos emociona mucho.
Suscríbanseaquí a nuestra lista de distribución por whatsapp y gocen de los beneficios de ser parte de nuestra #ComunidadLADOB
# QuédateEnCasa
#ComunidadLADOB
¡Nos leemos pronto! Si tienes un mensaje, algo que quieras contarnos, envíalo por nuestras redes o a redaccion@ladobe.com.mx :)
