Lado B
Buenas noticias para la lucha anticorrupción
Por Lado B @ladobemx
29 de abril, 2020
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Hoy toca, de nuevo, hablar de corrupción.

Que en el país de no pasa nada un par de trabajos periodísticos sobre casos de corrupción tengan consecuencias no es poca cosa.

En junio del año pasado publicamos el caso de José Refugio Alejandro León Flores, el juez penal de Cholula. El juez se hizo muy visible en el sexenio de Rafael Moreno Valle porque fue el encargado de llevar a la cárcel a personas opositoras de las políticas del panista.

 

 

 

León Flores encarceló a dos integrantes de la familia Xicale, opositores al parque que Moreno Valle construyó en Cholula. También tuvo el caso de las personas detenidas por las protestas de Chalchihuapan y fue el encargado de la detención y encarcelamiento de Simitrio, líder histórico de la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre.

Pero León Flores no debió ser juez, pues nunca se tituló como abogado, a pesar de que la ley exige ser licenciado en Derecho para poder ocupar el cargo. El asunto se puso más interesante cuando descubrimos que además León Flores falsificó sus documentos educativos. Un delito de tipo penal. El juez encargado de impartir justicia era un delincuente.

Bueno, esta semana publicamos una nota que confirma que el caso llegó a la Fiscalía General del Estado, pues nos enteramos que León Flores tramitó un amparo para evitar ser detenido por la policía. Ya fue destituido como juez y ahora podría haber sanciones penales.

 

 

 

Y mientras eso pasa en Puebla, en Veracruz la Fiscalía General de Justicia busca encarcelar a varios de los implicados en el caso de las empresas fantasmas de Duarte, ese espléndido trabajo que Animal Político publicó a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía del vecino estado solicitó al poder judicial se detenga a 25 personas involucradas con el caso, entre ellas el exdiputado priísta Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachúz, quién de acuerdo con la investigación periodística fue el responsable de la creación de las empresas fantasmas.

Y aunque la estimación del monto del fraude supera los 3 mil 600 millones de pesos y al menos una decena de empresas, de momento la Fiscalía basó su petición al poder judicial en lo que se ha documentado en el DIF veracruzano, cuando era presidido por Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; una trama que involucra 28 contratos a empresas fantasma que ascienden a 112 millones de pesos.

Aunado a eso, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal presentó dos denuncias penales contra Karime Macías pues identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 220 millones de pesos a múltiples empresas fantasma, y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta.

La UIF logró darle seguimiento a operaciones bancarias a través de una intrincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país en el que vive actualmente la mujer.

Como dicen en el beisbol, esto no se acaba, hasta que se acaba.

 

 

 

 

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Nos leemos pronto.

Ernesto Aroche @earoche

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