Jeanfreddy Gutiérrez Torres | Mongabay Latam

Dos nuevos derrames de petróleo en los mismos lugares que fueron afectados hace seis años, la Península de Paria y el río Guarapiche, han despertado una ola de críticas en el país. La demora para controlar el avance del crudo, la contaminación de las fuentes de agua y el impacto en la biodiversidad, han obligado al gobierno a salir en busca de los posibles culpables.

Mientras tanto, para los pobladores de Maturín, capital del estado oriental de Monagas, situada junto al río Guarapiche, es inevitable recordar lo que vivieron hace seis años. Una película que esperaban no volver a ver jamás.

La escena que vuelve a sus memorias, es la de Eulogio del Pino sumergiendo un vaso de vidrio en el río Guarapiche para beber el agua delante de las cámaras.  El entonces viceministro de Petróleo y vicepresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sonreía a pesar de la visible turbidez del líquido. Veinte días antes un derrame petrolero ennegreció la principal fuente de agua de Maturín, dejando a sus habitantes sin servicio de agua potable por más de 60 días. El alcalde y el gobernador se negaban a reabrir la planta de potabilización, distribuyendo agua en camiones cisternas. Y del Pino trataba de poner paños fríos a la situación, demostrando que era posible beber agua de la fuente recién contaminada con crudo.

El derrame se originó el 4 de febrero de 2012, cuando una fuerte lluvia provocó el desborde de petróleo de uno de los tanques de la Planta de Jusepín, en Maturín. Este incidente paralizó a su vez las operaciones de la represa de Guamo,  que provee de agua a la ciudad de Maturín por medio de una planta potabilizadora, que también se vio afectada.

Derrame atendido en Guarapiche en 2012 con equipos inadecuados. Foto: Comunidad Petrolera.

PDVSA nunca confirmó la magnitud del desastre. No se supo cuántos barriles de petróleo fueron derramados. Solo dijeron que el crudo se esparció a lo largo de 75 kilómetros y que el 95 % pudo ser recogido. Pero luego empezaron a conocerse nuevos detalles, como que el desastre ambiental no se atendió durante las primeras 21 horas, porque los operarios de PDVSA tuvieron que asistir antes a un acto oficial. Este evento retrasó la respuesta del Estado.

Esta es una de las razones por la que los expertos sostienen que el petróleo se extendió el doble. Lo que convirtió este incidente en “el mayor derrame petrolero en agua dulce en la historia a escala mundial, con una cantidad estimada de 64 000 a 120 000 barriles (liberados)”, indica la Red de Sociedades Científicas Médicas en su boletín número 35.

Al retraso en la aplicación de un plan de contingencia inmediato, se sumaron las críticas al trabajo de recolección del crudo. Fotografías mostraban a vecinos y empleados de PDVSA trabajando con el torso desnudo, sin un equipo adecuado para la atención de una emergencia de esta magnitud . La estatal dijo que al final se usaron balsas de absorción, pero no se corroboró su uso.

Desnudos y sin equipos, vecinos y trabajadores trataron de limpiar crudo en 2012. Foto: La Comunidad Petrolera.

Lo que sí se supo es que el petróleo llegó a los bosques ribereños del Guarapiche y a los manglares en el río San Juan. También se mencionó que alcanzó a la Reserva Forestal Guarapiche, la Reserva Nacional Hidráulica del mismo nombre, el Parque Nacional Turuépano, el área de Desarrollo Rural Valle del Guarapiche y  que, finalmente, llegó al Mar Caribe, muy cerca de Trinidad y Tobago.

El informe “Una visión científica al problema del derrame en la cuenca del Guarapiche”, del biólogo experto en peces y secretario de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Antonio Machado-Allison, publicado dos semanas después de conocido el suceso, señalaba que el derrame puso en peligro a 218 especies de peces. Esto incluye a cuatro especies endémicas sólo ubicadas en esta cuenca:  (Bryconamericus yokiae), el (Creagrutus hysginus), el corroncho(Chaetostoma venezuelae) y la sardinita de agua dulce (Farlowella venezuelensis).

El desastre ambiental alarmó a los científicos que conocen muy bien la relevancia de la cuenca del río San Juan, por tratarse de un centro importante para el estudio evolutivo de la ictiofauna del continente. Y la mala noticia, es que la historia se vuelve a repetir.

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Un desastre conocido

El 5 de julio un derrame de petróleo se reportó en el Golfo de Paria, tras identificarse una fuga en la plataforma petrolera de Couva en Trinidad y Tobago. Se sabe que la zona del desastre impacta directamente las aguas y costas de Venezuela, pues está localizada entre la desembocadura del delta del río orinoco.

Un día después, el 6 de julio, se reportó un segundo derrame. El río Guarapiche volvió a teñirse de negro. Y los 400 000 habitantes de Maturín otra vez fueron afectados por la falta de agua. La misma película se repite, aunque esta vez las escenas parecen ser más dramáticas. El desastre llega en medio de una crisis por la escasez de agua y la falta de alimentos, que ha generado incluso un incremento en el consumo de fauna silvestre

Cuencas Orientales alrededor del Guarapiche. Fuente: Antonio Machado-Allisom.

El gobierno de Trinidad y Tobago solicitó el 6 de julio ayuda internacional para detener la fuga de 10 000 barriles de petróleo de un pozo abandonado en las costas cercanas a Paria, tras el intento fallido de un grupo de buzos por detener el desastre. La fuga logró ser controlada el 17 de julio.

En Venezuela, el gobierno admitió que 1000 barriles de petróleo fueron a parar a las aguas del río Guarapiche. Y como hace seis años, dijeron que las lluvias provocaron el desborde de dos de los tanques de la planta de recuperación secundaria del Complejo Operacional Jusepín de Pdvsa. Sin embargo, el periodista local, Ronny Rodríguez, recabó otra versión de los trabajadores. “Las fallas operacionales y la falta de equipos en la principal industria estatal venezolana provocaron el accidente. Desde hace un año y medio han venido advirtiendo que hechos como este pueden presentarse pero no han sido tomados en cuenta”, dijo uno de los operarios. El periodista resaltó, además, que la respuesta del gobierno nuevamente fue tardía, por la falta de un vehículo para llegar a los tanques, porque tardaron en cerrar la turbina de forma manual y porque no contaban con equipos para drenar el crudo.

Distintas instituciones se pronunciaron sobre este nuevo desastre ambiental, una de ellas fue la ONG Provea, que al enterarse del segundo derrame sobre el Guarapiche, elaboró un informe. En este documento, la organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos,  señala que entre los años 2010 y 2016, el último período en el que PDVSA ofreció un balance sobre el impacto ambiental de sus operaciones en el país, la petrolera fue “ responsable de 46 820 derrames de crudo y otras sustancias contaminantes del ambiente, con un total de 856 722 barriles de crudo derramados”.

El informe también destaca que “30 674 de esos derrames afectaron cuerpos de agua como los ríos Guarapiche y San Juan, poniendo en riesgo a especies endémicas, dañando el equilibrio de la flora y fauna, y afectando las vidas y economías familiares de cientos de pobladores de estas zonas.”

El crudo que no es recolectado en pocas horas se hunde en el lecho, reapareciendo durante fuertes lluvias. Foto: Ronny Rodríguez Rosas.

Por este nuevo derrame, el Ministerio Público venezolano ordenó la detención de cuatro trabajadores de PDVSA:  dos de de alto nivel operativo y dos operarios que estaban de guardia el 6 de julio. A ellos la estatal petrolera los responsabiliza del accidente, un hecho que sus compañeros niegan y que atribuyen a fallas de la empresa.

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Biodiversidad en peligro

La cuenca del río Guarapiche, afectada por el derrame en el río que lleva el mismo nombre, en Maturín, es rica en vegetación. Desde la serranía hasta la desembocadura posee bosques nublados, de galería, sabanas arboladas, morichales, herbazales estuarinos y manglar denso, fundamental para la reproducción y cría de los peces. Además, los manglares ocupan el 33% de los 3300 kilómetros de costa de Venezuela, especialmente en el Delta del Orinoco.

Específicamente, en el caño La Brea, ubicado dentro de la Reserva Forestal Guarapiche, se han encontrado poblaciones de manatíes caribeños (Trichechus manatus manatus), calificados en Peligro Crítico por  Venezuela y Colombia, así como en estado Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Manatí caribeño(Trichechus manatus manatus). Foto: Plixio.

Desde la Academia Nacional de Ciencias, Machado Allison señaló que el río San Juan es una fuente importante de alimentación para la población local y para la fauna que allí habita. Y que derrames como los reportados a comienzos de julio generan un impacto en las especies que pueblan este ecosistema de agua dulce, como es el caso de los manatíes -que se alimentan de hojas de manglares, plantas acuáticas y algunos pastos presentes en las riberas de los ríos- pero también de muchas especies más.

El experto contó, además, que una de las consecuencias inmediatas fue la aparición de peces muertos, durante los dos meses siguientes al incidente. “La muerte de bagres es significativa”, alertó el secretario de la Academia Nacional de Ciencias.

Machado-Allisson denunció en su informe que una gran cantidad de bagres había muerto, lo que demuestra que el crudo se hundió en el lecho del río y afectó toda la cadena trófica. Foto: +VerdeDigital.

Según el informe preparado por el experto sobre el derrame de 2012, la coincidencia de estos dos derrames recientes -en Trinidad y Tobago, y Venezuela- aumenta el impacto en el ecosistema acuático. Puede afectar a más de 200 especies de moluscos, 50 de crustáceos y al menos 400 de peces que surcan las aguas del Golfo de Paria y el delta del Orinoco. Y a su vez, los más perjudicados son los indígenas Warao que viven allí, nación que de por sí lleva años luchando contra el sarampión, el VIH y la tuberculosis.

Otra de las consecuencias inmediatas de estos desastres ambientales se percibe también en la economía. El 17 de julio de 2018 Trinidad y Tobago prohibió la importación de cangrejos que provienen del área afectada por el derrame de petróleo, una semana después que se reportaron una docena de casos de intoxicación por el consumo de estos moluscos provenientes de Venezuela en Estados Unidos.

Pero además de los cangrejos, las pesquerías de Paria y el Delta tienen tres especies de camarón -el camarón rosado pintado (Penaeus brasiliensis), el camarón blanco (P. schmitti) y el camarón marrón (P. subtilis)- de altísima importancia económica para la región, que hoy están en peligro por los derrames que afectan ambos lados del Paria.

Tras el primer derrame, la ingeniera Noris Bello, profesora de la Cátedra de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oriente, sede de Monagas, denunció que “los efectos sobre el ecosistema son irreversibles”.

Parque Nacional Turuépano. Foto: José Alvarez Cornett.

Y el ingeniero forestal, con postgrado en Hidrología, Edilberto Ferrer Véliz, agregó que el crudo impedía la fotosíntesis del manglar, que ya es muy frágil a estos impactos, atrofiando a los animales que se alimentan allí. “Los manglares son zoocriaderos de ostras y moluscos. Otro de los problemas es que las cuencas en el Oriente de Venezuela se basan en los morichales. Con este problema se rompieron las cadenas tróficas”, sentenció.

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Oscuridad oficial

Antonio Machado-Allison denuncia que desde el 2012 el Ministerio de Ambiente no autoriza los permisos para entrar a investigar a la zona del desastre. “Ese año pudimos calcular algunos daños por las fotografías y reportajes periodísticos, pero nadie más ha podido ingresar”, dijo.

El experto recordó que antes de 1998, los académicos eran invitados a estudiar los incidentes para sugerir normas y aplicar medidas de restauración. “Las investigaciones sobre derrames petroleros hay que hacerlos en las primeras horas para conocer impactos inmediatos, pero luego hay que tener presencia para monitorear por años, porque el crudo se hunde en el lecho. Ningún investigador quiere poner en tela de juicio su esfuerzo porque no obtuvo la autorización necesaria”, indicó el secretario de la Academia Nacional de Ciencias.

Mientras tanto, Juan Carlos Sánchez, experto en derrames petroleros, precisó que duda que el gobierno venezolano esté realizando evaluaciones para medir el impacto de los derrames. “No se sabe realmente si se están haciendo estudios. Porque hacer esas salidas de campo, tomas de muestras y exámenes de laboratorio para la evaluación de ecosistemas son costosas, pero considerando además el mal estado de la institucionalidad ambiental en el país y la situación económica del país, lleva a suponer que no se están haciendo”, indicó. Y resaltó que le sorprende la opacidad con la que el gobierno atiende el que podría ser considerado el mayor desastre petrolero del país, en alusión al derrame del 2012 sumado a los impactos del más reciente.

Se suma también a esta crítica el educador ambiental y miembro de la Coalición Clima 21, Alejandro Álvarez Iragorry, quien resaltó la falta de conocimiento del Estado sobre los temas ambientales. “Toda decisión en estos temas parecer basarse en opiniones sin fundamento y en propuestas ideologizadas. Los venezolanos estamos pagando esta falta de información y conocimiento ambiental con nuestro derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, así como la falta de servicios como el agua y la electricidad”.

Petróleo en los recovecos del Guarapiche, en derrame de julio de 2018. Foto: Ronny Rodríguez Rosas.

Al desconocimiento sobre los impactos del derrame, se le añaden las acostumbradas dudas sobre la versión oficial. Después de seis fechas distintas anunciadas por la gobernadora Yelitza Santaella para la recuperación del servicio de agua, así como la contratación de un segundo laboratorio para certificar su potabilidad, el servicio fue repuesto el miércoles 8 de agosto, 34 días después del derrame. Pero los habitantes sólo la usan para hacer limpieza, por su color amarillo y por la poca confianza en los trabajos de recuperación de la planta potabilizadora. Los habitantes no olvidan que hoy Eulogio, quien bebió del Guarapiche, está en la cárcel acusado de corrupción.