Imagen: Google Maps

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) condonó en Puebla el pago de 5 mil 418 millones de pesos en impuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de acuerdo con información que tuvo que hacer pública el SAT tras perder un juicio iniciado por la organización Fundar en 2016.

Para dar una idea de la magnitud del asunto: esa cifra hubiera permitido financiar la operación anual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2013 –año de la condonación de Peña–. Ese año la BUAP gastó 4 mil 479 millones de pesos. 

Con el excedente, mil millones de pesos, se hubiera podido pagar también el presupuesto anual conjunto de la Secretaría de Desarrollo Social, el Colegio de Bachilleres, el Hospital del Niño Poblano, el Consejo Estatal para la Cultura (hoy Secretaría de Cultura) y el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

En cambio, los gobiernos encabezados por Calderón y Peña prefirieron beneficiar a 277 empresas y 72 personas con dirección fiscal en Puebla, eximiéndolos del pago de impuestos.

Entre las empresas con el mayor beneficio recibido se encuentra la armadora alemana Volkswagen, que dejó de pagar 2 mil 452 millones, es decir, el 45% del total condonado. Le sigue el Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que dejó de tributar 956 millones de pesos, otro 17%; y las proveedoras de autopartes HBPO México S.A. de C.V. y Kiekert de México S.A. de C.V., a quienes les condonaron el pago de 328 millones de pesos, en conjunto.

Entre las personas físicas sobresalen los casos de José Gustavo Romero Brigas, integrante de la familia Romero de Tehuacán, dueña de empresas avícolas, quien dejó de pagar 43.5 millones de pesos de impuestos, y el de Wenceslao Santiago Castro, ex presidente municipal de Tecolutla, Veracruz, quien no pagó 15.9 millones de pesos de impuestos.

Acá la base de datos completa.

Impacto en las finanzas públicas

Las amnistías fiscales son una herramienta de uso común por parte de los gobiernos de la región, explica en entrevista para LADO B Paulina Castaño, investigadora del área de Justicia Fiscal de Fundar.

Estas amnistías a nivel regional, en algunos países de América Latina, suelen implementarlas cada 15 años. Sin embargo, en el caso de México se hicieron con mayor frecuencia: en 2007, en el sexenio de Calderón y en 2013, en el gobierno de Peña. Sólo pasaron seis años entre una y otra.

“De lo que nos dimos cuenta  –dice Paulina– es que los beneficiarios fueron un grupo muy selecto al que se le condonó y cancelaron los créditos fiscales, y esto no abonó a mejorar la recaudación tributaria. En el caso de México las condonaciones fueron otorgadas a las personas más ricas”.

Y agrega: “La condonación sí tiene un impacto directo en las finanzas públicas porque está dejando de entrar dinero a la hacienda pública para el ejercicio del gasto para cuestiones sociales que sí se necesita; no está entrando dinero por ahí, hay un impacto bastante fuerte”.

Fundar, una organización de la sociedad civil ubicada en la ciudad de México, fue quién logró abrir la información de las condonaciones del SAT entre 2007 y 2015, tras cuatro años de litigio.

La información del organismo gubernamental involucra a 7 mil 885 personas y empresas en todo el país que en total recibieron beneficios por 172 mil millones de pesos; y casi la cuarta parte (24%) de los recursos se concentran en solo 10 beneficiarios. Un patrón que se repitió en Puebla, en donde un solo gran contribuyente, es decir VW, concentró casi el 50% de los impuestos condonados.