Rocío Gallegos | La Verdad

Ciudad Juárez – Hace cuatro años, 33 integrantes de la familia Archuleta abandonaron su hogar para sobrevivir a la delincuencia en El Valle, a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez.
“No nos quedó otra opción más que dejar el pueblo, por seguridad”, dice una integrante de esa familia entrevistada desde El Paso, Texas, quien pide la reserva de su identidad pues aún teme por su vida.

Gabriel, Elmer y Edgar, los tres integrantes de la familia Archuleta secuestrados y asesinados en diciembre del 2014. Imagen: Cortesía

Bajo amenazas de muerte, que recibieron tras el secuestro y asesinato de tres de sus integrantes, de manera forzada cambiaron de residencia en diciembre del 2014.

Sus casas fueron robadas, destruidas, se quedaron sin nada. Unos estuvieron unos días en Ciudad Juárez y otros salieron de inmediato hacia Estados Unidos, pero finalmente todos se desplazaron y reencontraron en Texas.

Como este caso, en el estado de Chihuahua se pueden contar por miles los ciudadanos que por la inseguridad han tenido que huir de sus hogares para dirigirse a otras colonias, otros municipios, estados e incluso a otros países.

En siete años, más de 345 mil personas en la entidad optaron por “cambiarse de vivienda o lugar de residencia” para sobrevivir a la violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), coordinada por el INEGI.

Además de “cambiar o reforzar puertas o ventanas”, “contratar seguros”, “adquirir armas de fuego”, “realizar acciones conjuntas con sus vecinos” y “comprar un perro guardián” las personas respondieron que entre las medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia fue dejar su casa.

En el estudio, donde se analiza este fenómeno entre 2011 y el 2017, se indica que el cambio de vivienda pudo ocurrir como medida de prevención o como consecuencia ante un delito o hecho victimizante.

Estos resultados del ENVIPE forman parte el libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al Desplazamiento Interno Forzado en México”, que se presentó el pasado 15 de febrero en el Senado.

Por las condiciones de seguridad, Ciudad Juárez y otras comunidades en el estado se convirtieron en puntos de expulsión, dice Rodolfo Rubio, investigador en el Colegio Chihuahua (Colech) y estudioso de movimientos de migrantes.

Es un fenómeno que en Ciudad Juárez se comenzó a registrar desde el 2008, agrega. Antes, la ciudad era sólo receptor de personas que se desplazaba, pero luego se convirtió en expulsora.

Pero no sólo esta región, se estima que más de un millón 200 mil personas al año a nivel nacional se han visto obligadas a cambiar de domicilio para protegerse de la delincuencia.

El total de personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México en el periodo de 2011 a 2017 es de 8 millones 726 mil 375 personas, de acuerdo con los datos de la ENVIPE.

Uno de eso casos es el de Cipriana Jurado, quien tuvo que abandonar su hogar en Ciudad Juárez junto a sus dos hijos.

“No me quedó otra alternativa”, afirma en entrevista vía telefónica desde Nuevo México, donde reside la derechohumanista tras recibir amenazas de muerte por denunciar y defender a víctimas de abusos cometidos por militares en la región.

“Es muy difícil, cuando tienes que salir por este tipo de cuestiones es muy difícil, dejas todo y te enfrentas a una situación económica complicada, batallas para conseguir trabajo, no hay muchas alternativas, pero todo es por proteger la vida”, afirma la mujer que en el 2011 obtuvo el asilo político en Estados Unidos.

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*Imagen de portada tomada del estudio «Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México»