Los exportadores de productos básicos ubicados en Brasil, que han sido multados por tala ilegal y deforestación en la Amazonía, comercian libremente con grandes importadores e inversores de todo el mundo y reciben financiación de estos, según afirma un informe divulgado en abril por la ONG Amazon Watch y elaborado junto con National Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil (APIB), el organismo brasileño de coordinación de los grupos indígenas del país.
El informe sostiene que, si bien los productores de soya, ganado, madera y otros productos básicos fueron imputados de delitos medioambientales en la Amazonía, sus productos continúan ingresando a los mercados internacionales, en especial a los tres socios comerciales más importantes que tiene Brasil: China, la Unión Europea y Estados Unidos. La UE, por ejemplo, obtiene el 41 % de sus importaciones de carne de Brasil, mientras que la ganadería sigue siendo la causa principal de la deforestación amazónica.
“Todos compramos productos que están destruyendo los bosques de manera ilegal» —afirma Christian Poirier, director de programa en Amazon Watch—. Esta investigación demuestra cómo los mercados mundiales mantienen a los peores actores en el sector agroindustrial de Brasil. La zona de la Amazonía sufrió una pérdida de 1300 millones de hectáreas (5019 mi2) de bosques en el 2018, mientras que el propio Brasil tuvo un repunte importante en deforestación el mismo año, durante la campaña del candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones.
En la actualidad, la cría de ganado es la causa principal de la deforestación en la Amazonía brasileña, y la mayoría de la carne se exporta. Imagen © Henrique Manreza / TNC
Empresas multinacionales citadas
El informe afirma que los productos básicos que se originan en zonas deforestadas de manera ilegal en Brasil llegan libremente a una variedad amplia de mercados por medio de cadenas de suministro en todo el mundo. Amazon Watch nombró 23 empresas importadoras que tienen relación comercial o financiera con exportadores brasileños multados, incluidas las gigantes multinacionales de productos básicos alimenticios y agropecuarios Bunge, Cargill y ADM.
Según el informe, en abril del 2018, Ibama (el ente de regulación medioambiental de Brasil), multó a cinco de los grandes comerciantes agrícolas del país (incluidos Cargill y Bunge) por haber comprado tres mil toneladas de soya y de otros granos a granjas embargadas, que han destruido vegetación nativa dentro del bioma del Cerrado —la sabana brasileña— en una operación que aplicó multas medioambientales por un total de alrededor de 27 millones de dólares tanto para comerciantes como para granjeros.
En un comunicado por correo electrónico, Bunge afirmó que había recibido una notificación de Ibama en abril del 2018, relacionada con la “supuesta compra” de unas 225 toneladas de soya “producidas en zonas prohibidas para la agricultura”. Pero la empresa sostiene que pone en duda las acusaciones y que ha enviado una respuesta formal para impugnar los hallazgos de Ibama. “Pensamos utilizar todos los canales disponibles para aclarar este asunto y esperamos resolver esto lo antes posible”, escribió Bunge.
En un comunicado por correo electrónico, Cargill afirmó que “las acusaciones no tienen fundamento” y negó cualquier relación comercial con las propiedades en cuestión o con las supuestas transacciones fuera de la norma. “Enviamos nuestra explicación a Ibama, y es importante mencionar que, hasta la fecha, no se ha impuesto ninguna multa”, escribió la empresa.
ADM dijo que no respondería solicitudes de comentarios de manera directa, sino que la respuesta llegaría por parte de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove). En un comunicado por correo electrónico, Abiove afirmó que la lucha contra la deforestación “es tratada con prioridad” y que la organización ha implementado varias acciones desde el 2006 “para eliminar la deforestación en la cadena de la soya”.
Abiove citó la “moratoria de la soya” de Brasil, que utiliza datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), un organismo gubernamental con sede en Brasil, para controlar la plantación de soya en zonas deforestadas después de julio del 2008, lo que garantiza a las compañías afiliadas “una política de deforestación cero a través de procedimientos y auditorías independientes que no compran soya a granjas donde se haya detectado la deforestación después de la fecha mencionada”.
Según el informe, algunas empresas exportadoras brasileñas, relacionadas con la deforestación, también reciben grandes ingresos de financiación de bancos y de administradores de activos (en su mayoría con sede en Estados Unidos y en Europa). Para llegar a esta conclusión, se entrecruzaron datos de las multas más grandes por deforestación ilegal que aplicó Ibama desde el 2017 con datos de 23 empresas importadoras y cuatro comerciantes de productos básicos, además de la conexión financiera mundial con las cadenas de suministros.
En el aspecto financiero, el informe señala con contundencia a BlackRock, la empresa estadounidense de gestión de inversiones mundiales, como un “financiero clave de los gigantes agropecuarios más involucrados en la deforestación de la Amazonía brasileña”. Según el informe, BlackRock tiene más de 2500 millones de dólares en acciones de estas empresas brasileñas. BlackRock afirmó a través de un correo electrónico que “no hará comentarios”.
La deforestación amazónica suele comenzar cuando se construyen rutas importantes en una región. Luego se construyen las rutas secundarias a partir de la principal, lo que da acceso a los árboles. Imagen cortesía de la NASA
