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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Aunque Manuel Castro nació en Puebla casi no conoce a nadie aquí. Es más, casi no conoce a nadie en México ni sabe cómo funciona el sistema del país porque a los cuatro años sus padres se lo llevaron a Estados Unidos y ahí hizo su vida, forjó su identidad, estudió. Ahora, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos deja en la incertidumbre su permanencia en ese país, y sabe además que tampoco tiene muchas oportunidades en este lado de la frontera.

Manuel es uno de los diez jóvenes que cuentan su historia en un salón de la Escuela de Artes Plásticas de la BUAP el miércoles 4 de enero de 2017, y es uno de los 1.3 millones de dreamers mexicanos que se estima hay en EU: jóvenes que nacieron aquí pero que desde muy pequeños fueron llevados al país del norte, donde han crecido y estudiado sin papeles que acrediten su residencia legal.

De pie en el salón, frente a medios, estudiantes y profesores, Manuel Castro explica que en 2010 se impulsó el “Dream Act” o la “Ley Dream” que busca su estancia legal porque ellos quieren trabajar, quedarse en Estados Unidos y no ser deportados. Y aunque se estima que 560 mil jóvenes mexicanos han conseguido el beneficio de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que les permite salir y volver a entrar a la nación estadunidense por tres razones: educación, trabajo y por causas humanitarias, no les garantiza la estancia permanente.

Su visita en Puebla –donde tres de los diez jóvenes nacieron– tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. “Estamos aquí porque el clima político en Estados Unidos está cambiando”, dicen con un español marcado por el acento gringo.

Marco Antonio Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam), quien recibe a los paisanos deportados, opina que el gobierno tiene una respuesta tibia ante la problemática. En las reuniones que han tenido con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo único que el gobierno ha dejado claro es que ellos no quieren tomar una posición defensiva hasta que no quede clara la postura del nuevo presidente. “Esto es retardado en todos los sentidos y es además negligente, y va a encontrar por supuesto una visión de derechos preventiva”, dice.

[pull_quote_right]En lo que se refiere a reinserción social, certificación de estudios, certificaciones de habilidades, ya no se diga conseguir una vivienda, no puedes conseguir un aval, son cosas que el gobierno no ofrece. Hoy revalidar un estudio puede tardarse hasta un año, en apostillar un documento. El escenario es que la mayoría de las personas deportadas tendrían acceso a llegar a sus comunidades y párale de contar.[/pull_quote_right]

Ibary Escamilla, otras de las dreamers de visita en Puebla, nació en San Jerónimo Xayacatlán, en la mixteca poblana. De pequeña también se fue a Estados Unidos y en este viaje, después de 18 años, conoció a sus abuelos. Ella relata cómo una de sus amigas viajó a México y no pudo regresar a EU, entonces se quedó en San Jerónimo donde no tuvo ninguna oportunidad para que lo que estudió allá tuviera alguna validez. Fue como empezar de cero.

Adriana Sletza, académica de la BUAP experta en Migración, explica en entrevista que el panorama es complicado para estos jóvenes, porque el único programa que les ayuda es el DACA, y su renovación no es segura.

Gonzalo Mercado, director de la organización La Colmena, dedicada a hacer vínculos entre ambos países y trabajar con dreamers, dice que actualmente no están haciendo nuevas aplicaciones para DACA hasta que haya certeza de la política que en ese sentido implemente Donald Trump.

Lo que organizaciones como La Colmena están haciendo es generar solidaridad en las universidades, para que las instituciones en México sean más receptivas en caso de deportación de dreamers, y se agilicen la validación de sus estudios.

Cuestionado sobre el tema Marco Antonio Castillo, de la APOFAM, lamenta también la falta de programas y la extensa burocracia. “En lo que se refiere a reinserción social, certificación de estudios, certificaciones de habilidades, ya no se diga conseguir una vivienda, no puedes conseguir un aval, son cosas que el gobierno no ofrece. Hoy revalidar un estudio puede tardarse hasta un año, en apostillar un documento. El escenario es que la mayoría de las personas deportadas tendrían acceso a llegar a sus comunidades y párale de contar.”

Tampoco las autoridades de Puebla tienen una política concreta tomando en cuenta a los miles de dreamers que podrían regresar al estado en los próximos años. “Ahorita como hay transición, no se está considerando el tema, por eso varios de los líderes migrantes que están trayendo a estos grupos de jóvenes están tratando de incluir este tema en la agenda del nuevo gobierno”, dice Sletza.

La Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos tiene en su página oficial en el apartado de “apoyo a migrantes” las opciones de ayuda en documentación, protección y programas, pero en realidad sólo sugieren al migrante acudir al consulado mexicano en EU 

El único programa que contempla el regreso en caso de deportación es el de Desarrollo Integral y Reinserción de Migrantes Poblanos (DIRMP), a través del cual se les canaliza “con el área de seguro social, con el área de trabajo, el servicio nacional de empleo, Sedesol o dependiendo de las necesidades (…). El DIRMP trabaja con diversas dependencias, nosotros fungimos como canalizadores”.