Diego Pérez Damasco | Distintas Latitudes

El 8 de agosto fue un día agitado para los movimientos por los derechos humanos en Costa Rica. Por un lado, se realizó una movilización frente a la Casa Presidencial, en solidaridad con la lucha de las mujeres argentinas por el aborto en su país y en la que, además, se exigió  al presidente costarricense, Carlos Alvarado, firmar la norma técnica que regulará el aborto terapéutico en la nación centroamericana. Al mismo tiempo, activistas LGBTI+ pasaron una jornada en vilo, a la espera de la resolución de la Sala Constitucional sobre matrimonio igualitario, que finalmente se dio en los últimos minutos del día.

El fallo era esperado porque dictaría de una vez por todas el camino al matrimonio igualitario en Costa Rica, aclarando los efectos de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema; no olvidemos que en enero esta opinión volteó de cabeza las elecciones generales en el país. A pesar de que en su momento se consideró que esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó el matrimonio igualitario inmediatamente legalizado en el país. No obstante, las instituciones costarricenses prefirieron esperar a que el tribunal constitucional del país resolviera los casos sobre el tema, que llevaban cinco años en el congelador.

Sin embargo, nada sobre el fallo del 8 de agosto fue usual. A mediados de julio, la Sala Constitucional anunció que daría respuesta al tema durante la primera quincena de agosto, un anuncio sin precedente, pues este tribunal no suele avisar cuándo resolverá los casos que tiene bajo análisis.

Lo acordado el pasado miércoles tampoco era esperado: el máximo tribunal aceptó que la prohibición al matrimonio igualitario en Costa Rica es inconstitucional, pero estableció que seguirá vigente durante 18 meses (a partir de la emisión de la sentencia completa) para dar tiempo a que la Asamblea Legislativa apruebe una ley al respecto. Si el Congreso incumple, pasados esos 18 meses la prohibición al matrimonio igualitaria será automáticamente derogada.

Los criterios sobre la resolución, y la forma en que seguirá el camino hacia el matrimonio igualitario son encontrados. La primera reacción de grupos activistas que se congregaron frente a la Sala Constitucional el pasado miércoles a la espera del fallo fue gritarles “¡Cobardes!” a los magistrados que tomaron la decisión por mayoría. Para estos grupos, la resolución prolonga de forma innecesaria, y aún indefinida, la violación a los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, contradiciendo lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ellos, los magistrados votaron con cálculo político, pensando en los 14 (de 57) votos evangélicos en el Congreso que pesarán mucho en su reelección en el puesto que ostentan.

Preocupaciones

Para Michelle Jones, vocera del Frente por los Derechos Igualitarios, una de las principales preocupaciones es que el haber pasado la discusión a la Asamblea Legislativa, donde a pocas horas del fallo la mayoría de diputaciones ha asegurado que el tema no será aprobado, generará debates cargados de discursos de odio, como se dieron en las pasadas elecciones generales de febrero.

“Un tema que ellos podían manejar se ha delegado al Congreso, en donde se abrirá una discusión que puede tener efectos negativos en la sociedad, en parte por discursos. En las elecciones pasadas surgieron casos de violencia en contra de la población LGBT, entonces pensando en ese sentido, la resolución de la Sala nos pone en una situación en la que tenemos que cuidarnos mucho”, dijo Jones a Distintas Latitudes.

“Estamos reuniéndonos los diferentes grupos para hablar de las diferentes acciones que podemos tomar. Este será un trabajo con dos ramas: una legal, de seguimiento a lo que suceda en la Asamblea, pero también una social, en dónde tendremos que contrarrestar los comentarios de odio y sensibilizar”, agregó.

Por su parte, Diego González, abogado especialista en derechos humanos, expresó su preocupación por las parejas del mismo sexo que tendrán sus derechos violentados durante este plazo, así como por la posibilidad de que la sentencia completa de la Sala Constitucional, que aún no tiene fecha para ser divulgada, contenga portillos que permitan incumplir con la garantía absoluta del derecho al matrimonio igualitario, una vez pasados los 18 meses.

“Lo que ocurre con esta sentencia de la Sala, es que si bien declaran inconstitucionales las normas del Código de Familia que prohíben ambas figuras para las parejas del mismo sexo (matrimonio y uniones de hechos), los efectos del dimensionamiento nos mantienen en inseguridad jurídica a toda la comunidad LGBTIQ, y además de eso no puede decirse que Costa Rica ya cumplió con lo establecido en la opinión consultiva”, dijo González a Distintas Latitudes.

Para González, existe la desconfianza de que en la sentencia completa que emita la Sala Constitucional haya portillos que impidan la aplicación plena del matrimonio igualitario, una vez finalizado el plazo.

“Al ser un acto final del Estado, y uno que cierra las vías por 18 meses a la exigibilidad de los derechos a nivel estatal, personas que tengan casos pendientes de matrimonios o uniones de hecho podrían tratar de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo González. 

Otra preocupación es qué pasaría si el Congreso costarricense aprobara una ley que regule las uniones entre personas del mismo sexo, pero que sea inferior al matrimonio, con el caso de las uniones civiles en Chile y Ecuador. En la corriente legislativa tica hay una proyecto similar, que inclusive fue convocado a discusión por parte del presidente Carlos Alvarado, quien también convocó el proyecto de matrimonio igualitario.

“El Poder Ejecutivo ha puesto en discusión los proyectos de matrimonio igualitario y uniones civiles. Pero el de uniones civiles sería contrario a la sentencia de la Sala Constitucional y la Opinión Consultiva 24 de la Corte IDH. El proyecto de uniones civiles es un peligro real en el sentido de que puede atrasar la entrada en vigencia de la prohibición de matrimonio entre parejas de mismo sexo, en el supuesto de que el proyecto de apruebe y la Sala Constitucional tenga que referirse al contenido del proyecto”, dijo a Distintas Latitudes Janekeith Durán, activista de la Asociación Ciudadana ACCEDER.

Posiciones contradictorias

Mientras sectores del activismo consideran el fallo como una derrota y una continuación de la violación a los derechos de las personas LGBTI+, se han dado algunas posturas favorables o medianamente positivas respecto a la sentencia.

Para el Comisionado Presidencial LGBTI+, Luis Salazar, el pronunciamiento de la Sala Constitucional representa un avance, y asegura que no es la primera vez en el mundo que un Tribunal avala el matrimonio igualitario con un plazo transitorio. Como ejemplo, señala la situación similar que actualmente se vive en Austria.

“Excepto por el tema del plazo, esta es una resolución histórica, porque declara inconstitucionales las prohibiciones que había sobre matrimonio igualitario y sobre uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Esto es una inconstitucionalidad sobrevenida que va a ocurrir a principios del 2020”, dijo Salazar a Distintas Latitudes quien destacó la mayoría de 6 a 1 con la que votó la Sala Constitucional este tema, lamentando el plazo en el que seguirá la vulneración de derechos.

“En Austria el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad (de la prohibición al matrimonio igualitario) en diciembre de 2017, y durante este año el tribunal le da la oportunidad al Parlamento austríaco para que pueda adelantar la decisión del reconocimiento. Igualmente, eso no altera que el 1 de enero de 2019 la norma queda invalidada en Austria. Aquí es el mismo caso”, agregó el Comisionado.

Según Salazar, no es posible que en la sentencia completa el tribunal dé marcha atrás o abra portillos contrarios a lo que ya fue anunciado públicamente. No obstante, teniendo en cuenta el plazo de 18 meses, el Comisionado asegura que prioridad será encontrar las formas en la que los derechos de las parejas afectados se puedan ver regulado de manera transitoria.

En 18 meses pueden ocurrir muchas eventualidades, como la muerte de uno de los integrantes de una pareja, o la necesidad de regularizar la situación migratoria en el caso de parejas binacionales, lo cual estaría en un vacío de inseguridad jurídica durante todo el período.

“En las próximas semanas yo me voy a concentrar en hacer esos análisis de cómo, a través de medidas administrativas, podríamos garantizar durante una etapa transitoria ese reconocimiento. En eso todas y todos estamos de acuerdo, hay que tutelar de manera urgente estas uniones, porque pueden haber una serie de factores que hagan que queden desprotegidas antes de que se cumpla el plazo”, dijo Salazar.

Desde el anuncio de que este tema se resolvería en agosto, los movimientos LGBTI+ costarricenses urgieron a la Sala Constitucional a hacer historia, y convertir a Costa Rica en el país número 27 del mundo y quinto de América Latina en contar con matrimonio igualitario en todo su territorio. Con esta nueva prórroga, probablemente muchos territorios se adelanten y consoliden la igualdad, dejando a este país, que se proclama como defensor de los derechos humanos, cada vez más y más abajo en la lista.

*Foto de portada tomada por Frente Por los Derechos Igualitarios