La #LeyChayote y el decretazo
Este 10 de abril, se cumplieron dos años de la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, bautizada por diversas organizaciones como #LeyChayote
Por Cuauhtémoc Cruz @cuau_cruz
13 de abril, 2020
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Foto: Martina Žoldoš

Cuauhtémoc Cruz Isidoro

Este 10 de abril, se cumplieron dos años de la aprobación, por parte del Congreso de la Unión tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Ley General de Comunicación Social, bautizada por diversas organizaciones como #LeyChayote.

Esta Ley, recordemos, es reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 Constitucional, que a la letra establece que:

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Su emisión no ha sido un camino fácil. El mandato original para regular el gasto en publicidad oficial derivó de la Reforma Político-Electoral de 2007, cuando se agregó el párrafo anterior a la Constitución, pero no una fecha clara para la emisión de la Ley reglamentaria. Seis años después, con la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, se estableció un plazo para su emisión, pero fue ignorado por el Congreso. 

En noviembre de 2017, la Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo promovido por Artículo 19 y  ordenó a las Cámaras emitir dicha ley. Sin embargo, el trabajo legislativo, desde la óptica de las organizaciones agrupadas en el Colectivo #MediosLibres, no cumplió con los estándares mínimos, entre ellos, los delineados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contrario a garantizar una regulación efectiva del ejercicio de los recursos públicos, “legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial”.

A la fecha, la SCJN tiene pendiente resolver tres Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por el Senado de la República, Movimiento Ciudadano y la CNDH, respectivamente, con lo cual tiene la oportunidad de revertir el trabajo legislativo –en su totalidad o parcialmente– para garantizar una ley que cumpla con los estándares mínimos para la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Foto: Marlene Martínez

Ante la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de firmar un decreto para “devolver” a los concesionarios de radio y televisión los llamados Tiempos fiscales, es decir, aquellos correspondientes al pago en especie del Impuesto Federal sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por Ley, la Ley General de Comunicación Social cobra un papel relevante. 

Primero, porque ante esta decisión presidencial, que diversas organizaciones, entre ellas AMEDI, han calificado como un retroceso en materia de derecho a la información, la propia Ley establece en su Artículo 17, que cuando los Tiempos Fiscales, “no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados”, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de reasignar los mismos, ajustándose tanto a la disposición que ésta emita, así como a la proporción en la distribución de los tiempos entre los Poderes de la Unión y los Entes Autónomos.

Es decir, si el problema de los Tiempos Fiscales, según ha señalado el propio presidente, es que “no son necesarios” para el Poder Ejecutivo y por ello puedan estar “subutilizados”, antes de eliminarlos, una opción viable podría ser la reasignación de los mismos, ya sea vía la Segob, de manera temporal, o a través de una Reforma a la Ley General, para una reasignación definitiva. 

Segundo, porque en caso de concretarse la disminución de los tiempos oficiales –en un Decreto que a la fecha no conocemos– se abre la puerta, para que en un futuro próximo o mediano, el gasto en Publicidad Oficial incremente nuevamente bajo pretexto de no tener tiempos asignados.

Para lo cual será fundamental contar con una Ley que garantice las mejores prácticas en la asignación y distribución de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación. Condiciones que la actual Ley no satisface y para lo cual será fundamental que la Corte resuelva su constitucionalidad, o en su caso, el Poder Ejecutivo presente una iniciativa que atienda a los criterios mínimos establecidos por organizaciones y por organismos internacionales.

Así, a dos años de la emisión de la Ley General de Comunicación Social, y ante el contexto por la posible eliminación de los tiempos fiscales, la discusión sobre la Publicidad Oficial, vuelve a estar sobre la mesa, en pro del derecho a la información y la libertad de expresión.

Foto de portada: Martina Žoldoš

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Cuauhtémoc Cruz
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.