En cinco años sólo se ha tomado una muestra genética a 556 cuerpos no identificados —de los 35 mil que reconocen las autoridades—, para contrastarlas con muestras de personas desaparecidas. Peor aún: de las más de 38 mil familias que han reportado la desaparición de un integrante, la autoridad sólo ha tomado muestra a 2 mil 895 para ingresarlas al sistema AM/PM y compararlas con cuerpos no identificados

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Karen es una joven especialista en química, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Su trabajo es estudiar el ADN de personas asesinadas para, antes que nada, tratar de averiguar sus nombres.

Sin embargo, desde hace un año no ha podido estudiar una sola muestra de los cadáveres que se han encontrado en Nayarit, porque en su laboratorio el único aparato que aún funciona es un refrigerador doméstico.

Ahí, la especialista resguarda «entre 500 y 600 muestras genéticas», con la esperanza de que algún día pueda analizarlas.

Si el refrigerador se descompone o si se presenta un apagón prolongado, las muestras se perderán, junto con la posibilidad de identificar a las víctimas y —por supuesto— de iniciar una investigación sobre esos crímenes.

«Aquí lo único que por el momento se hace es tomar muestras, ya sea de familiares (de desaparecidos) o de las osamentas que se han estado encontrado”, reconoce Karen, con un tono de resignación, aunque no de indiferencia.

Sólo en el primer bimestre de 2018, en Nayarit se hallaron 41 cadáveres no identificados en fosas clandestinas. Y se sumaron 41 muestras de ADN en el refrigerador de Karen, nombre ficticio para preservar su identidad.

A unos metros de la especialista, en una mesa del mismo laboratorio, reposa el fémur de una víctima, proveniente de esas fosas, al que la joven especialista ha serruchado una pequeña sección, cuidadosamente, para poder extraer muestras de la médula ósea.

Esa muestra, detalla, debería ser sometida a estudio en el “secuenciador de ADN”, un aparato que hace un año dejó de funcionar por falta de mantenimiento y que permanece a un costado del refrigerador de cocina.

Pero aún si ese aparato funcionara, el análisis de ADN no necesariamente podría realizarse porque las sustancias químicas con las que el secuenciador operaba caducaron antes de que éste se descompusiera, y nunca se renovaron.

Por eso, cuenta la especialista, su rutina diaria es tomar las muestras, introducirlas en un recipiente plástico y luego meterlas al refrigerador. Eso es todo lo que hacen las autoridades de Nayarit para identificar víctimas.

El área de Servicios Periciales de Nayarit carece prácticamente de todo, reconoce Gerardo Santana, director del área. Sus antecesores, denuncia, usaron el presupuesto en «compras ficticias, por las que hoy se están haciendo las denuncias respectivas».

En otros casos, detalla Santana, la Fiscalía adquirió costosos equipos especializados, pero nunca se pusieron en funcionamiento. Por uno solo de esos equipos se pagaron 17 millones de pesos en 2013, pero sólo ha servido para acumular polvo. Nunca fue siquiera conectado a la corriente eléctrica.

Se trata, sin embargo, de una práctica antigua. Hace 18 años, cuenta Santana, las autoridades de Nayarit adquirieron tres refrigeradores especiales para cuerpos, que nunca fueron usados y terminaron convertidos en chatarra. Hoy, dice, existe un plan para rescatar esos cacharros, lo único que falta es el dinero para la compostura.

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Eso es Nayarit.

Pero en el mapa mexicano de la investigación criminal, a la que se dedica esta segunda parte del reportaje, Nayarit no es una excepción, sino sólo un ejemplo de lo que se vive en prácticamente todas las entidades federativas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de abril pasado dejan ver, por ejemplo, que 20 estados del país carecen de un banco de información de residuos biológicos recuperados de escenas de crímenes, lo que impide rastrear la presencia de personas (víctimas o victimarios) en hechos delictivos que se cometieron en lugares diferentes o a lo largo de momentos distintos.

Además, siete entidades no cuentan con un banco de perfiles genéticos, por lo que no pueden identificar cadáveres a partir de reportes de personas desaparecidas o a criminales que dejan rastros con su ADN en los lugares donde delinquieron.

En 11 entidades aún no se pone en funcionamiento el sistema de identificación de cadáveres denominado Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), adquirido por el gobierno federal desde hace cinco años.

Otros tres estados no cuentan con una base de datos balísticos para analizar armas de fuego, casquillos u ojivas.

Y en 21 estados sigue sin operar el Sistema Integrado de Información Balística (Ibis), tecnología comprada por las autoridades federales desde hace seis años, para rastrear armamento implicado en delitos, dentro y fuera del país.

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Gabriel Gutiérrez González es agente del Ministerio Público del Estado de México, donde se registró una tasa de 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2017.

En esta entidad, reconoce Gabriel, «de cada diez homicidios, sólo en tres se logra integrar una carpeta de investigación y, por ende, judicializar”, es decir, presentar a un acusado ante el juez, para que decida su culpabilidad o inocencia.

Luego ejemplifica las carencias: «Partimos de no tener ni guantes para manipular indicios. Tampoco hay unidades para poderme mover y cuando hay unidades, no hay gasolina».

Los registros gubernamentales revelan que en el Estado de México, donde labora Gabriel, existe una patrulla de la Fiscalía por cada tres servidores públicos involucrados en la investigación de delitos. Y en otras 12 entidades del país, la relación es de una patrulla por cada cuatro elementos.

Existen casos extremos como Guerrero, donde la Fiscalía estatal cuenta con un patrulla por cada siete elementos involucrados en la cadena de investigación, o Coahuila, donde hay dos vehículos oficiales por cada 13 servidores públicos.

Según las estadísticas oficiales del INEGI, solo se “salvan” dos estados: Jalisco y Chihuahua. Ahí hay casi una patrulla por cada investigador, agente del Ministerio Público o perito.

Pero los números, insiste Gabriel, reflejan una realidad maquillada, porque no todas las unidades existentes en las fiscalías están, realmente, a disposición del personal encargado de investigar.

“Hay veces que en los operativos necesitamos las unidades –narra Gabriel–, pero es la secretaria del jefe quien trae la unidad, y con gasolina de sobra, porque a la otra unidad que existe en la agencia le quitaron la tarjeta de gasolina».

Esa otra patrulla está disponible para el personal de la agencia, pero quien quiera usarla debe pagar la gasolina de su bolsillo.

Por ello, lamenta, cada vez que ocurre un crimen dentro de su jurisdicción, se ve obligado a trasladarse en transporte público.

También deben resolver otra carencia, que ya han denunciado públicamente: los equipos de cómputo que usan son propiedad de los mismos servidores públicos, que deben gastar de su salario para comprarlo. A partir de esas denuncias, señala Gabriel, los mandos superiores «comenzaron a meter algunas computadoras nuevas y nos prohibieron que lleváramos nuestros equipos personales a trabajar».

Pero ahora, cuenta Gabriel, “hay que estar pidiéndole al compañero ‘oye, ¿me apoyas con la computadora? ¿Un rato tú y otro rato yo?’. Ahora hay más conflicto, porque tengo que esperar y compartir la computadora”.

Es por esta falta de insumos, afirma el agente del Ministerio Público, que el personal ha encontrado formas para simular las investigaciones, algo que en el argot policiaco se conoce como «informes de escritorio».

«Hay investigaciones –explica Gabriel– en las que, por falta de personal, herramientas, unidades o equipo de trabajo, como un chaleco táctico o un arma larga (para ingresar a zonas peligrosas), no se llevan a cabo. Se dan atrás del escritorio: me meto a una red social, verifico quién es la persona que estoy investigando, y veo que vive en tal lado».

Luego, «me meto a Google y verifico la dirección, agarro una foto de las que Google ya me hizo favor de tomar, y digo: ‘éste es el domicilio donde se encuentra la persona’, sin corroborarlo».

Se trata de prácticas injustificables, reconoce, pero la realidad se impone. “La agencia que yo encabezo no tiene un médico legista, no tiene un perito en criminalística, no tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada, carecemos de absolutamente todo.”

El resultado: el índice de impunidad en el Estado de México, para casos de asesinato, es de 97%.

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A los estados de Nayarit y Jalisco los hermana la vecindad geográfica, una historia común y también una violencia creciente: sólo en 2017, ambas entidades registraron, cada una, 300 asesinatos más que el año previo.

En el caso de Jalisco, eso representó un incremento de 20% en la violencia homicida en un solo año. En Nayarit el aumento fue de 747%.

Pero aún con estos aspectos en común, un abismo separa a estas dos entidades en materia de ciencia aplicada a la búsqueda de justicia: en Jalisco, cuando una persona es acusada de delinquir con un arma de fuego se usa un “microscopio electrónico de barrido”, equipo de alta tecnología que identifica rastros de bario y plomo, para determinar si la persona disparó.

Este equipo, explica Guillermina Sandoval, coordinadora del laboratorio de química del instituto forense de Jalisco, también toma una foto de esas partículas microscópicas, la que permite analizar su forma y distinguir si las generó un arma de fuego o algo completamente distinto.

En contraste, en Nayarit, el laboratorio de química de Servicios Periciales utiliza una «pistola” de luz, un aparato viejo que detecta rastros de bario y plomo, pero no distingue si fueron producidos por disparo o por contaminación ambiental.

Esa diferencia puede determinar que un inocente quede libre o vaya a prisión.

Según los registros oficiales, Jalisco, la Ciudad de México y Veracruz son los estados con más laboratorios al servicio de la persecución de delitos, especializados lo mismo en ciencias exactas como biología, química, genética, medicina, que en ciencias forenses, como balística, criminalística, toxicología, reconstrucción craneofacial o retrato hablado.

Los servicios periciales de la Ciudad de México cuentan con 30 especialidades, los de Veracruz con 27 y los de Jalisco con 26.

Pero los servicios periciales de otras 13 entidades del país sólo tienen laboratorios para cinco especialidades, o incluso menos. Hidalgo, de hecho, sólo reporta oficialmente la existencia de un laboratorio especializado.

Pero aún en los pocos estados que cuentan con tecnología de punta, como Jalisco, la Ciudad de México o Veracruz, ésta resulta insuficiente ante la demanda de servicios especializados que genera la escalada de la violencia en el país.

En Jalisco, por ejemplo, tienen un solo perito y un microscopio electrónico de barrido, cuando serían necesarios cinco microscopios y cinco expertos para investigar a las personas que cada día son acusadas de delitos con arma de fuego.

El presupuesto que cada entidad destina a la persecución de los delitos pone en evidencia las grandes diferencias entre estados, en cuanto a recursos materiales disponibles.

Si, por ejemplo, todo el presupuesto destinado en 2017 a servicios periciales se dividiera entre el número de asesinatos ocurridos durante ese mismo año en cada entidad, el promedio de recursos disponibles por cada caso sería de 1 millón 101 mil pesos en Yucatán, donde la tasa de asesinatos es de dos casos por cada 100 mil habitantes; pero en Guerrero —donde la tasa de asesinatos fue en 2017 de 64 casos por cada 100 mil habitantes— el presupuesto sólo alcanzaría para destinar 4 mil 732 pesos a cada investigación pericial.

En Oaxaca, con una tasa de 22 asesinatos por cada 100 mil personas, el presupuesto pericial sería de 5 mil 301 pesos por caso y en Tamaulipas de 7 mil 210 pesos.

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Sólo entre 2010 y 2014 en el país fueron recuperados al menos mil 381 cuerpos ocultos en fosas clandestinas, tal como registra el estudio «Violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México», publicado en 2017 por la Universidad Iberoamericana.

En la gran mayoría de esos casos, destaca un perito del área de homicidios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México —cuyo nombre se resguarda por seguridad—, esos crímenes contra personas no identificadas nunca se investigan, ya que el inicio de la averiguación es el reconocimiento de la víctima.

Cuando se tiene un homicidio en el que no se sabe el nombre de la víctima, «ese caso se archiva y sólo se reabre si alguien reconoce a esa persona.»

En México, existen al menos 35 mil cuerpos de personas sin identificar, que están almacenados en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes que la autoridad opera en cada estado del país, según datos que difundió en abril de 2018 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez.

Es decir, 35 mil muertes sin investigar.

Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que en México se han acumulado al menos 38 mil 435 casos de desaparición.

Por ello, el funcionario de Gobernación se comprometió en abril pasado, ante familiares de víctimas, a realizar un cruce de la información con la que se cuenta, tanto de cuerpos no identificados, como de personas desaparecidas, con lo que «seguramente habrá una cantidad importante de coincidencias», garantizó.

Lo que no reconoció fue que desde hace cinco años el gobierno mexicano adquirió la tecnología para realizar ese cruce de datos, sin que hasta la fecha se haya emprendido el proceso de forma cabal.

Reportes proporcionados por la Procuraduría General de la República revelan que, de las 32 entidades del país, sólo tres han agregado información al sistema denominado Ante Mortem / Post Mortem (AM/PM), adquirido desde 2013.

Según esos reportes, en cinco años sólo se ha tomado una muestra genética a 556 cuerpos no identificados —de los 35 mil que reconocen las autoridades—, para contrastarlas con muestras de personas desaparecidas.

Peor aún: de las más de 38 mil familias que han reportado la desaparición de un integrante, la autoridad sólo ha tomado muestra a 2 mil 895 para ingresarlas al sistema AM/PM y compararlas con cuerpos no identificados.

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En un laboratorio de genética, explica Karen, la encargada de esta área especializada en los Servicios Perciales de Nayarit, una gota de saliva, una mota de polvo, la partícula más insignificante puede contaminar las muestras de ADN y volverlas inútiles. En su caso, sin embargo, las herramientas con las que cuenta para prevenir este riesgo son mínimas: un par de guantes de látex y un cubrebocas.

Pero el riesgo de contaminación, subraya, no es sólo para las muestras de ADN, sino para los encargados de manipularlas. “Nosotros tomamos muestras de sangre, sin saber si la persona tiene alguna enfermedad”.

El fémur humano que Karen ha estado manipulando proviene de una fosa en cuyo fondo se encharcaron los fluidos corporales de todas las personas ahí enterradas.

“A mí me impactó mucho ver la manera en la que trabajan los compañeros peritos —señala Gerardo Santana, llegado al cargo apenas en octubre de 2017—, a veces hay caldos donde se concentra todo el líquido de los cuerpos amontonados, se juntan en la parte de debajo de las fosas y son líquidos y fluidos que perjudican (la salud). Si la gente los pudiera ver trabajar, con su salario no muy decoroso, pero con la camisa bien puesta, las personas dirían ‘yo, por ese sueldo, no haría ese trabajo’”.

Sin recursos y sin experiencia, víctimas se convierten en investigadores

Filiberto es un exmilitar, excatequista y exinstructor de zumba, capturado en 2014 por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Elionahe Chávez Rivera, una joven de 32 años, y de otras cuatro niñas y adolescentes, todas del municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

La captura de Filiberto fue producto de una investigación exhaustiva, pero no de las autoridades, sino de la familia de Elionahe.

El ministerio público, en cambio, siempre puso de pretexto la “falta de recursos” para realizar diligencias de búsqueda.

La familia tuvo que realizar su propia indagatoria e incluso contrató a un detective privado que consiguió la relación de llamadas telefónicas y mensajes de texto con los que el sospechoso acosaba a su víctima.

La familia de Elionahe también recabó videos de cámaras de vigilancia en donde se ve a Filiberto asechando el centro de trabajo de Elionahe y solo entonces las autoridades de San Luis Potosí decidieron capturarlo.

Ya detenido, Filiberto confesó el homicidio de Elionahe y de otras cuatro mujeres. Luego se retractó de esa confesión y alegó que fue torturado, pero en su primera declaración dijo dónde había depositado los cuerpos de sus víctimas y ahí los encontraron.

Por cierto, la localización de los cuerpos tampoco la realizó la Procuraduría estatal, sino nuevamente las familias de las jóvenes asesinadas.

«La autoridad les dijo ‘vayan a ver si lo que está diciendo Filiberto es cierto’ y sí, las familias fueron a esos lugares y le confirmaron a la autoridad que ahí había restos», cuenta el abogado David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humano que da acompañamiento a la familia de las víctimas.

Cuando las familias intervienen en la investigación, subraya el abogado, los casos avanzan, a pesar de la carencia absoluta de herramientas que tienen.

Sin embargo, cuando la autoridad interviene, la investigación se entorpece.

Un ejemplo: cuando la Procuraduría estatal acudió por los restos ubicados en Tamuín, sólo recogió algunos huesos, y el resto los dejó por presencia de “lodo”, tal como reportó el agente del Ministerio Público, Antonio Ortega Hernández, encargado de la diligencia.

Las autoridades tardaron dos años en volver al sitio y, cuando llegaron ya no encontraron nada.

También con el argumento de falta de instalaciones, la autoridad ha perdido las pocas evidencias que sí se lograron recuperar.

«La Procuraduría de San Luis Potosí no tiene un lugar adecuado para preservar la evidencia –asegura Peña– y entonces, cuando encuentran el cuerpo de Elionahe, su ropa la entregan a la familia, sin haberle practicado ningún estudio. Esa evidencia era fundamental para saber en qué lugares estuvo la víctima antes de ser asesinada, pudo haber fluidos del atacante, particularidades de la tierra, pintura… pero como la Procuraduría no resguardó la evidencia, se perdió».

En el caso de otra de las víctimas de Filiberto, menor de edad, la autoridad recuperó seis huesos. Incineró cinco, sin consultarlo con nadie, y preservó uno para “investigar”. Luego perdieron el único hueso que habían guardado.

Con otra de las víctimas del mismo caso, su cuerpo fue encontrado cubierto con una colchoneta. La autoridad no hizo ningún estudio a la colchoneta y terminó pudriéndose.

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En noviembre de 2017, autoridades de Sinaloa recuperaron un cuerpo femenino de una fosa clandestina excavada en un llano, detrás del Hospital de la Mujer de Culiacán.

Tal como consta en los registros fotográficos del momento, el cadáver lo procesó personal de una funeraria privada, no peritos médicos o antropólogos forenses.

La explicación: en esta ciudad, capital del estado, no hay personal ni equipo suficiente para levantar todos los cadáveres que la violencia del crimen organizado va dejando.

«El levantamiento del cuerpo ni siquiera lo hacen los peritos o los de la Fiscalía de Homicidios, aunque estén ahí: lo hace personal de funerarias. Ellos son los que arrancan los cuerpos del suelo», explica María Isabel Cruz, mamá de Yosimar García Cruz —un policía sinaloense desaparecido—, y fundadora del grupo estatal de familias buscadoras Sabuesos Guerreras.

Juan Carlos Saavedra, hermano de José Antonio, otro policía sinaloense desaparecido, precisa el hecho: «Cuando llegan (los de las funerarias), literalmente arrancan un pie o una mano con las palas, y eso no se hace».

Debido a estos procedimientos, detalla Juan Carlos, paramédico de profesión, se alteran los resultados de las posteriores necropsias que se hacen a las víctimas, ya que a los cuerpos se les añaden nuevas lesiones y, como el personal de las funerarias no está capacitado, generan que las evidencias se contaminen, se pierdan o abandonen.

En marzo de 2018, el grupo Sabuesos Guerreras recuperó una cabellera de mujer, aún atada con una cinta, así como una vértebra humana, del mismo llano ubicado detrás del Hospital de la Mujer de Culiacán en el que meses antes fue hallado el cadáver de una mujer.

Hasta el momento no se sabe si la cabellera y la vértebra pertenecen a la víctima encontrada previamente o a otra persona. Pero en cualquiera de los dos casos, subrayan las familias de desaparecidos, se trata de evidencia abandonada por la autoridad que nunca llegó al laboratorio o a la carpeta de investigación.

La hipótesis oficial, no obstante, es otra: «ese es un lugar donde tiran basura. Entonces, puede ser que algún estilista cortó ese cabello y lo tiró ahí», según Marco Antonio Hernández Avilés, director de la Policía de Investigación de Sinaloa.

Esa versión no se sustenta en ningún examen pericial.

Sólo entre 2010 y 2014, en México fueron recuperados —además de cadáveres— al menos 5 mil 272 «restos humanos», es decir, fragmentos de cuerpos y huesos de 372 fosas clandestinas, según el estudio de la Universidad Iberoamericana publicado en 2017.

Pero es imposible saber a cuántos cuerpos pertenecen, porque no se hacen peritajes.

Y los fragmentos se acumulan. El grupo Sabuesos Guerreras recuperó 5 mil 217 fragmentos de huesos humanos apenas el 11 de junio de 2018.

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Desde hace cinco años, Mónica Orozco busca a su hijo Ulises, un joven desaparecido del que se supo por última vez cuando fue atacado por el personal de seguridad privada de un concierto al que acudió en el estado de Hidalgo, según se documentó en video.

Cuando Mónica pidió al Ministerio Público de Hidalgo que buscara en las minas cercanas a la zona del concierto para ver si estaba el cuerpo de su hijo, un policía de investigación le dijo que “si el cuerpo de mi hijo estuviera ahí, que dejara que lo sacaran los perros”

“En la vida se me va a olvidar», dice.

Mónica reparte desde entonces carteles con la foto de su hijo y acude a los servicios forenses del país para buscar a Ulises.

El 15 de febrero de 2018, Mónica y otras dos madres de personas desaparecidas —una en el Estado de México y otra en la Ciudad de México— obtuvieron acceso al Forense de Morelos, el mismo que en 2010 excavó clandestinamente una fosa en el municipio de Tetelcingo, donde por más de tres años mantuvo ocultos un centenar de cadáveres, «como basura».

El área denominada «Identificación Humana», donde Mónica y las otras dos mamás fueron recibidas, es una oficina pequeña. Sus escritorios están adornados con cráneos de cerámica y encima de un archivero reposa una taza de café con un emblema nazi. De la puerta cuelga una bata manchada de sangre.

En ese escenario, la encargada del área les dijo que, a tres años del escándalo de Tetelcingo, todo el sistema para procesar restos humanos en Morelos ha sido modernizado, pero sólo hay información generada a partir de 2015. Los hijos de las tres mujeres desaparecieron entre 2010 y 2014.

«Les soy honesta –les explicó la funcionaria–: antes de 2015, la Unidad de Identificación Humana no existía, era distinta la forma de trabajar y no tenemos nada de los cuerpos encontrados antes de ese año. Los cuerpos de Tetelcingo pertenecen a esa época, pero aún no tenemos el catálogo completo».

Aún así, la funcionaria les tomó sus datos personales y los de sus hijos desaparecidos y les prometió integrarlos al expediente de personas desaparecidas.

Sin embargo, para las madres no pasa desapercibido que en la oficina de “Identificación Humana” la carpeta en la que se guardan todos los reportes de personas desaparecidas reposan, literalmente, junto al bote de basura.

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