“Guardianes del Río Ajajalpan” llevan años luchando contra la instalación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan
Foto: Martina Žoldoš

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El Poder Judicial de la Federación falló a favor de la empresa Comexhidro en el juicio de amparo interpuesto en torno a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, proyecto contemplado en el Río Ajajalpan y que afecta a los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de la entidad.

El principal argumento del juez Miguel Arroyo Herrera en la resolución judicial pública, donde niega el amparo interpuesto por más de mil habitantes totonacos, es el reconocimiento y legitimación de una consulta realizada en 2015 por la Secretaría de Energía (SENER). 

En el documento publicado el 10 de octubre, el juez Arroyo Herrera también desestima la importancia de los riesgos ambientales señalados en el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental, realizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Las organizaciones Fundar y Consejo Tiyat Tlali, quienes acompañan legalmente a los más de 1,096 habitantes de las comunidades afectadas que firmaron el juicio de amparo, interpuesto en 2016, denunciaron en un comunicado las fallas y omisiones de la resolución judicial.

Guardianes del Río Ajajalpan”
Foto: Martina Žoldoš

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Desde hace una década, en 2009, las autoridades de los municipios de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán empezaron a otorgar permisos de construcción y obras a la empresa Deselec–Comexhidro. Sin embargo, el ejercicio de consulta no se llevó a cabo sino hasta 2015, seis años después, esto pese a que los estándares internacionales determinan que un ejercicio de consulta a comunidades indígenas debe ser previa a otorgar permisos de construcción.

Así, aunque en el juicio de amparo se argumentó la violación del carácter previo y libre del ejercicio –al tener documentados compra de votantes y acarreo a favor de la empresa–, Arroyo Herrera decidió avalar la consulta.

Otro de los puntos que destacan las organizaciones es que el amparo señalaba la ausencia de un estudio de impacto social previo al otorgamiento de permisos, tal y como se estableció en México desde 1991 con el convenio 160 de la OIT, pero en la sentencia el juez pasó esto por alto.

Finalmente, en la resolución judicial se asegura que el proyecto Puebla 1 otorgará beneficios a los habitantes, y no explica ni justifica un interés público para el mismo. Cabe destacar que en el proyecto inicial la empresa señaló que la energía producida será para los beneficiarios de la misma, incluyendo a Wal-Mart de México, Suburbia y Vips.

Miles de habitantes totonacos y nahuas organizados en la agrupación “Guardianes del Río Ajajalpan” han documentado y denunciado desde 2015 diversas irregularidades del proyecto, y el conflicto en torno al mismo ha sido objeto de amenazas y persecución judicial por parte de las autoridades locales. Por ello, en 2016, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ubicó a Puebla en el tercer lugar nacional en cuanto agresiones a defensores ambientales con cinco casos registrados, dos de estos a razón del proyecto “Puebla 1”.

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*Foto de portada: Martina Žoldoš