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Roberto Alonso

@rialonso

Frente a concesionarios de la radio y la televisión comercial, Vicente Fox Quesada –sí, Vicente, no Andrés Manuel– anunció un nuevo acuerdo con este sector para disminuir los tiempos fiscales a los que estaban obligados desde 1969, pasando de 180 a 18 minutos. Esto ocurrió en octubre de 2002, a casi dos años del inicio de su gobierno y fue conocido como el «decretazo» pues, el entonces mandatario, recurrió al recurso de un decreto para abrogar el acuerdo con el que el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz canjeó a los concesionarios de la radiodifusión comercial el pago en especie de un impuesto especial por el uso de un bien de la nación: el espectro radioeléctrico.

Frente a concesionarios de la radio y la televisión comercial, Andrés Manuel López Obrador –sí, Andrés Manuel, no Vicente– se comprometió a analizar la disminución de los “tiempos oficiales”. Así los llamó en aquella reunión con el sector ocurrida en noviembre de 2019, a casi un año del comienzo de su gobierno. Con una declaración reveladora de su desconocimiento, o bien tendenciosa, el presidente dijo que “un gobierno democrático no necesita de propaganda”, puntualizando que él esgrime otras formas para comunicarse con la sociedad, en clara referencia a las mañaneras. “Pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va a ir en el sentido de reducir tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo”, lanzó al concluir su mensaje a la industria de la radio y la televisión.

Ese pronto está por materializarse. El viernes 3 de abril, cinco meses después de su promesa y ya declarada la emergencia sanitaria por el avance en el país de la pandemia del COVID-19, López Obrador empleó su mañanera para ventilar que ese día firmaría un acuerdo para “devolver los tiempos oficiales” a las estaciones de radio y canales de televisión. Luego corrigió y especificó que se refería a los tiempos fiscales correspondientes al Poder Ejecutivo, apuntando que la misma decisión podrían tomar los otros poderes.

De acuerdo con la Ley General de Comunicación Social, los tiempos oficiales comprenden tanto los tiempos fiscales como los tiempos del Estado. Los primeros son los relativos al pago en especie por parte de los concesionarios comerciales del impuesto especial mencionado, hasta ahora en cumplimiento del decretazo de 2002: 18 minutos en el caso de la televisión y 35 minutos en radio. Los segundos son los tiempos que hoy la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –antes la Ley Federal de Radio y Televisión– establece como obligación para todos los concesionarios, sean comerciales, públicos o sociales, con el fin de difundir asuntos educativos, culturales y de interés social.

En tiempos electorales, los tiempos oficiales pasan a disposición del Instituto Nacional Electoral para su administración, desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral, según el artículo 41 constitucional.

“Un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita propaganda, y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes; se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida ellos van a poder comercializar estos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas, y sobre todo a mantener el trabajo de muchos”, argumentó López Obrador el mismo 3 de abril.

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¿Se repite la historia? No por menos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ha manifestado que nos encontramos ante un nuevo decretazo. Pero no solo eso, a contrapelo de la vehemente posición de no salir al rescate de las grandes empresas en plena crisis sanitaria, López Obrador estaría consumando una condonación fiscal a los radiodifusores privados.

Se trata de “un entreguismo que no tuvieron sus antecesores”, en palabras de Raúl Trejo Delarbre, ex presidente de la Amedi. “Se vuelve a confirmar que la voracidad de unos y la ambición de poder de otros, no reconocen tragedias humanas, ni crisis económicas. Las mayores claudicaciones del Estado y los mayores abusos del poder económico se aprovechan de estas”, escribió Javier Corral Jurado, también ex presidente de la Amedi.

La decisión del presidente es equivocada por donde se le vea. En primer lugar, porque con una visión patrimonialista asume como propios tiempos que no son por entero del Poder Ejecutivo. Es cierto que la Ley General de Comunicación Social dispone que a este poder le corresponde el 40% de los tiempos fiscales; no obstante, si este porcentaje se descarta queda impedido el mandato constitucional de los 48 minutos diarios destinados para fines electorales.

En segundo lugar, porque entre sus razones confunde información con propaganda, y lo hace en un momento crítico en el que si algo es estratégico es la información oficial. El presidente justifica su voluntad indicando que cuenta con otros canales de información y comunicación, pero olvida que estos no están regulados y no llegan a todos los sectores, a diferencia de la radio y la televisión. Más aún, soslaya que si un efecto trajo consigo el decretazo de 2002 fue el incremento del gasto en comunicación social, y a falta de tiempos asegurados, este gobierno o el siguiente se vería obligado a contratar publicidad en los medios comerciales para fines sociales.

En tercer lugar, es equivocada porque actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios comerciales deben mantener un equilibrio entre la publicidad y la programación diaria que no puede exceder del 18% y del 40% en radio y televisión, respectivamente. De manera que la “devolución” de los tiempos fiscales para comercializar con ellos podría conducir a las empresas mediáticas a transgredir la ley.

En cuarto lugar, porque no sólo el sector comercial de la radiodifusión está acusando dificultades económicas, con lo que esta obsequiosa medida no lleva sino a preguntar sobre su beneficio. ¿A cambio de qué el presidente está dispuesto a pasar por alto dos leyes y la Constitución?

Hasta el 6 de abril, el decretazo de López Obrador seguía sin ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. La operación de ajustar los tiempos fiscales no es sencilla pues requiere de reformas legislativas, constitucionales incluso, y el Congreso de la Unión está suspendido. ¿Por qué la traición a la agenda democratizadora del derecho a la información?