Imagen tomada de Animal Político

José Ignacio de Alba | Pie de Página

El 28 de enero, cinco días después de ser detenido ilegalmente y desaparecido por policías de la Ciudad de México, Marco Antonio Sánchez fue hallado en el Estado de México desorientado y golpeado; 73 días después, el joven sigue hospitalizado y la policía no ha sido investigada.

Frente a la omisión de las autoridades de la capital del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, pidió al gobierno mexicano medidas cautelares para el menor. La situación, señala el organismo, es de “gravedad y urgencia”.

El joven de 17 años sigue hospitalizado, pero a sus familiares se les niega el acceso al expediente. La CIDH señala que al menor se le podrían estar suministrando fármacos que dañan su salud. El joven está internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el sur de la Ciudad de México.

«Yo creo que al chamaco le metieron algo para que no cuente lo que le hicieron» dice Edith Flores, madre de Marco Antonio.

En la Medida Cautelar 48-18 –vinculante para el Estado mexicano- emitida el 2 de abril, la Comisión señala que Marco Antonio está “en riesgo de sufrir un daño irreparable, por lo que ordenó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias” para preservar sus derecho a la vida y a la integridad personal.

Además, alerta sobre la difusión de datos personales e información que estigmatiza a Marco Antonio, vinculándolo con el consumo de drogas y con problemas psiquiátricos previos a su desaparición. Cosas que no han sido demostradas por las autoridades de la Ciudad de México.

Diversas organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Defensoría por los Derechos de la Infancia hicieron un llamado a las autoridades capitalinas a ser objetivos e imparciales en las investigaciones sobre la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez.

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