En una polémica nota, muy cuestionada en círculos periodísticos porque carecía del rigor necesario para lanzar afirmaciones tan tajantes, sin presentar fuentes de carne y hueso, como que el gobierno estaba ocultando “cientos, posiblemente miles, de muertes provocadas por COVID-19”.
Y se aseguraba en la nota que había funcionarios de la Ciudad de México con los que el NYT había hablado que estaban contabilizando “más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente”.
El lunes un trabajo de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) volvió sobre el tema pero ahora sí con cifras duras y concretas.
La nota “Las actas sobre el número real de muertos con COVID-19 en CDMX” expone que entre el 18 de marzo, la fecha en que se registró el primer deceso por COVID, y el 12 de mayo, en la Ciudad de México se emitieron 4,577 actas de defunción en las que como causa de muerte, confirmada o probable, aparecen las palabras Covid-19, o coronavirus o Sars Cov 2, mientras que el gobierno de la CDMX reconocía 937.
El mal conteo de muertos, y con mayor razón de personas contagiadas es un problema que han reportado muchos países en todo el mundo. No es exclusivo del país o de la Ciudad de México (y seguramente Puebla tiene un problema similar), lo que se necesita es transparencia, mucha transparencia en la información para evitar suspicacias.
Y ya que hablamos de transparencia, ayer el gobernador Barbosa reaccionó de mala manera (como es su costumbre) a la exigencia que lanzaron organizaciones, medios y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para que su gobiernotransparente la información sobre el gasto estatal en COVID.
Dijo que esos superciudadanos que quieren saber mejor “donen aunque sea un kilito de frijol con gorgojo”, y aseguró que se pueden hacer solicitudes de información y que el gobierno contesta.
Lo que el gobernador parece no tener claro es que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla estableció que los plazos para utilizar el procedimiento para obtener información gubernamental se detuvieron desde el pasado 17 de marzo y hasta el 31 de mayo. Y no se descarta que pudiera extenderse aún más.
Es decir, que desde hace 64 días el procedimiento para acceder a la información, esa que el gobernador dice que sí contesta, está congelado.A eso hay que sumarle que, de acuerdo con un estudio encabezado por Transparencia Mexicana, Puebla es parte del amplio grupo de estados que no han hecho pública la información que se le requirió al gobernador, aunque éste asegura que sí cumple con la ley y los procedimientos.
Así nuestro gobernador.
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