“Ecodespistados”

Los pueblos indígenas del mundo tienen posiciones encontradas sobre su participación en estas conferencias.

Ramiro Batzin Chojoc, coordinador del FIIB, guatematelco e integrante de la nación maya, defiende su presencia en estos foros con el argumento de que se han conseguido instrumentos para la defensa jurídica de los recursos y conocimientos indígenas, como el Protocolo de Nagoya, en el que se dice que el acceso a los bienes naturales debe ser con consentimiento libre, previo e informado.

– Pero no se respeta, llegan a las comunidades sin consentimiento…

– Sí, claro, estamos convencidos que lo que quieren ellos es que se avale lo que han hecho, por lo que esto es una lucha permanente y aquí hay que estar para darla.

Otros, que no están aquí, consideran el Protocolo de Nagoya como una especie de tratado de libre comercio y a los negociadores, unos “vende pueblos”. O “ecodespistados”, como los define el Consejo de Autoridades Agrarias de La Montaña de Guerrero -al sur de México-, donde participan 20 núcleos de pueblos nahuas, me pháá y na savi que se negaron a entrar a los esquemas de pago por servicios ambientales.

Estos servicios son parte de la economía verde, que otorga pagos a los indígenas por el cuidado de su propio territorio, y que luego ciñe a una especie de contrato en el que a los pobladores les restringen el acceso a sus propios recursos.

“Esa es la trampa y muy perversa, por cierto”, afirma Alberto Chan Dzu, del Consorcio ICCA, una organización internacional sobre áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.

En realidad, los delegados en el FIIB no pueden vender nada, porque no forman parte de la negociación; sólo los Estados son parte del Convenio y los demás delegados únicamente pueden emitir recomendaciones. Es decir, los pueblos originarios que participan tienen derecho a hablar, y hablan, pero la Conferencia es un monólogo entre ricos, o más bien, un diálogo de sordos entre ricos y pobres, entre usuarios y poseedores.

Un hecho cierto es que, con o sin Protocolo de Nagoya –documento que establece cómo debe ser el acceso a los recursos y el reparto de los beneficios- los poderosos ya han accedido y nunca han pagado por ello.

En la COP de este año se presentaron dos ejemplos: el de la multinacional Coca Cola, que ha obteniendo millones por la bebida “Life”, endulzada con Stevia, una planta de la nación Guaraní. Y el de la empresa francesa de cosméticos Clarins, que patentó una crema que contiene harungana, un árbol de los pueblos de África.

Con todo y el Protocolo de Nagoya, ni Coca Cola ni Clarins han querido repartir los beneficios económicos. Coca Cola se ha negado, incluso, a iniciar una negociación con los guaraníes, y Clarins insiste en llamar “comercio justo” a pagar a los recolectores 2 dólares por kilo de hojas secas de harungana, mientras vende el ingrediente activo a 7 mil dólares por kilo.

Visiones locales, oportunismo y negocios

Tres organizaciones ambientalistas internacionales -Greenpeace, la Alianza Mesoamericana de los Pueblos por el Bosque y la Coordinadora Indígena de la Cuenca del Amazonas (Coica)- reunieron a 160 kayaquistas y otras 50 organizaciones pro ambientalistas del mundo en la acción llamada Canoa Global, que se ha hecho en otras cumbres.

En Cancún, la Canoa quiso visibilizar la lucha por los manglares, un ecosistema amenazado por los desarrolladores turísticos, como el manglar Tajamar, arrasado en junio de 2015 y en enero de 2016.

Los remeros salieron de la laguna Nichupté a las ocho y media de la mañana rumbo al manglar Tajamar en un recorrido de cerca de 40 minutos. Desde el agua, lanzaron consignas contra los destructores del manglar. Luego regresaron al punto de inicio. Algunos esperaban fiesta en el manglar Tajamar, que poco a poco se recupera de la perturbación, donde las organizaciones internacionales querían hacer un concierto. Pero se toparon con la oposición de los grupos locales.

Una de ellas fue Katherine Ender Córdoba, de Guardianes del Manglar Cancún, una organización que surgió cuando se devastaron más de 50 hectáreas del ecosistema.

Katherine ha vendido su Seat amarillo, su vocho viejo y abandonó sus estudios de derecho para defender el manglar Tajamar. Su organización ganó la tutela legal del área, luego de patrocinar una lluvia de amparos contra los grupos empresariales que querían devastar el manglar. Por esos amparos la autoridad federal suspendió las obras. Ahora, Katherine llama oportunistas a las organizaciones ecologistas que vienen a la COP.

Un ambientalista genuino, dice, debe conocer que significa un concierto aquí. Pero un oportunista ambiental ni idea tiene. “Eso son los que están en la COP oportunistas que buscan los financiamientos que aportan los que quieren los recursos naturales”.

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La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se realizó en 1972, aunque fue a partir de la década de los 90 que la preocupación de los países por el medio ambiente se intensificó; sin embargo, después de 20 años de conferencias los resultados son pobres: de 1990 a la fecha se han perdido 129 millones de hectáreas de bosque una superficie equivalente a la de Sudáfrica según un reciente informe hecho por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La mayoría de los ríos de América, África y Asia están contaminados por el aumento de la población, por la intensificación de las actividades económicas, la expansión de la agricultura. Y se calcula que el 30 por ciento de las especies de flora y fauna en el mundo están amenazadas por el cambio climático, de acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

“No, no es el cuidado de la biodiversidad lo que nos convoca aquí”, resume decepcionado Marciano Silva, de la organización brasileña Vía Campesina. “Vivimos todos una ilusión: la mayoría no somos capaces de ver más allá de nuestras narices, la gente no viene aquí a hablar de biodiversidad, viene aquí a hablar de negocios. Es el negocio de unos cuantos lo que nos tiene aquí”.