#TengoDerechoASaber

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El 28 de septiembre de 2002 activistas de la libertad de información acordaron declarar esa fecha como Día Internacional del Derecho a Saber

Por Lado B @ladobemx

29 de septiembre, 2017

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Al Sistema Nacional de Transparencia:

En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber emitimos este pronunciamiento.

El 28 de septiembre de 2002 activistas de la libertad de información, provenientes de 15 países, reunidos en Sofía, Bulgaria, acordaron declarar esa fecha como Día Internacional del Derecho a Saber. Un año antes se aprobó en México la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, iniciando un intenso proceso legislativo en la materia que ha derivado en reformas constitucionales, en la creación de una ley general y en mejores leyes en todo el país.

El derecho de acceso a la información pública (DAIP) ha demostrado ser una poderosa herramienta multifuncional que puede contribuir no sólo al combate a la corrupción y a saber en qué gastan los gobiernos nuestros impuestos, sino también, cuando se cuenta con las capacidades necesarias, a lograr condiciones dignas de vida para individuos y comunidades, en una amplísima diversidad de aplicaciones.

Si los titulares –todas las personas– del DAIP en el país estuviéramos agrupados atrás de la línea de salida de un gran maratón para el uso y aprovechamiento de este derecho, a quince años del disparo de salida la inmensa mayoría de esas personas aún estaría en la misma posición, sin haber avanzado un solo paso. Mientras que un pequeño grupo de individuos habría avanzado cientos o miles de pasos.

En el marco de la 3ª Conferencia Internacional de Comisionados y Comisionadas de Acceso a la Información, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en febrero de 2005, diversas organizaciones de la sociedad civil emitieron la “Declaración de Cancún. Transparencia y Rendición de Cuentas: un Compromiso con la Democracia”. En ella expresaron que “El derecho de acceso a la información no tiene sentido si las personas no pueden utilizar esta información para mejorar sus condiciones de vida. Es fundamental que el acceso a la información deje de pertenecer a las elites, y se convierta en un elemento cotidiano de la democracia participativa y esquemas más equitativos de desarrollo y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

Los comentarios y guía de implementación para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información dejan en claro para el Estado que “además de las campañas para incrementar la toma de conciencia del público en general, las capacitaciones específicas deberán procurar focalizar los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El Proyecto IFAI-Comunidades (2005-2007) demostró la gran utilidad que el DAIP puede significar para grupos marginados o vulnerables si cuentan con la asesoría o gestoría necesaria y los medios adecuados para usar y aprovechar este derecho.

Esfuerzos desarrollados por diversas organizaciones ciudadanas, como Artículo 19, FUNDAR y el Programa Transparencia para Tod@s, muestran la necesidad de trascender la difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública para que las personas alcancen el nivel de su aprovechamiento, a través de la formación de usuarios y del acompañamiento necesario. Lo cual les facilita la exigibilidad de sus demás derechos y la autogestión de mejoras personales, familiares o comunales.

Después de década y media de contar con este derecho y de disponer ahora de la mejor ley de acceso a la información del mundo, es necesario darle sentido a estos avances traduciéndolos en beneficios concretos y pertinentes para todos los sectores de la población, a través de un plan nacional integral de socialización orientado a que el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública llegue a estar al alcance de cualquier persona. Y pasar de ser meros derechohabientes a ser sus beneficiarios.

Entre otras acciones, dicho plan debe:

Generar y difundir productos comunicativos que muestren y demuestren, a partir de casos reales, variados usos y utilidades del derecho de acceso a la información pública para integrantes de diferentes grupos sociales.

Generar programas permanentes de formación de usuarios, multiplicadores y gestores para ampliar y diversificar el núcleo de beneficiarios del derecho de acceso a la información pública.

Generar estrategias diferenciadas, adecuadas a las condiciones de múltiples contextos sociales, para que toda persona tenga a su alcance los medios apropiados a sus posibilidades para ejercer y aprovechar este derecho.

De prevalecer el actual modelo de socialización del DAIP, no sólo se incrementarán las ventajas sociales entre quienes pueden aprovechar este derecho y quienes no, lo más grave será que millones de personas en nuestro país jamás en su vida avanzarán un solo paso en el sendero de este derecho humano por carecer de capacidades o mecanismos adecuados para poder aprovecharlo.

Lo peor que nos podría suceder en 15 o 30 años es que normalicemos el hecho de que el uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública siga siendo privilegio de un reducido grupo de personas.

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